Activistas de Puerto Rico criticaron al presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, por las condiciones que propuso para amnistiar a 11 de los 15 presos políticos puertorriqueños que se encuentran en cárceles estadounidenses.
Las condiciones que anunció Clinton este mes para amnistiar a los presos son inaceptables y, en todo caso, la justicia exige la liberación total y no parcial de los prisioneros políticos puertorriqueños, declaró el Comité de Derechos Humanos de Puerto Rico.
Los 15 fueron detenidos entre 1980 y 1986, y enviados a la cárcel en Estados Unidos por pertenecer a grupos revolucionarios clandestinos que luchan por la independencia de Puerto Rico.
Trece de ellos fueron detenidos en el estado de Illinois, en 1980, y enviados a prisión por "conspiración sediciosa" y por pertenecer a las insurgentes Fuerzas Armadas de Liberación Nacional.
Los otros dos fueron detenidos en Puerto Rico y enviados a cárceles estadounidenses por haber robado 7,5 millones de dólares de un camión blindado en Estados Unidos, y por pertenecer a otro grupo revolucionario llamado Los Macheteros.
"No podemos apoyar la decisión (de Clinton) bajo ninguna circunstancia, ya que sin duda satisface los intereses de ciertos grupos, pero no los de quienes pasaron años en la cárcel", manifestó el presidente del Comité, Luis Nieves Falcon.
"La decisión ignora el derecho internacional y el individual, y por eso no podemos apoyarla", insistió Nieves Falcon.
El Comité de Derechos Humanos de Puerto Rico lanzó una campaña por la liberación incondicional de los 15 puertorriqueños que tuvo gran respuesta de todos los sectores sociales.
Entre quienes apoyan el pedido se encuentran dos ex gobernadores del territorio, declarado Estado Libre Asociado de Estados Unidos a comienzos de la década del 60, el alcalde de San Juan, Sila Calderón, y senadores y representantes de todos los partidos políticos.
También apoyan la campaña la rama puertorriqueña de la Federación de Sindicatos de Estados Unidos, la Asociación de Industriales y la de Abogados de Puerto Rico, las Iglesias Bautista y Presbiteriana, e incluso el famoso cantante Ricky Martin.
En Estados Unidos, la campaña tiene el respaldo del Concejo de la ciudad de Nueva York, y de 13 miembros del Congreso, además del ex presidente Jimmy Carter, la Iglesia Unida de Cristo, y numerosos artistas y líderes de la comunidad latinoamericana.
Además, el líder religioso sudafricano Desmond Tutu, y Gerry Adams, dirigente del Sinn Fein, el brazo político del Ejército de Liberación Irlandés, manifestaron su aprobación a la campaña.
La amnistía propuesta por Clinton condiciona la libertad de los prisioneros a que reconozcan públicamente los "errores y delitos" cometidos, y que renuncien al uso de la violencia con fines políticos.
Además, los amnistiados deberán comunicar todos sus movimientos a un oficial de libertad condicional que podrá obligarlos a someterse a controles de drogas cada vez que lo crea necesario.
La condición más problemática, según los presos y sus defensores, es aquella que les impide relacionarse con cualquiera que haya estado preso alguna vez. Eso implica que, una vez libres, no podrían ni siquiera hablar entre ellos.
Dicha condición implica también que Ida Luz y Alicia Rodríguez, dos prisioneras que son hermanas, no podrían volver a verse ni visitar juntas a su madre.
Luis Gutiérrez y Nydia Velázquez, ambos congresales nacidos en Puerto Rico, condenaron las condiciones de la amnistía propuesta por Clinton.
"Cuando uno busca la paz y la reconciliación, no impone condiciones", sostuvo Gutiérrez en una conferencia de prensa realizada en San Juan.
"Mantendremos nuestra decisión de traerlos a todos de vuelta a sus hogares sin condiciones", aseguró Velázquez, que también participó en la conferencia de prensa.
El defensor de los derechos civiles, el reverendo estadounidense Jesse Jackson, sostuvo que las condiciones impuestas para la liberación de los presos son "extraordinarias y humillantes".
De aceptar la amnistía, los presos "saldrán humillados, luego de 18 o 19 años en la cárcel, y se reconocerán públicamente como delincuentes, difamándose a sí mismos y a sus familias para el resto de sus vidas", señaló Jackson, que fue a Puerto Rico a visitar a los manifestantes contra la presencia de la Armada de Estados Unidos en la municipalidad de Vieques.
Los defensores de la libertad incondicional de los presos políticos sostienen que las sentencias son desproporcionadas en su duración, ya que son mucho más largas que las previstas para asesinos y violadores. Ninguno de los puertorriqueños presos fue procesado o acusado de asesinato.
La duración de las condenas aplicadas a los puertorriqueños varía entre los 35 y los 90 años. Eso significa que una de las presas políticas, Carmen Valentín, tendría 132 años al cumplir su pena.
Hay dos presos políticos que no están dentro del grupo de los 15 que defiende el Comité de Derechos Humanos.
Una es Haydée Beltrán, que hace tres años pidió especialmente no estar incluida en el grupo de los 15 para poder negociar sola las condiciones de su liberación.
El otro es José Solís, encarcelado en marzo por su supuesta participación en un bombardeo en Chicago. Solís asegura que es inocente, que no pertenece a ningún grupo revolucionario clandestino, y que su acusación es un invento del gobierno de Estados Unidos. (FIN/IPS/tra-en/cr/cb/ceb/aq/hd-ip/99
