La Asamblea Constituyente de Venezuela confirmó hoy su intención de asumir tareas legislativas para cubrir vacíos de poder, una medida que genera dudas sobre el futuro del Congreso.
El enfrentamiento de poderes se agudizó cuando la Comisión Delegada, que opera durante los recesos parlamentarios, no tuvo quorum para sus reuniones de este lunes, boicoteada por la oposición, en protesta contra el proceso constituyente.
El presidente de la Asamblea, Luis Miquilena, dijo que los constituyentes sólo pretenden asumir tareas que el Congreso "irresponsablemente está abandonando", al boicotear la reunión de la Comisión Delegada.
Horas después que fracasara la reunión de la Comisión Delegada, la Constituyente comenzó a debatir nuevas disposiciones que le permitirían asumir funciones legislativas.
La primera medida pendiente de aprobación legislativa es la autorización para la salida del país del presidente Hugo Chávez, que se propone asistir este miércoles al traspaso del poder en Panamá.
Los 131 miembros de la Asamblea Constituyente, que fue instalada el 3 de este mes, tienen un plazo de seis meses para redactar una nueva Constitución.
Pero durante el primer mes, dedicó su trabajo a la reorganización de los poderes públicos, argumentando la urgencia de actuar contra una crisis generalizada que también toca a las instituciones.
Las primeras medidas de emergencia judicial y legislativa generaron protestas de la oposición y de juristas que cuestionan su validez, alegando que violan disposiciones de la Constitución de 1961, vigente mientras no sea reemplazada.
El choque entre el Congreso de mayoría opositora y la Constituyente de mayoría oficialista tuvo su momento culminante el viernes, cuando la sede parlamentaria en el centro de Caracas fue escenario de manifestaciones y enfrentamientos.
Los parlamentarios opositores insistieron este lunes en que se oponen a la declaración de emergencia legislativa, resuelta por los constituyentes para prolongar el receso del Poder Legislativo, reducir sus funciones a la Comisión Delegada y suspender sesiones ordinarias y extraordinarias de las dos cámaras.
"A Venezuela no le conviene un Congreso vasallo", afirmó el jefe parlamentario del partido democristiano Copei, César Pérez, al confirmar que la Comisión Delegada no tendrá quorum suficiente mientras no se someta a análisis el decreto de emergencia.
Frente a los cuestionamientos de la legalidad de sus acciones, la Asamblea Constituyente invoca su carácter "originario" y soberano para adoptar medidas que contribuyan a transformar el país, más allá de la redacción de una Constitución.
Pero en la misma Asamblea se producen algunas de las críticas más fuertes, expresadas por algunos delegados de una minoría opositora abrumada por la mayoría oficialista, a la que pertenecen 121 de los 131 convencionales.
El constituyente Alberto Franceschi, uno de los más vehementes oponentes de Chávez, consideró que, si la Amblea se atribuye funciones legislativas, se consumaría "el golpe que venía anunciándose en cámara lenta".
"La Constituyente asume todo el control del país", lamentó Franceschi durante una sesión extraordinaria realizada este domingo para analizar las relaciones con el parlamento.
En forma paralela a la declaración de emergencia legislativa, la Asamblea actúa sobre el Poder Judicial.
La Corte Suprema de Justicia aprobó el proceso de reorganización y evaluación del Poder Judicial, pero eso no evitó traumas, ya que la presidenta de ese máximo tribunal, Cecilia Sosa, renunció en protesta contra la medida de la Asamblea y la actitud de los otros magistrados. (FIN/IPS/lc/ff/ip/99
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