La situación del Poder Judicial de Guatemala es "grave", debido a incompetencia, tráfico de influencias, falta de recursos, corrupción, intimidaciones e impunidad, aseguró el relator de Justicia de la Organización de las Naciones Unidas.
El sistema judicial "fue el más devastado durante los 36 años del conflicto armado interno y por eso se hace difícil recuperar la confianza del pueblo hacia sus autoridades, tal como lo indica una encuesta, en la que 88 por ciento (de los consultados) consideró que la administración de justicia es inadecuada", declaró el enviado de la ONU, Param Cumaraswamy.
"El estado (de la justicia) es grave, tan grave como para abordarlo con apremio y buscar soluciones duraderas. Lo único que puedo decir es que es urgente realizar reformas a fondo", dijo Cumaraswamy el viernes, al finalizar una investigación de 13 días en Guatemala.
Paraswamy, originario de Malasia, puntualizó que sus conclusiones son "preliminares", ya que no presentará el informe final hasta principios del próximo año.
El relator, que debe presentar sus conclusiones a la Comisión de Derechos Humanos de ONU, aclaró que el interés demostrado por los medios de comunicación lo indujo a expresar algunas de sus ideas.
"Llegué con apertura de miras, para reunirme con los diferentes sectores de la administración dejusticia, con organizaciones no gubernamentales y víctimas de violaciones a derechos humanos, para comprobar el fundamento de las denuncias recibidas de intimidación, amenazas e impunidad, que impedían el cumplimiento de los acuerdos de paz", agregó.
Paraswamy se refirió a la impunidad "como un cáncer que amenaza a toda la sociedad y si no se le pone freno y se extirpa, destruirá paulatinamente la sociedad".
Según aseguró, su punto de vista fue compartido tanto por sectores oficiales como no gubernamentales. Si bien nadie niega que la impunidad prevalece en Guatemala "no logré estadísticas del gobierno", advirtió.
Pero a la vista de estadísticas independientes, pudo saber que en 1996, sólo 10 por ciento de homicidios violentos fueron juzgados por los tribunales. O sea, la impunidad fue ese año de 90 por ciento de los casos.
"No tengo estadísticas de 1997 y 1998, pero de 1996 no se sabe qué proporeción (de casos) de ese 10 por ciento llegó a condena", señaló.
"Esto demuestra que mientras los casos no se resuelvan, la confianza de la población en el sistema de justicia va a continuar sufriendo", dijo .
El relator también se refirió al linchamiento de presuntos delincuentes, al que calificó de "inquietante". Agregó que desde 1994 se produjeron unos 250 linchamientos, pero sólo dos fueron objeto de investigación y sus actores procesados.
"La causa de estas ejecuciones sumarias podría ser la frustración ante el sistema de justicia actual, que podría tener efecto desestabilizador", advirtió.
Cumaraswamy también instó al ejército a colaborar con la justicia, e informó haber señalado al Ministro de Defensa "que el ejército ha sido implicado en varios asesinatos y que deberían velar porque los actores de estos crímenes comparezcan ante la justicia".
Aunque reconoció que no obtuvo pruebas contundentes sobre la participación de militares en esos asesinatos, dijo que lo importante es que se desvanezcan las sospechas. (FIN/IPS/cz/ff/hd/99
