La populista Mireya Moscoso, que el miércoles se convertirá en la primera presidenta de la historia de Panamá, se enfrentará a un parlamento opositor, a divisiones en la alianza que la llevó al poder y al desafío de cumplir las generosas promesas de su campaña electoral.
La viuda del fallecido caudillo y ex presidente Arnulfo Arias, opositora al presiente saliente Ernesto Pérez Balladares, prometió en su campaña eliminar la pobreza que afecta a casi 38 por ciento de los 2,8 millones de panameños, revisar la actual política arancelaria y combatir la corrupción.
Pero existen dudas de que Moscoso persista en revisar la política arancelaria implementada por Pérez Balladares para insertar al país en el proceso de globalización.
En enero de 1998, Pérez Balladares redujo todos los aranceles aduaneros de un promedio de 100 por ciento a 8,5 por ciento, con el fin de equiparlos con los de otras naciones del área y cumplir exigencias de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
La reducción de aranceles era parte de un programa implementado en 1994 que incluyó la privatización de empresas públicas, reformas a la ley laboral y tributaria, una reprogramación de la deuda externa y otras medidas económicas.
Moscoso reiteró la semana pasada aquel compromiso, pero su futuro ministro de Desarrollo Agropecuario, Alejandro Posse, aclaró que su promesa "fue revisar la política arancelaria", pero que "no se puede hablar alegremente de rebajar aranceles" como exigen organizaciones de agricultores.
"Primero tenemos que llegar al gobierno para saber a ciencia cierta qué es lo que existe, qué es lo que está mal y qué es lo que han hecho bien", dijo, por su parte, el ministro de Economía y Finanzas designado, Víctor Juliao, lo cual difiere de la radical revisión total prometida por Moscoso.
Este asunto podría convertirse en una de las primeras piedras en el zapato de la presidenta y restarle la importante base social del área rural obtenida durante su campaña.
Moscoso tampoco podrá, como prometió en su campaña, disponer de los 1.365 millones de dólares recaudados con la privatización de empresas públicas para activar un programa de reducción de la pobreza y del desempleo que afecta a un 13,4 por ciento de la población económicamente activa.
Una ley aprobada este mes por el actual parlamento solo autoriza el uso de los intereses que genere ese dinero, unos 70 millones de dólares al año, para programas de desarrollo social.
Voceros del Partido Arnulfista (PA) de Moscoso señalaron que esa y otras leyes promulgadas en las últimos meses del gobierno de Pérez Balladares procuran "atar de manos a la presidenta" para impedirle que cumpla su programa de gobierno.
El parlamento, considerado en el ordenamiento jurídico panameño el primer poder del Estado, tampoco le será afín a Moscoso debido a la mayoría relativa que logró el Partido Revolucionario Democrático (PRD) de Pérez Balladares en las elecciones.
Pese a que Moscoso fue elegida presidenta por 45 por ciento de los votos emitidos el 2 de mayo, el PRD obtuvo 34 de los 71 escaños del parlamento y sólo necesitaría dos votos para tener la mayoría absoluta.
El ex candidato a la presidencia y actual secretario general del PRD, Martín Torrijos, afirmó el sábado que su partido hará "una oposición constructiva", pese a la actual pugna por el control de la mayoría parlamentaria entre su partido y los de la alianza Unión por Panamá, de Moscoso.
Hasta la semana pasada, el PRD contaba con el apoyo de los diputados del Partido Solidaridad, Laurentino Cortizo y Aidé Milanés.
Pero, según trascendió el domingo, Milanés reconsideraría su posición tras una oferta de Unión por Panamá para que ocupe un alto cargo en el parlamento a cambio de su voto.
Pero Torrijos insistió en que su partido cuenta con los votos para constituir la mayoría y, junto con sus aliados, ejercer un control absoluto del parlamento.
Otro frente abierto contra Moscoso procede de su propia alianza de gobierno, debido al descontento existente entre algunos dirigentes con el reparto de los puestos públicos y la cuota de poder asignado a cada uno de ellos por Unión por Panamá.
Las primeras discrepancias surgieron la semana pasada, cuando Sergio Gálvez, diputado del partido Cambio Democrático, criticó a Unión por Panamá, alianza dominada por el PA, por los escasos nombramientos que se otorgó a su partido.
Gálvez amenazó, incluso, con hacer una alianza con el PRD a cambio de una cuota de poder en el parlamento.
También habría una pugna entre el presidente de Cambio Democrático, Ricardo Martinelli, y el presidente del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena), Jesús Rosas, por los cargos asignados a ambos por Unión por Panamá.
Pese a que Martinelli guarda silencio al respecto, Rosas adujo que su partido está conforme con las tareas que le asignó Moscoso en su gobierno, pero que su organización "aspira a más posiciones".
Analistas independientes aducen que la única posibilidad de evitar que Moscoso quede verdaderamente atada de manos son unas negociaciones iniciadas la semana pasada entre el PRD, el PA, Molirena y el opositor Partido Demócrata Cristiano.
La intención de esas conversaciones es establecer una "agenda de Estado" que haga posible la governabilidad del país. (FIN/IPS/sh/mj/ip/99
