El presidente de Paraguay, Luis González Macchi, viajará este jueves al interior de su país para dialogar con dirigentes campesinos acerca de denuncias de atropello a agricultores, formuladas incluso por Alemania, Brasil y Estados Unidos.
El presidente será acompañado por el ministro del Interior, Walter Bower, y el de Agricultura, Oscar Denis.
Criminalidad, narcotráfico, robo de ganado e invasión de tierras son casi rutina en las áreas rurales de los departamentos centroorientales de San Pedro y Concepción, donde los cursos escolares fueron suspendidos a causa de los asaltos.
El Ministerio del Interior identificó en un relevamiento difundido el viernes unos 200 asentamientos rurales cuyos habitantes viven en una "situación no digna, que es caldo de cultivo para cualquier exceso, como el abigeato y la droga", según Bower.
González Macchi visitará la ciudad de Lima, donde unos dos mil manifestantes protestaron por los robos, la falta de enseñanza y la corrupción de los jueces. "No tenemos comunicación directa con la zona (donde se encuentra esa ciudad)", admitió Bower.
El ministro de Educación y Cultura, Nicanor Duarte Frutos, estimó el viernes (a partir de datos divulgados ese día por la Dirección de Estadística) que dos millones de paraguayos viven en la pobreza y un millón en la extrema pobreza, con ingresos inferiores al valor de la canasta básica.
Entre 1995 y 1998, la pobreza aumentó de 30 a 32 por ciento, y la extrema pobreza de 14 a 17 por ciento de la población total (5,5 millones), pero en el interior rural, donde vive 55 por ciento de la población, se concentra 64,7 por ciento de los pobres, que pasaron de 37 a 43 por ciento de la población de la zona en esos tres años.
El Instituto de Bienestar Rural (IBR) contó unas 280 mil familias productoras en todo el país, de las que sólo unas 30 mil lograron entrar al mercado, mientras son seis veces más (unas 180.000 familias) las que viven en la pobreza, y unas 70.000 familias se consideran "en etapa de transición".
Las mujeres rurales tienen un promedio de 5,8 hijos, frente a 3,9 de las del área urbana, según datos de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica. El promedio de años de escuela cursados por los pobladores del área rural es 4,7.
Los campesinos en situación de pobreza absoluta son unos 700.000, según un informe sobre "Pobreza y crecimiento dual en Paraguay" realizado por técnicos de la Organización de las Naciones Unidas, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe.
En el estudio se indicó que esas personas pasan en forma gradual "a engrosar la población urbana más pobre, generando un incremento de la miseria y la criminalidad".
Un campesino que participó el jueves en las protestas realizadas en Lima para pedir seguridad a Bower contó que "la gente abandona sus tierras por temor a los malvivientes", entre los cuales incluyó a los narcotraficantes y a quienes invaden terrenos sólo para deforestarlos.
En una concentración de "sin tierra" realizada en esa zona, ocupantes de campos que se resistían al desalojo se apoderaron de víveres que eran trasladados en un camión del gobierno, con destino a comunidades pobres. Los "sin tierra" aspiran a que González Macchi los visite.
El diputado Juan José Vázquez pidió que el parlamento declarara una "zona de emergencia" en San Pedro, pero su par Cándido Vera Bejarano replicó que allí la violencia se debe a que uno por ciento de la población posee 80 por ciento de la tierra, y que "eso no se soluciona llenando el lugar de policías".
El ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Abdón Saguier, dijo que las ocupaciones de tierras y los asaltos "empañan la imagen internacional" del país, y agregó que "nadie puede hacer justicia por mano propia".
González Macchi recibió el jueves una carta del presidente estadounidense, Bill Clinton, mediante el enviado especial de Estados Unidos para las Américas, Kenneth MacKay, quien se reunió con Bower para comunicarle la preocupación de Washington por los ciudadanos estadounidenses que viven en zonas rurales.
MacKay dijo durante un almuerzo con miembros de la Cámara de Comercio Paraguayo-Estadounidense, tras su reunión con el ministro, que la comunidad internacional quiere ver "que exista un estado de Derecho y que los inversionistas puedan llevar sus problemas a un sistema judicial que haga justicia".
El funcionario enfatizó, ante las autoridades y empresarios presentes, que "los inversionistas extranjeros no invierten en los países donde sus intereses van a correr riesgos". MacKay aún no había abandonado Paraguay cuando 50 policías de élite llegaron a San Pedro.
Bower se reunió con pobladores de la región cercana a Lima que huían hacia esa ciudad, para realizar una protesta en la plaza, porque en sus tierras propias (o en las ocupadas) los narcotraficantes mataron a cuatro personas en un mes.
El vocero de los manifestantes fue el obispo católico de San Pedro, Fernando Lugo, uno de los mayores defensores de los reclamos campesinos, quien recibió cinco amenazas de muerte tras señalar que en Lima la marihuana "es caldo de cultivo" de la violencia.
Un comunicado de la diócesis de San Pedro afirmó que la existencia de mil hectáreas de plantíos de marihuana en el departamento muestra la "inoperancia, ineficiencia y negligencia de las instituciones encargadas de la seguridad de la población".
El Departamento de Estado estadounidense emitió a mediados de agosto un comunicado en el que pidió a los turistas provenientes de Estados Unidos que se abstuvieran de viajar por la noche a esa zona, y denunció que un ciudadano de ese país fue amenazado de muerte.
Trascendió que el amenazado fue un integrante de los Cuerpos de Paz (una organización estadounidense de acción social en el extranjero), quien halló cultivos de marihuana en una recorrida por el norte y denunció su existencia.
El miércoles fue asesinado por ladrones, en el sur, Benjamín Enos Shank, un hacendado estadounidense de 24 años, cuyo cuerpo fue hallado junto a una plantación, atado de pies y manos con cable.
Un ciudadano alemán encargado de una reserva natural en las orillas del río Paraguay denunció hace un mes que tres desconocidos con uniforme policial balearon su cabaña por la noche, con la intención de asesinarlo.
El atacado presentó una denuncia formal ante la embajada alemana, que venía reclamando garantías para los ciudadanos de ese país y de la Unión Europea, cuya presidencia rotativa correspondió a Alemania en el primer semestre de este año.
También se registraron tensiones en las relaciones con Brasil, a raíz de conflictos en el departamento oriental de Alto Paraná, donde hacendados brasileños poseen la mayor parte de las tierras a ambos lados de la frontera entre Paraguay y Brasil, y se estima que hay unos 450.000 "brasiguayos" (indocumentados brasileños).
Los agricultores locales sostuvieron que sus pares brasileños son responsables de la presencia en la zona de sicarios, a los que acusan de la muerte de dos campesinos, uno en abril y otro a mediados de agosto.
En Salto del Guairá, también en la frontera nororiental, fueron desalojadas 100 personas que habían ocupado una reserva de bosques vírgenes de 2.500 hectáreas. El procedimiento se pudo realizar sin violencia, aunque los invasores recibieron a los agentes con machetes.
Fiscales piensan que políticos regionales instigan o protegen la ocupación de tierras por parte de la población rural desempleada, como alternativa al reparto de dinero y cargos públicos entre sus seguidores. (FIN/IPS/cm/ff-mp/ip dv/99