La democracia de Honduras continúa en peligro tras la crisis militar del viernes, pues sectores de las Fuerzas Armadas "se resisten a los cambios", advirtió un dirigente humanitario.
El presidente del no gubernamental Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (CODEH), Ramón Custodio, sostuvo, sin embargo, que el presidente Carlos Flores "ha demostrado" a los jefes militares que pretendieron realizar nombramientos sin el aval del gobierno "que no es una figura decorativa".
La democracia ha prevalecido y "otra crisis inducida por los militares ha sido aplacada", agregó Custodio.
El presidente Flores logró conjurar el viernes una grave crisis militar al remover a los principales cuadros de las Fuerzas Armadas y destituir al viceministro de Defensa, general Roberto Lazarus.
En medio de una cadena de radio con marchas militares, Flores mantuvo una reunión de más de cinco horas en la sede de la presidencia con el ministro de Defensa, Edgardo Dumas, y con la Junta de Comandantes del Ejército.
Mientras, la sede del gobierno permanecía acordonada por soldados y el helicóptero presidencial tenía los motores encendidos y las puertas abiertas, con el piloto en su puesto. Eso originó rumores de que había triunfado un golpe de Estado militar como los que fueron comunes en los últimos 40 años.
Las remociones implican el descabezamiento de la cúpula de las Fuerzas Armadas y son la culminación de un proceso de desmilitarización de la sociedad iniciado en la presidencia de Carlos Reina (1994-1998) y que fue objeto de una reforma constitucional en enero.
Los cambios eran previsibles, pero al parecer los militares se insubordinaron y prácticamente "encerraron" a Flores en la casa de gobierno, donde, según allegados al mandatario, éste logró abortar un virtual golpe de Estado.
El mismo viernes, la Contraloría General anunció la intervención, a iniciativa del ministro Dumas, de todas las cuentas de las Fuerzas Armadas, que controlan un poderoso grupo económico, para investigar denuncias sobre planillas fantasma y establecer un mecanismo de auditoría.
Los cambios anunciados el viernes por Flores fueron la réplica a nombramientos efectuados en las últimas dos semanas por la junta de comandantes sin consentimiento de Dumas, quien se encontraba en México, y avaladas por el luego destituido viceministro Lazarus.
El ministro Dumas dejó sin efecto la decisión de la cúpula militar cuando retornó el 26 de julio al país. "No me fue consultada", argumentó.
"Aquí quien lleva el barco soy yo. El poder civil es el que manda. La decisión de la junta de comandantes fue inoportuna. Por eso, desconozco esos cambios. Si se dan nuevos nombramientos, los voy hacer yo, en consulta" con el presidente Flores, dijo Dumas.
Las Fuerzas Armadas gozaron de autonomía del poder civil entre 1957 y enero de este año, cuando la reforma constitucional eliminó el cargo de comandante en jefe e impuso como máxima autoridad al presidente, a través del ministro de Defensa.
Los militares se valieron de reiterados golpes de Estado para ejercer el gobierno durante dos décadas, durante las cuales se cometieron numerosas violaciones de derechos humanos que incluyeron 187 desapariciones. Desde 1982 se sucedieron cinco presidentes civiles.
El proceso de desmilitarización de la sociedad hondureña iniciado cinco años atrás costó dos atentados contra la vida del ex presidente Reina, quien sufrió también reiteradas amenazas de golpe de Estado.
Reina eliminó el servicio militar obligatorio y nombró a civiles en cargos que antes eran desempeñados en exclusiva por oficiales.
A partir de la reforma de enero, los militares ya no gozan de inmunidad y las autoridades civiles pueden fiscalizar y controlar su presupuesto, e investigar los negocios en que han incurrido y numerosas denuncias de corrupción y enriquecimiento ilícito
Los militares controlan aún hoy un complejo empresarial incluido entre los ocho grupos económicos más poderosos de este país y que es conducido a través del Instituto de Previsión Militar (IPM), cuya función es garantizar a los oficiales un ingreso mensual luego del retiro.
La intervención militar en la vida económica del país es causa de quejas entre los empresarios, que la consideran "competencia desleal".
Entre las empresas conducidas por el IPM figuran una de los dos principales cementeras de Honduras, un equipo de fútbol, una radioemisora, un banco, aseguradoras, tarjetas de crédito, camaroneras, granjas agrícolas y una agencia de publicidad.
También poseen una fábrica de uniformes militares y empresas de seguridad y, según distintas versiones, están por adquirir un periódico que quebró hace más de un año.
El IPM controla a través de la empresa Armería la tenencia y porte de armas, que según la Constitución es una de las funciones de las Fuerzas Armadas, actividad que les reporta unos tres millones de dólares anuales.
El ministro Dumas pretende que esa función sea ejercida directamente por las Fuerzas Armadas, y no a través del IPM.
El secretario de Estado también resistió con éxito una insubordinación en junio, encabezada por los coroneles Rodolfo Interiano Portillo y Eugenio Romero Euceda, uno de los remplazados el viernes.
Dumas, un abogado vinculado con la Sociedad Interamericana de Prensa y ex embajador en Estados Unidos, definió desde el inicio de su gestión su intención de controlar todas las actividades militares al instalar su oficina en el edificio del Estado Mayor Conjunto.
El ministro explicó que la próxima etapa será crítica, pues intentará "reordenar el presupuesto" de las Fuerzas Armadas, calculado en 40 millones de dólares, para "darle un uso racional y justo".
"Voy a revisar planilla por planilla, gasto por gasto y puedo asegurar que no va ser cualquier fulano quien hará lo que le venga en gana con estos fondos", afirmó.
El ministro, llamado por la prensa "el hombre del bastón", es considerado entre jefes militares un "señor quisquilloso" que los obliga a madrugar, a recorrer los batallones y a mejorar las relaciones entre los soldados y los oficiales.
Dumas goza de un amplio respaldo de la sociedad civil, de las organizaciones de derechos humanos y del propio presidente Flores. Los críticos del gobierno suelen considerarlo el mejor ministro del gabinete.
Mientras, la Justicia sentenció en diciembre que la amnistía que benefició en 1990 a los exiliados políticos de izquierda ampara también a militares acusados de violar los derechos humanos.
Antes de este fallo, integrantes de las Fuerzas Armadas habían auxiliado en su fuga a 13 militares activos y retirados acusados en los tribunales de la desaparición de activistas y dirigentes políticos de izquierda en los años 80. (FIN/IPS/tm-mj/mj/ip/9
