Grupos de apoyo a Tibet intensificaron su presión contra un proyecto de China financiado por el Banco Mundial, que según Beijing combatirá la pobreza pero que esos grupos consideran un genocidio cultural.
El proyecto implicaría el traslado y asentamiento de unos 58.000 campesinos chinos en la provincia de Qinghai, un área autónoma donde habitan tibetanos y mongoles, parte de cuyo territorio formaba parte de Tibet antes de que éste fuera anexado por China.
Beijing afirmó que el traslado es necesario porque los campesinos no tienen posibilidades de mejorar su situación en el territorio superpoblado de laderas erosionadas donde viven actualmente, al cual se ha comparado a menudo con la superficie lunar.
El gobierno chino organizó visitas a la región donde habitan hoy quienes serían trasladados, para periodistas y observadores extranjeros que confirmaron que los campesinos viven en una pobreza abrumadora.
Los visitantes señalaron también, sin embargo, que quedan dudas sobre la capacidad de Beijing para proteger los derechos de las minorías étnicas y religiosas que viven en la zona a la cual se trasladaría a los campesinos chinos.
Quienes se oponen al proyecto decidieron organizar una manifestación frente a la sede del Banco Mundial, en Washington, que se realizará el día 30 de este mes.
El músico de rock Adam Yauch y miembros del Congreso de Estados Unidos encabezarán la manifestación, según los organizadores.
Entre los grupos que apoyan la protesta están la Comisión para Tibet de Estados Unidos, Estudiantes por Tibet Libre, el Fondo Milarepa, la Comisión Internacional de Abogados por Tibet, la Campaña Internacional por Tibet, Amigos de la Tierra y el Centro para la Ley Ambiental Internacional, con sede en Washington.
El proyecto también fue criticado por la oficina del Dalai Lama y de algunos países que están entre los principales accionistas del Banco Munidal.
Tibetanos de Qinghai afirmaron en una carta dirigida a los grupos internacionales que los apoyan que el proyecto equivalía a una "sentencia de muerte" contra ellos, porque sus consecuencias serían una mayor marginalización y a conflictos por los recursos naturales con quienes sean trasladados.
El propio Banco Mundial admitió que la cantidad de tibetanos en Qinghai caería de 22,7 a 14 por ciento si se realiza el traslado, y que los mongoles, que actualmente son 14,1 por ciento, pasarían a ser 6,7 por ciento.
Sin embargo, según los funcionarios del banco, las autoridades chinas ofrecieron garantías por escrito de que protegerán los derechos de las minorías en la región.
Organizaciones ambientalistas alegaron por su parte que el Banco Mundial no cumplió con las normas de evaluación de impacto ambiental en el proceso de aprobación del proyecto, que implica la construcción de una represa, carreteras y redes de irrigación.
Según los activistas, en la evaluación se afirmó erróneamente que esos aspectos del proyecto eran insignificantes desde el punto de vista ambiental.
Los críticos afirmaron que el banco ocultó la información al respecto al público hasta que terminó el proceso de aprobación del proyecto.
Los funcionarios del banco reconocieron que el proyecto tenía algunos defectos, pero aseguraron que podrían corregirse después de la aprobación, y pidieron al Directorio Ejecutivo de la ainstitución que aprobara el plan como parte del "Proyecto de Reducción de la Pobreza en el Oeste de China".
Ese proyecto, por valor de 160 millones de dólares, tienen cmo objetivo llevar a 1,7 millones de personas de la miseria a la autosuficiencia alimentaria y el acceso a mayores ingresos, durante un período de seis años.
En junio, los 24 representantes de gobiernos accionistas del Banco Mundial aprobaron el proyecto pero congelaron los fondos previstos para el traslado de campesinos chinos a Quinghai.
El congelamiento de los fondos se decidió para permitir que el Panel de Inspección independiente del banco investigara las denuncias de que la institución había violado sus propias normas para la protección de las comunidades, el ambiente y el derecho del público a la información.
Funcionarios del banco trataron de bloquear la investigación del Panel, alegando que los grupos que habían presentado las denuncias, con sede en Estados Unidos, no viven en las áreas que serán afectadas por el proyecto, pero los directores ejecutivos dijeron que elos mismos respaldarían las quejas si era necesario.
El compromiso de las autoridades del banco de proporcionar informes completos será puesto a prueba a principios de septiembre, dijeron funcionarios de la institución.
Cuando los miembros del Directorio vuelvan de su receso de verano, deberán considerar la evaluación preliminar del Panel de Inspección sobre la pertinencia de iniciar una investigación.
Las fuentes que conocen el documento no dijeron si las denuncias cumplen con los estrictos criterios del Directorio, que establecen que el derecho a presentar cargos se limita a los grupos directamente afectados por un proyecto.
Señalaron, sin embargo, que la opinión que prevalecía entre los directores ejecutivos antes de que se fueran de vacaciones era que se debía realizar una investigación.
Los críticos del proyecto anunciaron que se proponen mantener la presión a favor de una investigación y contra el proyecto.
"Si los tibetanos, los mongoles y la comunidad internacional no hubieran presentado objeciones al proyecto, sin duda el Directorio Ejecutivo lo habría aprobado, sin saber acerca de las violaciones a las normas del propio banco y las amenazas al ambiente y los habitantes del área en cuestión", se afirmó en una declaración de la Comisión para Tibet de Estados Unidos.
Los antecedentes del debate se remontan a la anexión de Tibet por China, que comenzó en 1950 y terminó con la derrota de una insurreción en 1959. En el proceso, partes del territorio tibetano pasaron a la provincia de Qinghai.
Si el proyecto de traslado de campesinos chinos sigue adelante, diluirá la presencia tibetana en tierras que cubren la décima parte de la meseta de Tibet, señaló Mary Beth Markey, directora de Relaciones con Gobiernos de la Campaña Internacional por Tibet.
Markey aseguró que el ingreso masivo de no tibetanos pondrá en peligro la condición de "área autónoma" de la región, que implica cierto grado de protección cultural y mitigación de la política de población de "un solo hijo por familia" que aplica Beijing.
Yukon Huang, representante del Banco Mundial en Beijing, aseguró que esas críticas tomaron por sorpresa a los funiconarios de la institución.
"Ninguno de nostros había considerado el proyecto como una 'cuestión tibetana'. Siempre lo vimos como el traslado de seis o siete grupos étnicos diferentes a un área casi inhabitada", dijo Huang a los periodistas a principios de este año.
Quienes participaron de las visitas patrocinadas por Beijing cuestionaron esa evaluación. "Se debe considerar el panorama general", dijo un investigador de la Universidad de Melbourne a los periodistas.
"¿Hay evidencias sólidas que indiquen que China realmente está alentando la migración hacia áreas áridas para colonizarlas?", preguntó. (FIN/IPS/tra-en/aa/at/mp/ip pr/99