Al menos uno de cada 1.000 habitantes de Paraguay se encuentra hacinado en una cárcel y sometido a condiciones infrahumanas, dice la OEA, situación que el gobierno espera revertir a partir del 2000 con la plena entrada en vigor del nuevo Código Procesal Penal.
Los centros de detención albergan a más de 4.000 personas mayores de 18 años, en una población de casi seis millones de habitantes, de la cual 40 por ciento es menor de esa edad y 70 por ciento aún no cumplió los 30 años.
El abogado Luis Alfonso Resck, reconocido internacionalmente por su lucha en favor de los derechos humanos durante la dictadura (1954-1989), consideró "categórico" el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA (Organización de Estados Americanos).
La misión de la CIDH, que llegó a Paraguay esta semana, pudo constatar violaciones a los derechos básicos también en la detención de indígenas y campesinos sin tierra y sin techo, mientras "la impunidad, madre de todos los vicios, continúa con buena salud", dijo Resck aludiendo a denuncias de corrupción.
Unos 2.000 campesinos cortaron el jueves y el viernes el tránsito en la ruta III General Aquino, que une Asunción con la ciudad norteña de Pedro Juan Caballero, fronteriza con Brasil. La protesta es en rechazo a la detención de varias personas acusadas de invadir campos de propiedad privada.
Obispos de la Iglesia Católica en solidaridad con los campesinos protestaron ante la sede del Poder Judicial por el estancamiento de los procesos penales, tras lo cual se ofrecieron a "entregarse" a la policía para sufrir la misma suerte que los campesinos apresados.
En Paraguay sólo ocho por ciento de los presos han sido condenados. En el penal de Tacumbú, en Asunción, sólo 141 reclusos cuentan con sentencia firme de un total de 1.749, que conviven en un espacio que no admitiría más de 500 personas.
En esa cárcel están detenidos juntos a ladrones y homicidas tres menores de 18 años y 125 extranjeros, según reconoció el ministro de Justicia y Trabajo, Silvio Ferreira, ante la comitiva de OEA al inaugurar un servicio de salud en el lugar.
Por su parte, el penal de Encarnación, en la frontera con Argentina, alberga a 360 presos en un espacio destinado para 150, lo cual ha llevado que activistas de los derechos humanos lo llamen el "infierno", en declaraciones al diario La Nación,
Los activistas dudan que se continúe con la construcción de una cárcel modelo para 1.200 personas, que está estancada por carencia de fondos.
La falta de una clasificación adecuada de los detenidos según sus antecedentes delictivos hace que convivan en una misma celda rapiñeros y homicidas reincidentes con delincuentes primarios. En la cárcel de Encarnación sólo tres de los reclusos tiene confirmada.
Similar hacinamiento sufren los reclusos de los penales de Ciudad del Este, en la frontera con Brasil, y de otras localidades del interior del país, así como en la cárcel de mujeres del Buen Pastor, ubicada en el barrio residencial de Villa Morra, en plena capital de Paraguay.
La única excepción a esa regla es la cárcel de Emboscada, a 70 kilómetros de Asunción, calificada de máxima seguridad pese a que no ha podido impedir numerosas fugas.
El Ministerio Público justifica la cantidad de causas sin resolver en que tiene que emitir 120 dictámenes mensuales, por cada una de sus treces fiscalías del crimen y otra de delitos económicos, lo cual acumula 7.500 escritos por semestre.
En las prisiones paraguayas nada se consigue sin pagar a los guardias, ya sea alcohol, tabaco y drogas, o la visita íntima de las cónyuges. Aunque el tráfico se extiende también a los comestibles de las intendencias carcelarias y los que envían los familiares.
Grupos de delincuentes operan con la complicidad de los carceleros que deciden el movimiento interno de los establecimientos, lo cual los convierte en señores de vida o muerte de sus compañeros de celda, con un promedio de seis asesinatos al año.
En la actualidad sólo existe un programa estable de rehabilitación para presidiarios, que promueve la comunidad protestante menonita, organización religiosa que llegó a Paraguay en 1927 y se afincó en el árido Chaco, en el occidente del país.
La Intendencia (alcaldía) de Asunción también colabora con la generación de empleo para ex convictos que no consiguen reinsertarse en el mercado laboral, gracias a la iniciativa de Félix Duarte, un ex preso por robo y homicidio que luego adhirió a la religión evangelista.
El último presupuesto carcelario destinó seis millones de dólares al año para sustentar el funcionamiento de dos cárceles de alta seguridad (Emboscada y Pedro Juan Caballero), cuatro penitenciarías (Concepción, Villarrica, San Juan Bautista y Coronel Oviedo) y las regionales de Ciudad del Este y Asunción.
El total de lo dispuesto para una población carcelaria de 4.000 personas equivale a unos 50 dólares al mes por cada recluso.
El abogado Jorge Domingo Rolón cuenta que hay personas "privadas de su libertad sin que exista un expediente judicial o aún habiendo vencido el plazo máximo de prisión previsto legalmente".
Las esperanzas para superar la crisis están cifradas en el nuevo Código Procesal Penal, que entró parcialmente en vigor el 9 de julio y que en marzo del 2000 regirá plenamente.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Wildo Rienzi, explicó que se fijó un máximo de tres años para concluir un proceso. Pero esa norma, como beneficio retroactivo, podría culminar con la libertad de presuntos delincuentes aún no condenados desde 1996 por el anterior sistema.
Rienzi admitió que "nos arriesgamos, nos lanzamos para administrar Justicia con un sistema nuevo en el fuero Penal, porque la crisis en ese ámbito ya es insostenible". "Hay quejas de los abogados, magistrados y de la ciudadanía", agregó.
Numerosas personas serán puestas en libertad la semana próxima, cuando comience a ejecutarse el resultado del trabajo de un equipo de 20 magistrados a cargo de la depuración de causas en los diferentes juzgados, lo cual reducirá en forma sustancial los casos pendientes.
Robert Goldman, titular de la CIDH, defendió "agotar los recursos" jurisdiccionales, pero "si un juez no cumple con los plazos o en la justicia se producen retraso y morosidad, éstos pueden motivar la denuncia, porque se estaría denegando justicia".
El informe que elabora la misión de la CIDH coloca en el debe del sistema al elevado número de presos sin condena, una justicia lenta y cara, menores recluidos en condiciones infrahumanas y mala situación de cárceles, junto a los problemas de campesinos e indígenas.
Goldman admitió al finalizar su visita que el "alto porcentaje de presos sin sentencia conspira contra la presunción de inocencia", aunque reconoció que se están haciendo esfuerzos para mejorar la situación en Paraguay. (FIN/IPS/cm/dm/hd ip/99
