Grupos humanitarios denunciaron que en Guatemala triunfó una vez más la impunidad, al conocerse el fallo judicial que condenó a cinco años de prisión conmutables a 26 militares por el asesinato de 11 campesinos indígenas en 1995.
El tribunal de Cobán, Alta Verapaz, condenó por homicidio culposo a los militares que dispararon contra los indígenas de la finca Xamán, y por homicidio culposo por encubrimiento a los demás miembros de la patrulla, comandada por el oficial Camilo Lacán Chaclán.
Con este fallo, los jueces los absolvieron de los delitos de ejecución extrajudicial y ejecución extrajudicial en el grado de tentativa y lesiones culposas, como solicitó el fiscal Ramiro Contreras, lo que les hubira significado la pena de muerte o cadena perpetua.
Los jueces basaron su fallo en el argumento de los abogados defensores, que alegaron que los soldados actuaron en contra de los campesinos en defensa propia, y concluyeron que si bien actuaron en forma imprudente al ingresar a la comunidad, no tenían intención de causar daño a los pobladores.
El fallo confirmó los temores que había manifestado la líder indígena y premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, quien actuó como querellante adhesiva, pero decidió retirarse por considerar que en el proceso había negligencia, omisión de pruebas presentadas por ella y la parcialidad de los jueces.
"Los guatemaltecos sentimos vergüenza de cómo opera la justicia en nuestro país", dijo a IPS la abogada Karen Fischer, de la no gubernamental Alianza Contra la Impunidad, al comentar el fallo.
La abogada Estela López, de la Fundación Rigoberta Menchú, denunció que la sentencia fue negociada entre los jueces y el ejército y aseguró que "no se puede hablar de homicidio cuando se trata de una población civil integrada en su mayoría por mujeres y niños desarmados".
López agregó que el Estado guatemalteco tendrá que responder en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la falta de sanción a los responsables de 11 ejecuciones extrajudiciales.
El fallo del caso Xamán refleja la impunidad que se vive en el país centroamericano, dijo a IPS Helen Mack, directora de la Fundación Myrna Mack, que lleva el nombre de su hermana, una antropóloga asesinada por militares en 1990.
Luis Ramírez, director del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, declaró a El Periódico que esta sentencia condenatoria "está en completa desproporción con el daño causado" y no envía más que un mensaje de impunidad.
La acción, en la que murieron 11 campesinos y otros 30 resultaron heridos, ocurrió el 5 de octubre de 1995, cuando la comunidad "Aurora 8 de Octubre" de la Finca Xamán, en Alta Verapaz, se preparaba a celebrar su primer año de retorno, tras un largo exilio debido al conflicto armado interno de 36 años.
En ese momento, una patrulla militar comandada por Lacán Chaclán realizaba un recorrido de rutina por los alrededores de la aldea.
Los soldados afirman que los campesinos los invitaron a ingresar y una vez en el lugar comenzaron a provocarlos, pero éstos últimos aseguran que la patrulla ingresó pese a que les advirtieron que el ejército debía mantenerse alejado de los retornados.
La presentación de un recurso de apelación abriría ahora la posibilidad de que el fallo sea revocado, confirmado o modificado por la Sala de Apelaciones jurisdiccional. (FIN/IPS/cz/ag/hd- ip/99
