La decisión de la Unesco de mantener un refugio de la ballena gris en el Pacífico de México fuera de la categoría del Patrimonio Mundial en Peligro pone a este país ante el dilema de proteger de todos modos ese ecosistema o incorporarlo a proyectos de desarrollo.
Fuentes legislativas informaron que la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura) resolvió no integrar la reserva de El Vizcaíno, en el noroccidental estado de Baja California Sur, a la lista del Patrimonio en Peligro.
Expertos de la Unesco que investigaron en el terreno las condiciones vigentes en El Vizcaíno, donde miles de ballenas grises arriban cada año procedentes de Alaska para reproducirse, concluyeron que no existen argumentos para respaldar la petición de grupos como Greenpeace.
La misión del Comité de Patrimonio Mundial que visitó del 23 al 28 de este mes las lagunas de San Ignacio y Ojo de Liebre, entregará formalmente su dictamen y recomendaciones al gobierno de México el 28 de noviembre en Marruecos, en el marco de su reunión mundial.
La empresa mexicano-japonesa Exportadora de Sal (ESSA) pretende instalarse en San Ignacio, pero su propuesta todavía no fue aprobada, aclaró la legisladora Verónica Velasco, miembro de la comisión de la Cámara de Diputados que investiga la situación de la salinera.
La secretaria (ministra) de Medio Ambiente, Julia Carabias, fue enfática al respecto: la exigencia de las organizaciones no gubernamentales (ONG) de prohibir toda actividad comercial en el santuario ballenero carece de justificación técnica y científica.
Una decisión de tal magnitud, adoptada sobre la base de la desinformación, causaría el desprestigio de México, afirmó Carabias.
La compañía ESSA, de la cual el estado mexicano controla 51 por ciento y el resto la firma japonesa Mitsubishi, produce en Guerrero Negro y la laguna Ojo de Liebre siete millones de toneladas de sal al año, que exporta principalmente a Japón.
Con una inversión de 120.000 millones de dólares y el ofrecimiento de crear 200 empleos permanentes, ESSA pretende desde hace cinco años explotar unas 54.000 hectáreas de la superficie que bordea las aguas de San Ignacio, de la que forma parte El Vizcaíno.
El proyecto prevé la succión de 1,5 millones de metros cúbicos anuales de aguas de San Ignacio, declarada en 1993 Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco.
La empresa opina que las corrientes marinas que avanzan hacia San Ignacio equivalen a 200 veces la cantidad de agua que sería extraída a diario para su evaporación. Es decir, únicamente 0,5 por ciento del volumen de agua que las mareas llevan dos veces al día a esa laguna.
Pero las ONG advierten que la contaminación por fugas de petróleo, el incremento de la navegación para estibar la sal y el crecimiento de asentamientos humanos representan un peligro latente para las especies marinas.
Funcionarios de las secretarías (ministerios) de Relaciones Exteriores, Comercio, Educación y Medio Ambiente aseguraron a los miembros del Comité de la Unesco que México aplicará la ley sin reservas para evaluar la viabilidad del proyecto.
Grupos ecologistas y habitantes del lugar aseguran que, en caso de aprobarse el plan de expansión de la salinera, disminuirá la presencia de ballenas grises que, junto con otras siete especies, llegan todos los inviernos a mares mexicanos.
Greenpeace y el Grupo de los Cien, entre otros organismos ambientalistas, demandaron penalmente este año a ESSA por verter salmuera tóxica al complejo lacustre de Baja California.
El vertido causó la muerte de ejemplares de la tortuga marina prieta, una especie en riesgo de extinción, y de peces y moluscos.
Las salmueras tóxicas o amargas son un desecho generado en la producción de sal por evaporación de agua de mar y contienen en alta proporción metales pesados como plomo, arsénico y mercurio, según datos de organizaciones ecologistas.
En el último periodo invernal llegaron a aguas mexicanas unas 20.000 ballenas, y 52 murieron cuando emprendían el regreso al mar Artico.
Greenpeace acusa a las autoridades mexicanas de "negarse a estudiar a fondo" las causas de la mortandad de mamíferos marinos en las costas del país, que sería la mayor del mundo, de acuerdo con su información.
"El estado de derecho y el prestigio internacional de México están a prueba con el plan de expansión" de ESSA, advirtió el analista Agustín Gutiérrez Canet.
La disyuntiva entre el desarrollo económico y la conservación del hábitat "es un falso dilema, pues el desarrollo nunca debe lograrse con el exterminio de la naturaleza", señaló Gutiérrez Canet.
La Coalición para la Defensa de San Ignacio arguye que la expansión de la salinera sería ilegal, debido a que ese santuario de la ballena gris es reserva de la biosfera de El Vizcaíno y, por tal razón, se violaría la norma oficial mexicana sobre la materia.
En contrapartida, la Alianza de Pueblo y Ejidos Sudcalifornianos califica de "infamia inaceptable" la campaña de los grupos ecologistas hacen contra la empresa salinera de Guerrero Negro, que emplea a 12.000 personas.
Hace cuatro años, las autoridades negaron a ESSA permiso para ampliar sus actividades a San Ignacio, por considerarlo incompatible con los objetivos de conservación de la zona y de uso del suelo. (FIN/IPS/pf/ff/en/99
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