El destino del Poder Judicial de Venezuela quedó hoy en manos de una comisión de emergencia nombrada por la Asamblea Constituyente, que tiene sólo 20 días para evaluar una zona oscura de la administración del Estado.
Unos 3.000 funcionarios judiciales tienen abiertos expedientes por presuntas irregularidades, la Corte Suprema acumula 5.000 expedientes acumulados y hay 13.000 presos sin sentencia.
La Asamblea Constituyente, donde se han reiterado acusaciones de corrupción, retraso procesal, ineficiencia y desconfianza contra este poder del Estado, declaró la emergencia judicial este jueves por considerar que las dimensiones de la crisis requieren acciones urgentes, que no pueden esperar a la nueva Constitución.
Los 131 miembros de la Asamblea tienen un plazo de seis meses para concluir la redacción de la nueva Constitución, que reemplazará a la vigente desde 1961.
"Es necesario limpiar el Poder Judicial desde el comienzo, no podemos esperar a la Constitución", advirtió el presidente de la comisión de emergencia, Manuel Quijada, quien calificó a Venezuela como uno de los países más injustos del mundo.
La elección de la comisión de emergencia judicial convocada para este viernes fue precedida por una semana de intensos y agotadores debates sobre los alcances de la medida y el poder que puede ejercer la Asamblea.
El decreto definitivo establece un plazo de 20 días, considerado escaso por algunos observadores políticos, con el fin de evaluar a la Corte Suprema y el Consejo de la Judicatura que administra los juzgados, para someterla a consideración de los constituyentes.
Después de esa evaluación, la comisión continuará con la reorganización del Poder Judicial mientras se mantenga la vigencia de la Asamblea Constituyente.
Una evaluación negativa podría generar una intervención de los máximos órganos del Poder Judicial, aunque las tendencias más moderadas consideran posible una "cohabitación".
El presidente de la Asamblea Constituyente, Luis Miquilena, pidió serenidad en el debate sobre la emergencia judicial, pero también fue contundente al afirmar que si la Corte Suprema obstaculiza el trabajo constituyente no vacilarán en eliminarla.
Apenas instalada, el 3 de agosto, la Asamblea se declaró "originaria", lo cual le permitiría destituir a los miembros de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Pero Quijada aseguró que esperan colaborar con organismos judiciales. "No tenemos interés en crear problemas, sino en solucionarlos", añadió.
La comisión de emergencia judicial quedó integrada por cuatro constituyentes y cinco representantes de la sociedad civil, quienes además de evaluar a los organismos judiciales deberán elaborar un plan para investigar y seleccionar a los jueces.
Los constituyentes pretenden aplicar por primera vez seleccionar por concurso público a los magistrados venezolanos.
Y, además, tienen la titánica tarea de "intervenir el sistema penitenciario", aunque no se han precisado los alcances de una medida que apuntaría hacia escabrosas cárceles donde se violan los derechos humanos.
De acuerdo con cifras del Ministerio de Justicia, las 13.000 personas presas que aún esperan sentencia contrastan con las 10.400 que ya recibieron una definición de los tribunales.
Los órganos de justicia, entretanto, han reaccionado con cautela. La presidenta de la Corte Suprema, Cecilia Sosa, manifestó que se mantendrá a la espera del "desarrollo de los acontecimientos".
Sosa, quien estuvo de acuerdo con la necesidad de actuar sobre el Poder Judicial, se ganó las críticas de constituyentes tras negar las atribuciones de la Asamblea para disolver organismos y anunciar que ella permanecería en su cargo hasta la llegada de una nueva Constitución.
Por su parte, la presidenta del Consejo de la Judicatura, Gisela Parra, expresó su esperanza en que la evaluación no se convierta "en una cacería de brujas" y pidió reforzar la autonomía e independencia del Poder Judicial.
La Asamblea Constituyente venezolana tiene previsto analizar medidas relacionadas con los poderes Ejecutivo y Legislativo en las próximas semanas, pero está claro que son escenarios distintos al de la justicia.
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, fue ratificado por la Asamblea, mientras que el Congreso optó por declarar su receso e incluso facilitó sus dependencias para uso de los constituyentes.
Las acciones de la Asamblea Constituyente están enmarcadas en un decreto para la reorganización de los poderes públicos, aprobado la semana pasada. (FIN/IPS/lc/ag/ip/99
