Siete de las 12 principales organizaciones de narcotraficantes del mundo son de México y, según evidencias, tienen vínculos con el poder político y policial de este país, otrora estable y predecible.
Pero hoy, cuando la política mexicana se llena de sorpresas, muchos temen que las mafias desaten una guerra.
Expertos alertan sobre las amenazas que surgen tras el atentado fallido contra el fiscal antidrogas Mariano Herrán el domingo, las pruebas contra un ex gobernador que protegía a las mafias y los crímenes atribuidos a fricciones entre carteles y autoridades por los últimos decomisos importantes de cocaína.
El recrudecimiento "de la guerra del narcotráfico está relacionada con la alternancia del poder", dijo a IPS el experto Jorge Fernández.
Para los carteles, la no permanencia en el poder de un grupo "con el que ya habían tejido alianzas implica la pérdida de control", dijo Fernández, autor del libro "Narcotráfico y poder".
Según la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, el poder de los carteles mexicanos es cada vez mayor. De las 12 principales organizaciones de narcotráfico en el mundo, siete son mexicanas, cuatro colombianas y una dominicana, según un informe del FBI presentado en junio.
Las ganancias de los carteles mexicanos, que tienen relaciones estrechas con el poder político, ascienden a 30.000 millones de dólares anuales, indicaron en marzo investigadores de New York Institute of Technology en su investigación "Latinoamérica: el crimen organizado en tráfico de narcóticos".
Siguiendo con la serie de exitosos golpes contra las mafias, la Procuraduría General informó este martes la detención de Oscar García, ex comandante de la policía judicial acusado de ser el enlace entre narcotraficantes y el ex gobernador del estado caribeño de Quintana Roo Mario Villanueva, prófugo desde marzo.
Para los investigadores, es posible que García pueda revelar detalles de las relaciones de Villanueva y quizá de algún otro político con los traficantes de drogas.
El ex gobernador es miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobierna México desde 1929, y amigo cercano de Roberto Madrazo, precandidato presidencial de ese partido.
Las relaciones entre narcotráfico y dirigentes políticos, policías y militares son clave en las investigaciones del asesinato de un líder eclesiástico y de dos dirigentes del gobernante PRI, ocurridas entre 1993 y 1994, en momentos de agitación política.
Consciente de que la amenaza de un nuevo crimen se mantiene, el gobierno de Ernesto Zedillo ofreció protección policial especial a los precandidatos que aspiran sucederlo tras las elecciones de julio del 2000.
"Deberían tomar precauciones para evitar que un atentado ponga en riesgo la estabilidad política del país", señaló Mayolo Medina, secretario ejecutivo del estatal Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Casi todos rechazaron la oferta y adujeron que estarían mejor protegidos por sus guardias privadas. "Quiero llegar vivo a los Pinos", donde está la residencia presidencial, dijo Madrazo, ex gobernador de Tabasco.
Luego de 70 años de designar a sus candidatos por orden directa del presidente en funciones, el PRI prepara para noviembre elecciones primarias con el fin de elegir a su canditato en los comicios presidenciales del 2000.
Entre los cuatro contendientes figura Madrazo, a quien su compañero de partido, Esteban Moctezuma, llama el "representante de la corrupción".
"Estoy convencido de que el financiamiento que hay detrás de Madrazo es de quienes han representado el PRI más tradicional y más corrupto", expresó Moctezuma, ex secretario (ministro) de Gobierno (Interior) de Zedillo y actual jefe de campaña del precandidato Francisco Labastida, también oficialista.
Como nunca antes, el antes monolítico e invencible PRI sufre fricciones internas que, según reconoce su dirigencia, pueden llevarle a perder las elecciones presidenciales frente a los partidos de oposición de centroizquierda y derecha, hoy unidos en una coalición.
Mientras aparecen nuevos elementos políticos, que rompen con las tradiciones y las viejas formas, el riesgo de un reacomodo violento de las mafias es una amenaza real, advirtió Fernández.
Para Steven David, investigador de la universidad estadounidense Johns Hopkins, la combinación de problemas económicos, elecciones presidenciales convulsionadas y presencia del narcotráfico podría llegar a generar en México una "guerra civil".
La creciente influencia del dinero generado por la venta de drogas representa hoy la principal fuente de inestabilidad en México, sostuvo el investigador en su ensayo "Salvando a América de las guerras que vienen", publicado en enero por la revista Foreing Affairs.
Hay "indicios" de que algunas personas del gobierno "pueden haber servido a los intereses del narcotráfico", reconoció en 1995 el presidente Zedillo.
Una investigación de la Universidad Nacional Autónoma de México indicó que las bandas de narcotraficantes que operan en el país obtienen ganancias anuales de entre 15.000 y 30.000 millones de dólares anuales, de los cuales 800 millones son "invertidos"' en sobornos a las autoridades.
Varios militares de alto rango, entre ellos el general Jesús Gutiérrez, ex jefe antidrogas, han sido detenidos los últimos años por su relación con las mafias.
Además, el hermano del ex presidente Carlos Salinas (1988- 1994), Raúl Salinas, preso por el asesinato de secretario general del PRI, Franciso Ruiz Massieu, en 1994, es investigado por lavado de dinero.
"Las bandas de narcotraficantes se fortalecieron con Salinas. El problemas mexicano es hoy como el de Colombia, con la aparición de sicarios. Grupos políticos de mucho poder protegen a las principales bandas de narcotráfico", escribió Carlos Ramírez, columnista del diario El Universal. (FIN/IPS/dc/mj/ip/99
