El gobierno de México reivindicó hoy su voluntad de desactivar la escalada de tensión más dramática de los últimos años en el corazón de una zona rebelde del estado sureño de Chiapas, donde, según políticos opositores, se gesta "un Kosovo mexicano".
El coordinador para el Diálogo y la Negociación en Chiapas, Emilio Rabasa, dijo que la decisión de suspender la construcción de un camino en los dominios del insurgente Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) es una muestra inequívoca de la voluntad pacificadora del gobierno.
Indígenas afines al EZLN habían bloqueado la construcción de del camino que atravesaría la comunidad de Amador Hernández, por considerar que tenía como objetivo allanar el acceso a la zona de efectivos del ejército.
Los zapatistas y organizaciones humanitarias aseguran que unos 50.000 soldados están desplegados en Chiapas.
Rabasa destacó este viernes que el cambio de ruta de la carretera pone en evidencia la intención del gobierno de buscar una salida política a un conflicto que dura ya casi dos semanas y que este miércoles derivó en un enfrentamiento entre soldados e indígenas.
En los hechos, siete soldados y dos zapatistas resultaron heridos y tres indígenas fueron detenidos. Las autoridades policiales indicaron que continuarán las investigaciones para determinar quiénes fueron los agresores.
Según los indígenas, los soldados les disparon sin justificación, pero el gobierno rechaza esa versión y sostiene que los militares fueron los agredidos, por lo que debieron disparar al aire para evitar incidentes mayores.
Mientras se multiplican las voces que advierten sobre la amenaza de que se desate la guerra, autoridades de justicia discuten si, al abrir fuego, los soldados rompieron el acuerdo de cese de las hostilidades alcanzado entre el EZLN y el gobierno en 1994, luego de escasos 12 días de enfrentamientos armados.
La escalada de tensión en el conflictivo y empobrecido estado de Chiapas comenzó el día 14, cuando el líder de la guerrilla, conocido como subcomandante Marcos, denunció la incursión del ejército en Amador Hernández y la excesiva militarización en todo el estado.
Marcos es identificado por el gobierno identifica como Rafael Sebastián Guillén, un ex profesor universitario de 40 años, graduado en filosofía y con estudios en el extranjero.
Tras la llamada de atención de Marcos siguieron protestas indígenas, a las que se sumaron estudiantes universitarios que viajaron a Chiapas procedentes de la ciudad de México.
En repuesta a las protestas, del gobernador del estado, Roberto Albores, se declaró dispuesto a asumir "el costo político" de resolver el conflicto con el EZLN y amenzó con aplicar todo el peso de la ley contra los inconformes.
Entre otras medidas, el gobierno de Chiapas declaró persona "non grata" a la popular actriz y activista social Ofelia Medina, a quien decidió expulsar del estado.
Intelectuales, políticos y luchadores sociales salieron en defensa de los derechos de Medina y de los mexicanos a transitar con libertad por el país.
Rabasa afirmó que persistir en las obras de la carretera abriría un enfrentamiento permanente. Indicó que se determinará el nuevo trazo del camino en base a consultas a los habitantes de Amador Hernández.
El responsable de las negociaciones con la guerrilla, que anunció su existencia el 1 de enero de 1994 y que no dialoga con el gobierno hace más de tres años, reiteró que el objetivo de la carretera es promover el desarrollo social.
Legisladores integrantes de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) discrepan, por otra parte, sobre la conveniencia de exigir la renuncia del gobernador Albores, a quien grupos sociales identifican como un factor determinante en la exacerbación de la crisis de violencia en el estado.
El senador del izquierdista Partido de la Revolución Democrática Carlos Payán declaró que la sola incitación que el gobernador Albores hizo a los habitantes de Chiapas de resolver por sí solos sus problemas, "sin 'injerencia de agitadores' del centro del país", crea "una especie de Kosovo" en ese estado.
Con sus expresiones, Albores "alentó la polarización y la división en el estado, y con esa actitud está creando un Kosovo" mexicano, expesó.
Las manifestaciones de Albores "deberían ser motivo para que se le haga juicio político o se le destituya", afirmó Payán.
El senador del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) Fernando Iturribarría estimó, en cambio, que demandar la destitución de Albores "solo contribuirá a acelerar la crisis política en la entidad".
El gobernador, para quien hasta este viernes el problema suscitado en las comunidades indígenas es "de bajo nivel", descartó la noche del jueves que su salida del Poder Ejecutivo del estado constituya una medida conveniente para distender o resolver la situación.
Mientras, organizaciones no gubernamentales persisten en exigir al gobierno que detenga la incursión del ejército en el estado. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas denunció que los tres indígenas detenidos en el enfrentamiento con las fuerzas armadas fueron víctimas de tortura.
Expertos sostienen que desde 1994 la política oficial en Chiapas pretende contener el descontento social mediante programas de corte más bien político, en particular cuando faltan 11 meses para las elecciones presidenciales más reñidas de la historia moderna del país.
Las acciones económicas y militares en Chiapas tendrían el objetivo de frenar el crecimiento del movimiento zapatistas, que en los últimos meses se mantuvo en un segundo plano en el panorama nacional, señalan analistas. (FIN/IPS/pf/mj/ip hd/99
