Cuatro compañías de prendas de vestir de Estados Unidos aceptaron acuerdos extrajudiciales para evitar juicios por la presunta explotación de trabajadores en sus fábricas en el territorio estadounidense de Saipán.
Las firmas Nordstrom, J. Crew, Cutter y Bock and Gymboree anunciaron el lunes que permitirán que una entidad independiente supervise las condiciones de trabajo en Saipán, la capital de la Comunidad de las Islas Marianas del Norte, un territorio de Estados Unidos en el Pacífico.
Las compañías niegan que tuvieran conocimiento o fueran cómplices de abusos laborales practicados en la isla. Sin embargo, por el acuerdo extrajudicial pagarán 1,25 millones de dólares para financiar la supervisión independiente.
La cifra también cubrirá daños parciales sufridos por trabajadores que no recibieron salarios atrasados, ingresos por trabajo extra o indemnización por accidentes laborales. Parte del dinero también se destinará a la educación pública y a los honorarios de los abogados.
Al Meyerhoff, abogado de los trabajadores y de grupos de defensa de derechos laborales con sede en Estados Unidos que fueron los demandantes en el caso, espera que más compañías se sumen al acuerdo y aumenten la cantidad acordada.
Entre las compañías que no aceptaron el acuerdo extrajudicial, 17 se enfrentan a dos acciones judiciales en su contra, entre ellas The Gap, Tommy Hilfiger y Wal-Mart.
"Esto está lejos de terminarse. Es sólo la primera vuelta", dijo Meyerhoff.
La primera de las dos demandas, presentada en un tribunal de Los Angeles en representación de 50.000 trabajadores de Bangladesh, China, Filipinas y Tailandia, acusa a las firmas de violar normas estadounidenses e internacionales contra la esclavitud.
La segunda, entablada en un tribunal de San Francisco, acusa a las compañías de haber lucrado con prácticas comerciales desleales. En caso de declarar la validez de los juicios, las cortes deberán decidir dónde se realizarán.
The Gap declaró que "no tolera este tipo de conducta en las fábricas" de sus subcontratistas. Así mismo, Wal-Mart, afirmó que tampoco tolera "condiciones de trabajo ilegales o que atenten contra la ética" en Saipán.
Las firmas pretenden trasladar los juicios de California a Saipán, y sus críticos sostienen que intentan evitar la cobertura de los medios de comunicación.
La industria de la vestimenta es importante en la economía de Saipán, donde no se aplican los requisitos de seguridad laboral que rigen en el resto de Estados Unidos. La isla también está exenta de cuotas y aranceles de importación.
La industria genera aproximadamente 1.000 millones de dólares por año en ingresos por exportaciones. El gobierno de la Comunidad recauda casi 25 por ciento de su presupuesto operativo de los impuestos a las prendas de vestir y la Autoridad Portuaria de la Comunidad obtiene 53 por ciento de sus ingresos del sector.
Pero la industria de Saipán es criticada por defensores de los derechos laborales en Estados Unidos y en el exterior por favorecer condiciones de explotación.
Empresarios de Estados Unidos se quejan de que el estatuto territorial de Saipán permite a fábricas de compañías asiáticas poner en sus productos la etiqueta "Made in USA", y enviarlas a Estados Unidos sin cuotas ni derechos de importación.
De esta manera, las compañías que operan en Saipán evitan el pago de 200 millones de dólares por año en aranceles, según datos del Departamento del Interior de Estados Unidos, que controla al territorio.
Pero funcionarios de la Comunidad sostienen que, como utilizan el dólar estadounidense como moneda oficial, sufren la competencia de los fabricantes asiáticos cuyas monedas se depreciaron desde 1997, lo cual redujo los precios de los productos de Asia.
Los habitantes de Saipán gozan de todos los derechos de la ciudadanía estadounidense, pero no pueden votar en las elecciones federales. Además del salario mínimo, tienen seguridad social, beneficios por desempleo e indemnización por accidentes laborales.
Pero los trabajadores inmigrantes, que no están cubiertos por estas garantías, superan a los locales por dos a uno. Así mismo, "16 por ciento de los ciudadanos estadounidenses locales están desempleados", informó un estudio de la organización no gubernamental Red de Supervivencia Mundial.
Los trabajadores inmigrantes en Saipán se quejan de que deben trabajar 12 horas por día los siete días de la semana sin recibir pago por horas extra. También aseguran que deben vivir en cuarteles, y que son deportados o despedidos si protestan por las condiciones de trabajo.
Los trabajadores que protestan ante las autoridades de la Comunidad pueden obtener "órdenes administrativas" que confirman su derecho a recibir miles de dólares en salarios atrasados o en indemnización por accidentes, pero no hay forma de obligar a las compañías a cumplir las órdenes, según activistas laborales.
Cuando se les exige el pago, las firmas se declaran en bancarrota o abandonan el territorio, según el informe basado en documentos oficiales y artículos de prensa. (FIN/IPS/tra-en/aa-fah/mk/aq/lb-hd/99
