El relator de la ONU en materia judicial, Param Cumaraswamy, recibirá durante 14 días en Guatemala numerosas quejas de activistas y organizaciones privadas, pero ninguna de la Corte Suprema de Justicia.
Mientras infinidad de activistas procuran acceder a una audiencia con Cumaraswamy para plantear sus puntos de vista, el presidente del Poder Judicial, Oscar Najarro Ponce, aseguró que "todo está correcto" y "no hay nada que comentarle al relator".
Cumaraswamy se entrevistará con representantes del gobierno, del Poder Judicial, de la Asociación de Jueces y Abogados, organizaciones no gubernamentales y víctimas de violaciones de derechos humanos.
"Mi misión es investigar el estado de la independencia del sistema de justicia y de los abogados de Guatemala", declaró Cumaraswamy, de nacionalidad malasia, al llegar el domingo a Guatemala.
El representante de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) dijo haber recibido denuncias de "problemas serios en la administración de justicia", efectuadas tanto dentro como fuera de este país.
"Un sistema judicial imparcial e independiente, que pueda actuar sin miedos ni favores, es fundamental en cualquier sociedad democrática que se base en el imperio de la ley y en la protección de los derechos fundamentales", agregó Cumaraswami.
Mientras, la Asociación de Jueces y Magistrados está dispuesta a denunciar ante el visitante a los jueces de la Corte Suprema de Justicia "por falta de apoyo y seguridad" y también acusarán de "presiones" a entidades privadas como Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS).
Najarro calificó las acusaciones de "reacciones hepáticas", y las atribuyó al rechazo de los denunciantes a sus controles.
Eleonora Muralles, de FADS, dijo al diario Siglo Veintiuno que en ningún momento se ha ejercido presión contra los jueces y que su grupo se limita a velar porque los juicios se celebren en forma clara y transparente.
Muralles también recordó que el surgimiento de su grupo se debió "al retardo y malas actuaciones de jueces que actuaron en diversos casos que quedaron en la impunidad".
Representantes de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA) se reunieron el lunes con el Cumaraswami y manifestaron sus dudas sobre la independencia del sistema judicial.
La ODHA denunció los obstáculos que han puesto los jueces encargados del proceso por el asesinato del obispo Juan Gerardi en abril de 1998, que aún permanece impune.
Helen Mack, directora de la Fundación Myrna Mack, presentó el lunes a Cumaraswami una investigación sobre los factores que afectan la independencia judicial y la administración de justicia en Guatemala.
Entre las principales quejas presentadas en la investigación figuran la dependencia de la Corte Suprema de Justicia respecto del Poder Legislativo en materia de nombramientos, los atentados contra magistrados, la ausencia de un régimen de carrera judicial y la obstrucción de la justicia.
Najarro reconoció que la corrupción es "un problema difícil de afrontar", pues, a pesar de que descendió durante su gestión, el Poder Judicial "ha crecido y cuesta mucho controlar a oficiales, jueces y magistrados".
El presidente de la Corte Suprema de Justicia aseguró que recibirá a Cumaraswami "porque él pidió audiencia". "Nosotros no lo convocamos. El es el que va a venir. El es el que tiene que hablar", afirmó.
Mientras, organizaciones de derechos humanos preparaban una lista de dificultades que, a su criterio, han afectado el sistema judicial, informó el diario El Periódico.
La Alianza Contra la Impunidad convocó a 17 organizaciones, entre ellas FADS, Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala, Grupo de Apoyo Mutuo, Madres Angustiadas y la Asamblea de la Sociedad Civil para presentar sus problemas al relator de la ONU este miércoles.
Por su parte, la Alianza Contra la Impunidad prepara los principales casos para presentarlos a Cumaraswami, dijo a IPS la abogada Karen Fischer.
Entre estos casos figuran la masacre de Xamán donde murieron en 1995 once indígenas, entre ellos un niño a manos de una patrulla del ejército, el asesinato del empresario y periodista Jorge Carpio atribuido a paramilitares y el del ex presidente de la Corte de Constitucionalidad, Epaminondas González, en 1994.
A estos casos se suman los asesinatos de la antropóloga Myrna Mack y el obispo Gerardi y las masacres atribuidas al ex comisionado militar Cándido Noriega, dos veces absuelto.
Los resultados de las investigaciones de Cumaraswamy serán recopilados en un informe que se presentará con sus respectivas recomendaciones a la Comisión de Derechos Humanos de ONU en su próxima reunión, en el 2000. (FIN/IPS/cz/mj/hd/99
