La movilización militar en el sureño estado de Chiapas, asiento de los rebeldes zapatistas, hace resonar tambores de guerra y agita el clima social en México, mientras algunos analistas creen que el gobierno esá dispuesto a admitir el agravamiento de la situación.
El Campamento Civil por la Paz, instalado por estudiantes y algunos artistas en Chiapas, señaló este viernes que la situación es tensa y responsabilizó al gobierno de eventuales actos de violencia.
Unos 500 indígenas que respaldan al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) cerraron el paso a principios de esta semana a cuadrillas de obreros que construían un camino en una zona considerada bastión de los insurgentes.
Los indígenas también montaron un campamento permanente para impedir la continuación de los trabajos.
El gobierno envió entonces al lugar a más de 500 militares y exigió que se permita la habilitación del camino. Hasta este viernes, soldados e indígenas permanecían frente a frente.
"Los pobladores no están rechazando el beneficio que podría traer el camino, pero coinciden en que este proyecto pretende justificar la ocupación militar y la explotación indiscriminada de las riquezas naturales" de Chiapas, se indicó en un comunicado del Campamento Civil por la Paz.
El no gubernamental Centro Fray Bartolomé de las Casas advirtió por su parte que la región está "al borde" de la reanudación de las hostilidades, "como en los primeros días de enero de 1994", cuando el EZLN se levantó en armas.
El senador Fernado Iturribarría, del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), aseguró que Chiapas está en "el filo de la navaja".
Son "las provocaciones del EZLN las que han llevado al actual clima de tensión en la zona de conflicto", afirmó Iturribarría.
La presencia de tropas en Chiapas aumentó en las últimas semanas no sólo para la construcción de la carretera sino también para ampliar su control a zonas en las que el EZLN tiene respaldo, según la versión de organizaciones no gubernamentales.
El gobierno se niega a precisar la cantidad de soldados que ha destinado a la región y afirma que el Ejército sólo efectúa tareas de reforestación, apertura de carreteras y protección de empresas constructoras.
La tensión creció el jueves, cuando el gobernador del estado sureño, Roberto Albores, advirtió que "se acabó la paciencia en Chiapas", y emplazó al EZLN a renunciar al "chantaje" y la "manipulación".
Albores aseguró que está dispuesto a asumir "el costo político" de resolver la crisis en el estado y pidió al Poder Legislativo regional que designe una comisión local de pacificación, para evitar "que sigan llegando agitadores desde el centro del país".
El gobernador criticó la presencia del Campamento Civil por la Paz, ubicado muy cerca del lugar en que los indígenas bloquean la construcción de la carretera.
El gobierno de Chiapas inició averiguaciones previas con la intención de pedir la detención de estudiantes universitarios de ciudad de México que forman parte del campamento.
El procurador de Chiapas, Eduardo Montoya, considera a los universitarios responsables de "incitar a los campesinos a cometer actos de violencia y (ponerse) fuera de la ley".
El Centro Fray Bartolomé de las Casas responsabilizó a Albores de la integridad física de los miembros de su organización y de los estudiantes.
Las tropas federales extendieron su control a decenas de pueblos y llegaron al valle de Amador, en la comunidad de Amador Hernández, donde la situación se ha tornado grave, de acuerdo con información de organziaciones no gubernamentales.
La Asociación Nacional de Abogados Democráticos opinó en una carta pública que la construcción de caminos "es sólo un pretexto para ocupar (las comunidades) militarmente, hostilizar a los pobladores, reprimir a observadores y provocar enfrentamientos con el EZLN".
El presidente Ernesto Zedillo "ya no quiere resolver problemas: quiere controlarlos con militares", afirmó este viernes el senador Gilberto López, miembro de la Comisión de Concordia y Pacificación, creada para verificar el proceso de paz en Chiapas.
En el penúltimo año de su gobierno de seis, Zedillo "va hacia una irracionalidad creciente y un abandono cada vez mayor de sus responsabilidades, como se ve en Chiapas", afirmó de su parte el analista político Luis Javier Garrido.
"En Chiapas, la necesidad oficial de no cumplir lo pactado permitió el fortalecimiento de alianzas nacionales entre el EZLN y movimientos estudiantiles y antiprivatizadores, pero con la amenaza latente del Ejército", advirtió por su parte el también analista Carlos Ramírez. (FIN/IPS/pf-dc/ff/ip/99
