Venezuela quedará sometida desde esta semana a un régimen de emergencia judicial por decisión de la Asamblea Constituyente, que considera suspender a 2.016 funcionarios sospechosos de irregularidades.
La Asamblea, instalada a comienzos de este mes con la misión de redactar una nueva Constitución en 180 días, anunció la reorganización de los poderes públicos, comenzando con el criticado Poder Judicial.
"No podemos esperar seis meses o más para dar soluciones puntuales a un problema muy sensible para el país", dijo el vicepresidente de la Asamblea, Isaías Rodríguez, al explicar a la prensa extranjera la premura con que se dispondrá la emergencia judicial.
Los 2.016 funcionarios judiciales y administrativos que tienen expedientes abiertos y serían suspendidos por la Constituyente son casi la mitad de los 4.700 que componen la nómina del sector, precisó Rodríguez.
Añadió que también se considera la destitución de jueces que hubieran incurrido en casos de retardo procesal inexcusable. Rodríguez citó estadísticas según las cuales 93 por ciento de los venezolanos no creen en el sistema de justicia.
La Asamblea Constituyente tiene previsto analizar al menos tres proyectos de declaración de emergencia judicial desde este miércoles, orientados al saneamiento del sector.
El vicepresidente de la Constituyente, quien pertenece al oficialista Polo Patriótico, dijo que la tendencia es a buscar una "cohabitación" con los órganos judiciales, que permita emprender la reforma en conjunto.
Algunos constituyentes han puntualizado que se busca una transición sin traumas, en la cual ya no estaría contemplada la disolución de los poderes públicos de la que se habló con insistencia antes de la instalación de la Asamblea.
El asambleísta independiente Allan Brewer comentó en el foro con la prensa extranjera que la reforma del Poder Judicial es necesaria, pero advirtió que el cuerpo constituyente "no puede sustituir a los organismos administradores de justicia".
La Constituyente debe actuar "como el motor de la reforma", dijo Brewer.
El proceso de reorganización del Poder Judicial implica la creación de una alta comisión que deberá revisar las condiciones en que opera la justicia y poner en práctica los concursos de jueces en vez de las designaciones de la actualidad.
La reforma será profundizada por la comisión de justicia de la Constituyente, y los nuevos parámetros bajo los cuales operarán los tribunales deberán quedar establecidos en la futura Constitución.
El objetivo de la emergencia que se decretará esta semana es "acelerar la reforma judicial", insistió Rodríguez, quien defendió la potestad de la Asamblea Constituyente "para transformar el Estado".
Rodríguez también aseguró que el objetivo de la reorganización de poderes públicos ordenada por la Asamblea la semana pasada no pretende generar un gobierno paralelo y garantizó que "no está previsto tocar el sector privado".
Pero hay propuestas relativas a las organizaciones sindicales, para que éstas se "sujeten a la legalidad existente", eligiendo autoridades en forma "directa y secreta", dijo.
Por ahora, la Asamblea mantiene un acuerdo de cohabitación con el Poder Legislativo, que se declaró en receso y prestó parte de sus instalaciones para el trabajo constituyente.
En el caso del Ejecutivo, no está en duda la convivencia con el presidente Hugo Chávez, pues éste fue ratificado por la Constituyente. Pero Rodríguez comentó que "la situación es más difícil" tratándose de algunos gobernadores regionales y alcaldes.
Se trata de funcionarios "electos por el pueblo", pero el vicepresidente de la Asamblea aseguró que en algunos casos hay "problemas de gobernabilidad", que deberán ser analizados.
"Cuando se planteen (esos problemas), veremos cuáles son las alternativas", añadió, para comentar que "en este proceso inédito no hay nada previsto". (FIN/IPS/lc/ff/ip/99
