El uso de agrotóxicos en Uruguay se multiplicó por tres desde 1993, pero ningún organismo oficial controla el uso de los residuos de esos productos que contienen los alimentos de consumo interno.
Según cifras oficiales, en 1998 el sector agropecuario uruguayo gastó 44 millones de dólares en productos de ese tipo, contra 16 millones cinco años antes. En volumen, las importaciones de agrotóxicos treparon de un millón a 4,5 millones de kilogramos en ese período.
Los productos agrícolas importados, cuya presencia en el mercado interno es creciente, no son objeto de control sanitario alguno sobre contenido de residuos químicos.
Paradójicamente, esos controles de laboratorio se efectúan sobre las frutas y hortalizas que el país coloca en el exterior. Los costos de esos estudios corren por cuenta de los exportadores.
"Es tan larga la lista de productos con los que trabajan los agricultores que es difícil definir a qué riesgos no están expuestos", señaló Amalia Laborde, investigadora del Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico de la Facultad de Medicina de la universidad estatal.
Algunos de estos productos, como los pesticidas, "pueden causar trastornos neuropsíquicos importantes, pero se carece del equipamiento necesario y de recursos económicos para efectuar los análisis correspondientes", agregó.
A ello se agrega que la gran mayoría de los agricultores no tiene información adecuada sobre la peligrosidad de los pesticidas, y que raramente respetan las precauciones de manipulación, así como las dosis recomendadas.
Los organofosforados se encuentran entre los agrotóxicos más peligrosos que se utilizan en Uruguay.
Estos productos tienen su origen en las investigaciones de la industria química de la Alemania nazi. Caracterizados por su alta toxicidad aguda (inmediata), sus vapores eran utilizados en las cámaras de gas para exterminar a los judíos durante la segunda guerra mundial.
Con pequeñas variaciones en sus fórmulas químicas, los mismos productos son los que se aplican desde la década del 50 en la agricultura.
La generación anterior de agrotóxicos está compuesta por clorados como el DDT, que después de ser usados masivamente durante 30 años fueron prohibidos al comprobarse que son cancerígenos y que perduran durante décadas en el ambiente y el cuerpo humano.
Las empresas fabricantes de agroquímicos efectúan pruebas de toxicidad antes de patentarlos.
No obstante, la toxicóloga Cristina Alonso, del Area de Seguridad Química del Ministerio de Salud Pública de Uruguay, estimó "muy difícil extrapolar al ser humano los test que se efectúan a ratas de laboratorio".
Según la Red Ambiental contra los Plaguicidas de América Latina, cada año los agrotóxicos son responsables de unas 220.000 muertes y de cerca de tres millones de casos de intoxicación en todo el planeta.
En los países industrializados, los niveles de tolerancia a la toxicidad en los residuos alimenticios son más exigentes que los establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En Uruguay, en cambio, organizaciones ambientalistas reclaman que se respeten las normas fijadas por la OMS.
El Ministerio de Ganadería y Agricultura carece por ejemplo de potestades para controlar el uso que se da a los agrotóxicos o los residuos presentes en los alimentos, alertó el ingeniero agrónomo Gonzalo Arocena, funcionario de ese despacho.
Lo mismo sucede con el Ministerio de Medio Ambiente, comentó por su parte la ingeniera química Silvia Aguinaga.
En cuanto a la municipalidad de Montevideo, el director de su División Salud, Miguel Fernández Galeano, indicó que cuenta con los equipos necesarios para efectuar los controles pertinentes pero carece de técnicos formados para llevar a cabo esta tarea.
La mayor parte de los agricultores uruguayos carece de una percepción realista al respecto, estimó Aguinaga.
En el marco de un conflicto que actualmente los enfrenta al gobierno y que este mes provocó el desabastecimiento de Montevideo de frutas y verduras durante tres días, los productores reclamaron que se efectúen controles de residuos tóxicos y sanitarios en los productos importados.
Pero no formularon reivindicaciones similares respecto de los artículos que ellos mismos liberan en el mercado interno.
Las alternativas a este modelo productivo, acuñado por Estados Unidos y aplicado desde la posguerra en el Sur en desarrollo bajo el nombre de "Revolución Verde", se abren paso lentamente.
El gobierno municipal de Montevideo, del izquierdista Frente Amplio, promueve algunas de esas alternativas.
Alfonso Carriquiri, presidente de la Unidad Montevideo Rural, que tiene competencia sobre la zona de producción agrícola de las afueras de la capital, informó que la municipalidad exime del 75 por ciento del impuesto inmobiliario a los productores agrícolas llamados "orgánicos".
Son considerados productores orgánicos los que no utilizan agrotóxicos en sus cultivos. Para comenzar a ser considerado "orgánico", el productor debe dejar descansar su parcela durante al menos dos años consecutivos, informó Carriquiry.
"En Montevideo, la experiencia es aún de pequeña escala, pero en el mundo esta opción es creciente. Los jóvenes son quienes más se adaptan a esta tecnología limpia que, en definitiva, es verdaderamente la tradicional", agregó.
En la capital uruguaya hay algo más de 30 agricultores orgánicos reconocidos, un tercio de los existentes en todo el país.
El gobierno municipal prevé también comenzar una experiencia piloto para que sus habitantes separen los residuos orgánicos de los inorgánicos, con el fin de alimentar una planta de fertilizante de origen natural para proveer a los agricultores alternativos. (FIN/IPS/dg/ag/en/99
