La frágil paz del estado mexicano de Chiapas peligra al fragor de interpretaciones, estrategias y posiciones políticas tan extremas como las diferencias sociales y la pobreza de esa región, donde las armas también hablan.
Siete soldados heridos y tres indígenas detenidos fueron este miércoles la consecuencia de un enfrentamiento a raíz de nuevas incursiones militares en zonas de influencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), iniciadas la semana pasada.
Diputados, grupos humanitarios y analistas advirtieron que el peligro de guerra aumenta en Chiapas, donde la tregua armada se mantiene tambaleante hace cuatro años y todos los intentos de reanudar las negociaciones de paz, rotas en 1996, fracasan.
Los miembros de la Comisión de Concordia y Pacificación del Congreso anunciaron este jueves que realizarán un viaje de emergencia al estado para intentar que se calmen los ánimos y evitar que se desate la violencia.
Con el último enfrentamiento, el conflicto de Chiapas y su atípica guerrilla, que dice demandar democracia y organiza encuentros políticos, consultas y hasta envía delegados al exterior, se aseguran un espacio importante en la escena electoral, señalaron los observadores.
Las elecciones por la sucesión del presidente Ernesto Zedillo se realizarán en julio del 2000 y, según algunas encuestas, es posible que por primera vez en 70 años el gobernante Partido Revolucionario Institucional las pierda.
El gobierno de Zedillo acusó del origen del enfrentamiento a los seguidores de la guerrilla que, afirmó, atacaron el miércoles con piedras, palos y machetes a soldados que realizaban una patrulla de rutina y que debieron disparar al aire para defenderse y hacer tres detenciones.
El EZLN y diputados del opositor Partido de la Revolución Democrática rechazaron la versión oficial y aseguraron que fueron los soldados quienes hirieron de bala a dos indígenas y detuvieron y torturaron a otros tanto sin explicar los motivos.
Siguiendo la lógica observada los últimos cuatro años, tras el episodio el gobierno y la guerrilla reiteraron cada uno por su lado que sólo buscan la paz y el diálogo, acusaron al contrario de provocar nuevos problemas en Chiapas y afirmaron que ninguno está dispuesto a reiniciar la guerra.
A esa posiciones diversas se sumaron pedidos de los partidos políticos opositores para que renuncie el gobernador de Chiapas, Roberto Albores, a quien acusan de alentar la violencia, y advertencias de autoridades locales del estado sureño para que los indígenas y los zapatistas se "sometan a la ley".
Los nuevos enfrentamientos se registraron una semana después que campesinos seguidores del EZLN establecieron un campamento para impedir que el gobierno siga construyendo un camino en el corazón de una zona donde la guerrilla tiene importante influencia.
El gobierno sostiene que los caminos son para garantizar el orden, facilitar trabajos de asistencia social y permitir el desarrollo de Chiapas, por lo que ordenó que militares y policias refuercen su presencia en la zona y continúen con los trabajos, lo que no ha sucedido.
En los últimos cuatro años, el Estado realizó inversiones por más de 6.500 millones de dólares en Chiapas, cambió cinco veces al gobernador, realizó múltiples acciones de asistencia social con policías y militares, construyo caminos y presentó varios programas contra la pobreza.
Sin embargo, la miseria en la zona se mantiene.
En Chiapas el analfabetismo es de 30 por ciento, dos veces y media el promedio nacional, la deserción escolar se ubica en 23,1 por ciento y la población de 15 años o más sin ninguna instrucción llega a 25,6 por ciento, porcentajes que duplican los de todo el país.
Además, 45,7 por ciento de las viviendas de la zona son de piso de tierra, 41,6 por ciento no tiene agua potable, 52 por ciento no cuenta con drenaje y 28 por ciento no recibe energía eléctrica. Cada porcentaje duplica a los del resto del país.
Grupos humanitarios indican que gran parte de los gastos del gobierno en Chiapas se destinan hoy al mantenimiento de cientos de militares y policias, cuyos retenes y puestos de control ocupan todas las zonas.
Las autoridades se niegan a revelar cuánto cuesta la presencia militar, pero algunos lo calculan en más de 600 millones de dólares anuales.
Hoy, y a pesar de la ley de pacificación, en Chiapas ya habría más de 50.000 militares con armas de avanzada y suficiente poder para atacar con éxito a los poco menos de 10.000 miembros del EZLN, la mitad de los cuales no tiene armas. Muchos solo cuentan con machetes y palos.
Cercada por tierra y aire, el comando militar del EZLN, liderado por el subcomandante Marcos, se mueve en pequeñas zonas selváticas fronterizas con Guatemala, evitando un choque armado con soldados.
El cerco no ha impedido, sin embargo, que la guerrilla convoque desde la selva a grupos opositores a consultas pacíficas, organice encuentros internacionales y hasta envíe delegados a recorrer México y visitar países extranjeros.
Tampoco impidió que los enfrentamientos políticos, religiosos y de tierras entre las comunidades de Chiapas dejen un saldo de más de 1.000 muertos, desde 1994 a la fecha.
"Somos una guerrilla con vocación suicida, pero no porque busquemos morir, sino porque queremos desaparecer pronto", ha señalado el subcomandante Marcos, a quien el gobierno identifica como Rafael Sebastián Guillén, un ex profesor universitario de 40 años, graduado en filosofía y con estudios en el extranjero.
No queremos la guerra, pero actuaremos si nos atacan, advierten los guerrilleros, mientras Zedillo y sus voceros dicen tener "una paciencia infinita" para buscar una salida pacífica al conflicto y prometen que nunca optarán por la vía militar. (FIN/IPS/dc/mj/ip/99
