Los disturbios y la tensión política que sacudieron hoy la capital de Venezuela fueron desactivados con mediación de la Iglesia Católica, pero aún no está firmada la paz entre el Congreso y la Asamblea Constituyente.
La Conferencia Episcopal venezolana informó que, después de horas de negociaciones, logró un compromiso para el dialogo entre las dos partes, enfrentadas en torno de la decisión de los constituyentes de reorganizar los poderes públicos.
Pero se trata sólo del inicio de negociaciones, a partir del próximo lunes, y no necesariamente de acuerdos definitivos entre el Congreso dominado por la oposición y la Constituyente con mayoría oficialista.
Cientos de personas protagonizaron este viernes por la mañana choques en torno del edificio del Congreso, mientras algunos parlamentarios trataban de saltar la reja para ingresar al recinto y el centro de Caracas permanecía envuelto en una nube de gas lacrimógeno.
Entretanto, los partidos políticos estaban atrincherados y centenares de policías vigilaban las calles.
La tensión comenzó el martes, cuando una Comisión Delegada del parlamento rompió un acuerdo con la Asamblea Constituyente para mantener al Congreso en receso al menos hasta octubre, y convocó a una sesión bicameral para este viernes, con el fin de analizar la reorganización de poderes.
La Asamblea consideró esa convocatoria una provocación y el miércoles emitió un decreto para la reorganización legislativa, que no sólo prorrogó el receso del parlamento, sino que también suspendió sus sesiones ordinarias y extraordinarias.
Los miembros de la mesa directiva de la Asamblea Constituyentes se comprometieron en la sede de la Conferencia Episcopal a "explorar salidas", manifestando su disposición a abrir un "compás de diálogo".
Pero no quedó claro si serán revisados los términos de la declaración de emergencia legislativa.
Los parlamentarios dijeron que plantearán ante la Comisión Delegada, que representa al Congreso en receso, la "posibilidad de diferir la convocatoria a sesiones extraordinarias" y esperar los resultados del diálogo.
La Iglesia además llamó a la población a mantener "un clima de tolerancia y respeto mutuo", para preservar la paz ciudadana.
Al mismo tiempo que se anunciaba este acuerdo, el presidente Hugo Chávez dirigió un imprevisto discurso al país en el cual defendió el proceso constituyente y el derecho de la Asamblea a reorganizar los poderes constituidos.
El mandatario también aseguró a "los pueblos del mundo" que en Venezuela no se vulnera el estado de derecho, y destacó la manera pacífica y democrática con que se realiza el proceso de cambios en este país.
Las perturbaciones de este viernes fueron las de mayor magnitud del proceso constituyente, iniciado el 3 de agosto con la instalación de la Asamblea de 131 miembros, que tiene un plazo de seis meses para redactar una nueva Constitución.
El primer decreto de la Asamblea fue confirmar su carácter "originario" (soberano), con poder para intervenir los poderes constituidos. Y de inmediato se anunció que procedería a reorganizar los órganos del Estado.
Los constituyentes decretaron hace dos semanas la reorganización de poderes públicos y de inmediato procedieron a emitir disposiciones de emergencia judicial y legislativa.
La declaración de la Asamblea de emergencia judicial fue aprobada por la Corte Suprema de Justicia, aunque con el voto en contra de la presidenta del cuerpo, Cecilia Sosa, que renunció. Sosa consideró que la decisión de los constituyentes significaba la intervención del Poder Judicial.
Analistas políticos, juristas y constitucionalistas han considerado que las declaraciones de emergencia dictadas por los constituyentes rebasan disposiciones contenidas en la Constitución vigente de 1961, que dispone la independencia y separación de los poderes del Estado.
Los constituyentes oficialistas, que conforman una mayoría aplastante en la Asamblea, defendieron sus atribuciones para reorganizar los poderes.
El presidente de la Asamblea, Luis Miquilena, dijo este viernes que se trata de "usar el poder que el pueblo le otorgó" al elegirla en los comicios del 25 de julio.
Miquilena afirmó que los parlamentarios "quieren continuar agarrados al poder".
Los partidos políticos de oposición, que tuvieron el poder en sus manos en los primeros 40 años de democracia (1958- 1998), comenzaron el análisis de la propuesta de diálogo para confirmar la suspensión de las sesiones.
Chávez, quien asumió el poder en febrero de 1999, culpa a esos partidos por la crisis actual de Venezuela. (FIN/IPS/lc/ip la/99
