Partidos y sindicatos de Paraguay comenzaron un debate sobre un plan de las autoridades que busca revertir la creciente desocupación mediante la reducción del gasto público y un proceso de privatizaciones.
El ministro de Justicia y Trabajo, Silvio Ferreira, informó la semana pasada que el número de desempleados aumentó a 14 por ciento de la población económicamente activa (PEA), equivalente a unas 360.000 personas.
En Paraguay la PEA incluye a los mayores de diez años de edad que están en condiciones de trabajar y buscan empleo.
Según las cifras oficiales, otro 19 por ciento de la PEA, o sea unas 435.000 personas, trabajan menos de ocho horas diarias, o en tareas menos calificadas que las que están capacitados para desempeñar, debido a la escasez de demanda laboral.
Las "frías estadísticas" muestran una situación de "estancamiento y crisis que no se pueden cubrir", dijo al parlamento, hace un mes, el presidente Luis González Macchi, quien prometió en esa ocasión un plan de reactivación de corto plazo y un proyecto de desarrollo de largo plazo.
El plan de corto plazo, apoyado por un préstamo de 400 millones de dólares proveniente de Taiwan y por la primera emisión de bonos externos, incluye la realización de obras públicas, el apoyo a productores agropecuarios e industriales, y el pago de indemnizaciones a ahorristas estafados por bancos.
Otros 700 millones de dólares aportados por organismos internacionales, con una contrapartida local de casi 50 millones, se destinarán a mejorar la calidad de los servicios básicos de agua, alcantarillado, luz y teléfonos.
Por otra parte, el gobierno decidió poner en marcha un proceso de desmonopolización y tercerización de servicios públicos, con el objetivo de reducir el déficit de las empresas estatales.
El Ministerio de Hacienda estimó que el año próximo la recaudación de impuestos sólo podría cubrir 76 por ciento de los gastos del Estado, lo cual representaría un déficit de aproximadamente 400 millones de dólares.
La causa principal de esas previsiones fue la caída de las recaudaciones aduaneras, que han sido tradicionalmente la principal fuente de ingresos del Estado.
El gobierno dispuso el último viernes el cese del director de Aduanas, William Irrazábal, acusado de incompetencia para frenar el contrabando. El lunes, Irázabal pasó a integrar el directorio del estatal Consejo de Privatizaciones.
Paraguay era uno de los pocos países de América Latina que no había decidido comenzar un amplio proceso de privatizaciones. Entre 1991 y 1998 se puso en práctica, con escasa voluntad político, un plan de venta de cinco empresas públicas que sólo tuvo éxito en el caso de las líneas aéreas.
Las empresas Aceros Paraguayos y Cañas Paraguayas fueron otorgadas a consorcios de trabajadores y proveedores, que luego no pudieron pagar al Estado las cuotas acordadas.
También fracasaron las privatizaciones del sistema de ferrocarriles y de las cinco empresas en que se dividió la flota mercante. Dos buques mercantes terminaron abandonados en el puerto brasileño de Porto Alegre, capital del estado meridional de Río Grande del Sur.
El Partido Colorado gobierna al país desde hace más de 50 años, que incluyeron 35 de dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), y uno de los mecanismos que lo consolidaron en el poder fue la concesión de empleos públicos.
El Estado tiene actualmente 191 mil funcionarios, 95 por ciento del gasto público se destina a remuneraciones, y no llega a cubrirse 20 por ciento de la inversión pública prevista.
Una coordinadora de dirigentes de tres de las cuatro centrales sindicales comenzará esta semana un debate con el ministro de Justicia y Trabajo acerca del plan de reducción del Estado, que los sindicalistas rechazaron de antemano por temor a los despidos.
Los sindicalistas no se dieron por satisfechos con la promesa de las autoridades de que habrá compensaciones económicas para el retiro voluntario de los funcionarios y se buscará la recapacitación de la mano de obra excedentaria.
Ferreira anunció el lanzamiento de un programa de retiro voluntario incentivado, que beneficiará a los funcionarios que están cerca de la edad de retiro y a quienes decidan pasar a la actividad privada.
Reinaldo Barreto Medina, máximo dirigente de los trabajadores estatales e integrante del Partido Colorado, como la mayoría de los empleados públicos, declaró que los sindicatos no van a boicotear el diálogo, pero advirtió que "saldrán a la calle" si se intenta aplicar el plan sin su consentimiento.
Los funcionarios realizarán una huelga general de protesta en la segunda mitad de esta semana.
Los funcionarios de Antelco, la telefónica estatal, convocaron a los dirigentes del Partido Colorado a la sede de esa fuerza política, para tratar de convencerlos de que no privaticen la compañía ni desmonopolicen el servicio.
González Macchi logró el apoyo "crítico" del Partido Colorado al plan tras asegurar que no habrá "privatizaciones salvajes". El presidente también advirtió, sin embargo, que no aceptará que se epretenda enfrentar la reforma del Estado con la huelga "como única respuesta".
El mandatario también explicó el plan a los comandantes de las tres armas, y declaró luego que "el camino es irreversible". Esto era lo que esperaban los funcionarios del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que habían reclamado a las autoridades señales claras de su voluntad de privatizar.
El Banco Mundial había suspendido un crédito de 46 millones de dólares para Corposana, la empresa estatal de aguas corrientes, debido a que no se habían cumplido las acciones previstas para realizar las obras, ni se había avanzado en la desregulación del servicio de alcantarillado y agua potable.
Los empleados de Corposana iniciaron el lunes un paro por tiempo indefinido para reclamar la destitución del presidente de la empresa, Valentín Bobadilla, un ex integrante del sindicato a quien ellos mismos promovieron al cargo.
Bobadilla niega, sin embargo, que apoye la privatización de la compañía, al igual que el presidente de Antelco, Víctor Bogado.
El senador Bader Rachid Lichi, presidente del Partido Colorado, declaró que el plan de reducción del Estado debe seguir adelante, pero advirtió que es preciso adoptar previsiones para minimizar su costo social.
El gobierno se propone emplear 21 millones de dólares aportados por el Banco Interamericano de Desarrollo en la creación de un organismo en el cual participen representantes de las empresas públicas, los sindicatos y los gremios empresariales, para coordinar los cambios laborales asociados con la privatización.
Manuel Ferreira Brusquetti, un consultor que participó hasta 1998 en un proyecto de recapacitación laboral del Ministerio de Justicia y Trabajo, apoyado por organismos internacionales, dijo a IPS que es difícil realizar esa tarea, tanto en el sector público como en el privado.
Según datos oficiales, 57 por ciento de los habitantes son "analfabetos funcionales". Esta categoría incluye a las personas que nunca aprendieron a leer y escribir, y a las que aprendieron en algún momento pero perdieron esas habilidades por desuso.
Brusquetti señaló que esto impide recapacitar a un trabajador en el plazo de tres meses que se destina a la tarea, y que por lo tanto los analfabetos funcionales, que pertenecen a los sectores sociales de menores ingresos, podrían quedar marginados del mercado laboral con la privatización. (FIN/IPS/cm/mp/ip lb/99
