El gobierno de México liberó en los últimos 10 días a 150 de los alrededor de 5.000 indígenas presos. Las autoridades reconocen que gran parte de los nativos no saben de qué se les acusa, carecen de abogados y ni siquiera hablan castellano.
Entre los beneficiados estuvo María Tuz, indígena maya que cumplió seis de los 10 años de prisión a los que fue condenada por cultivar una pequeña parcela de marihuana. El delito de Tuz fue seguir los consejos de un brujo que le recomendó usar la planta para tratar su artritis.
La excarcelación de indígenas es parte de un programa de liberación anticipada anunciado la semana pasada por el gobierno y la estatal Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Este martes recobraron su libertad varios nativos, con lo que la promesa oficial de liberar a 150 en dos semanas se cumplió.
Los casos seguirán siendo analizados, pues algunos indígenas son inocentes o víctimas de circunstancias adversas, dijo la Comisión.
El director general de Prevención y Readaptación Social, Miguel Yunes, explicó que la liberación de nativos se realiza siempre que no sean acusados de delitos graves, integren bandas organizadas o hayan participado en motines.
La marginación y discriminación atentan contra los esfuerzos por disminuir el número de nativos encarcelados, la mayoría de los cuales carecen de antecedentes penales cuando son detenidos, según un estudio del Instituto Nacional Indigenista.
El informe añade que los nativos presos "van al encuentro de un mundo distinto y hostil, donde se utiliza otra lengua, y se les aplica una ley que ignoran".
En los 438 centros penitenciarios de México, la mitad de los cuales son vetustos, sin infraestructura y atendidos por personal no capacitado, 45 por ciento de los 141.294 presos están sin sentencia, un número que aumenta 25,5 por ciento cada año.
Además, 57 por ciento de los presos no tiene talleres donde invertir su tiempo ni son obligados a trabajar.
El sistema penitenciario "lo arruina todo", dijo Luis de la Barreda, presidente de la CNDH en el Distrito Federal. "Con frecuencia los internos y su familias se ven compelidos a pagar por servicios elementales que deberían ser gratuitos, lo que provoca una situación de injusticia lacerante", agregó.
El organismo humanitario reconoce que las disposiciones constitucionales en materia de derechos de los pueblos indígenas y sus normas secundarias en el campo penal, como tener derecho a ser procesado y defendido en lengua materna, son letra muerta.
De los alrededor de 5.000 indígenas presos, 90 por ciento son hombres. La edad de incidencia delictiva promedio oscila para los varones entre los 22 y 45 años, mientras en las mujeres varía entre los 33 y 45.
Autoridades policiales afirmaron que la mayoría de los indígenas detenidos en México corresponden a casos de transporte de drogas, peleas con uso de armas y cultivo y venta de marihuana.
En los procesos judiciales, muy pocos nativos cuentan con un abogado calificado y traductor, por lo que algunos no entienden bien las acusaciones, dicen los grupos humanitarios.
El Instituto Nacional Indigenista inició en 1990 el análisis de los expedientes de los nativos presos con miras a su liberación. Hasta 1997, el organismo estatal logró varias liberaciones, manteniendo el número de nativos presos siempre bajo los 5.500.
Diversas investigaciones señalan que algunos nativos cometen delitos conexos con el narcotráfico, pues las mafias les ofrecen ingresos mucho mayores si cultivan droga en vez de otros productos. Otros caen en las redes de los delincuentes cuando emigran a las ciudades y no encuentran trabajo.
Un importante porcentaje de los detenidos permanecen varios años en las cárceles por delitos menores, falta de asesoramiento, miedo al entorno o ignorancia sobre sus derechos, dijo la CNDH.
El analfabetismo de los indígenas mexicanos, distribuidos en más de 50 etnias, llega a 43 por ciento, más del triple que el promedio nacional. (FIN/IPS/dc/mj/hd pr/99
