La reorganización de los poderes públicos de Venezuela dispuesta por la Asamblea Constituyente puso fin a una agitada semana de definiciones políticas y despejó el camino para iniciar el trabajo constitucional.
La Asamblea decidió cambiar la semántica a las insistentes propuestas de declarar una "emergencia nacional", tras una larguísima jornada de debate durante la cual se consideró inconveniente utilizar ese término.
Las 21 comisiones de trabajo constitucional, que abordarán por separado cada uno de los temas vinculados a la redefinición del país, comenzaron a instalarse este viernes, con la misión de comenzar el trabajo el lunes.
El decreto constituyente, aprobado la noche del jueves, establece que la Asamblea dispondrá "la intervención, modificación o suspensión de los órganos del Poder Público que así considere, con el fin de recuperar el Estado de derecho, la estabilidad y el orden".
Todo esto para "reconstruir la República en el marco de los valores democráticos". El debate de nueve horas terminó con un voto casi unánime a favor del decreto.
La propuesta de declarar la emergencia nacional fue cuestionada por el constituyente independiente Allan Brewer, quien destacó que internacionalmente, ese término implica un estado de excepción con graves consecuencias.
Brewer advirtió que un pronunciamiento semejante daría una señal equívoca al resto del mundo. Otros asambleístas se sumaron al cuestionamiento de la declaración de emergencia, que había sido dada como un hecho en días anteriores.
La declaración de emergencia de los poderes públicos fue solicitada por el presidente Hugo Chávez y era promovida por delegados del oficialista Polo Patriótico, quienes sin embargo, se unieron al voto por la reorganización.
La reorganización prevista fue justificada por el colapso de los poderes, que "mantiene a la mayoría de la población en un inaceptable estado de empobrecimiento", y sería complementada la próxima semana por disposiciones para definir las acciones a seguir.
Según se ha adelantado, está contemplada la declaración de emergencia del Poder Judicial, y evaluaciones sobre el funcionamiento del Legislativo, que ahora está en receso, y del Ejecutivo, incluyendo gobernaciones y alcaldías.
El Polo Patriótico obtuvo en las elecciones del 25 de julio 121 de los 131 escaños de la Asamblea Constituyente, que al instalarse el 2 de este mes se proclamó "originaria". Es decir, con facultades para intervenir o disolver los poderes del Estado.
Las primeras sesiones de trabajo estuvieron dedicadas a definir el reglamento interno de la Constituyente, incluyendo el horario de trabajo y el salario de los asambleístas.
Los integrantes de la Asamblea trabajarán todos los días de la semana y deberán garantizar dedicación exclusiva a preparar la nueva Constitución, declinando cualquier otra oferta de trabajo, aunque sea circunstancial.
Las sesiones plenarias, ámbito de los grandes debates y de las decisiones, se realizarán los martes, miércoles y jueves.
La Asamblea Constituyente tiene seis meses para redactar la nueva Constitución, pero Chávez ha pedido públicamente que apresure su trabajo para terminarlo antes de fin de año.
Más allá de los trabajos de reorganización que efectúe la Asamblea en las próximas semanas, la nueva Constitución podría implicar cambios importantes para los poderes públicos.
Algunas de las propuestas conocidas hasta el momento contemplan la reelección residencial, transformar el Congreso bicameral en unicameral, disponer la eleccion de jueces en vez de la designación, y fusionar la Fiscalía con la Contraloría en un nuevo "poder moral". (FIN/IPS/lc/ff/ip la/99
