La Comisión Permanente de Derechos Humanos de Zambia, creada en 1997 tras revelarse los abusos cometidos por el régimen de Kenneth Kaunda, que gobernó desde 1964 hasta 1991, ha decepcionado a muchos.
La Comisión sólo hace recomendaciones que no son obligatorias y pueden ser ignoradas, descubrió Anna Changufu.
Changufu, una maestra de escuela cuyo marido fue asesinado por la policía mientras estaba bajo custodia, no obtuvo ninguna compensación ni logró que los culpables comparecieran ante la justicia.
La maestra y otras 23 personas informaron de casos similares a la Comisión cuando se presentó en Monze, una ciudad del sur del país, y esta se limitó a hacer recomendaciones a la policía sobre su conducta. Pero nada sucedió.
"Ninguno de nosotros se vio beneficiado con ese organismo. Lo único que hace es documentar las violaciones a los derechos humanos. Quienes informamos sobre algún abuso cometido nos convertimos en parte de las estadísticas que servirán para escribir un libro triste, de modo que los comisionados puedan pedir dinero a los países donantes", se quejó Changufu.
Sin embargo, el comisionado Lavu Mulimba sostuvo que las acusaciones de la maestra son falsas. "Es un error decir que no podemos hacer nada. Resolvimos varios conflictos y la mayoría de nuestras recomendaciones son escuchadas", aseguró.
Mulimba informó que la Comisión recomendó la liberación de 119 presos portadores de VIH (virus de inmunodeficiencia humana) y con otras enfermedades, lo cual fue puesto en práctica.
Así mismo, la Comisión logró terminar con la costumbre de usar a los presos para enterrar a aquellas personas cuyos cuerpos no son reclamados por nadie, agregó.
Además, el gobierno aceptó la recomendación de investigar presuntas torturas a las que son sometidos los reclusos, agregó el comisionado.
La Comisión obtuvo acceso a detenidos por participar en un intento fallido de golpe de Estado en 1997, y pudo verificar que siete de ellos habían sido torturados. También consiguió que se les brindara mejor atención médica.
El organismo también intervino para impedir la expulsión de sus hogares de las familias de los sospechosos de haber orquestado el golpe de Estado.
Pero Ngande Mwanajitit, director de AFRONET, una organización no gubernamental, sostiene que la Comisión se convirtió en una agencia de relaciones públicas del gobierno, que proyecta una imagen mejorada de sus antecedentes en derechos humanos a fin de obtener la confianza de los países donantes.
"Las cuestiones importantes no fueron tocadas. La prensa es víctima de abusos. La policía es recompensada por su brutalidad", se quejó.
"La policía no paga por los maltratos que comete. La Comisión hace un gran espectáculo al visitar las prisiones y se lamenta públicamente por la degradación de los presos, pero es incapaz de hacer que se juzgue a los culpables, cambiar la situación de los sospechosos o el modo en que se conducen las investigaciones", insistió.
La Comisión procesó 960 denuncias desde su creación, de las cuales 797 se relacionan con temas de empleo, derechos de pensión por retiro y discriminación racial. Los sindicatos pidieron al organismo que deje de ocuparse de tonterías y se dedique a "verdaderos problemas de derechos".
Las críticas que recibe la Comisón, que trabaja en circunstancias muy díficiles, son injustas, sostuvo su presidenta, Lombe Chibesakunda.
Una visita que realizó el organismo al lugar donde se atentó contra las vidas del ex presidente Kaunda y del abogado Roger Chongwe costó alrededor de 6.000 dólares, mientras la audiencia pública que pensaban realizar para reconstruir la escena fue aplazada por falta de fondos, informó.
Además, el acta de creación de la comisión tiene ciertas debilidades. "No tenemos poder coercitivo", señaló la presidenta.
La gente se hizo falsas expectativas sobre la Comisión, creyeron que era otro tribunal o un organismo encargado de hacer cumplir la ley, y se sintieron decepcionados al ver que no era así, explicó Chibesakunda.
"La Comisión debería tener el poder de obligar a cumplir sus recomendaciones, para lo cual necesitaría un tribunal de justicia", declaró Amnistía Internacional, la organización de derechos humanos con sede en Londres, después de su visita a Zambia.
"Su mandato debería ampliarse para incluir la supervisión de los procesos judiciales, para garantizar el derecho a tener un juicio justo y expeditivo. La Comisión no tiene ningún poder frente a los tribunales", reza la declaración de Amnistía. (FIN/IPS/tra-en/zg/mn/ceb/aq/hd/99
