El futuro no puede ser más sombrío para Manmaya, de 29 años, una madre de dos hijos que ya cumplió cuatro de los 20 años de prisión a que fue condenada por infanticidio en Nepal.
Recluida en la cárcel central de Katmandú, Manmaya recibe pocas visitas. "Mi marido estaba ausente cuando un pariente suyo me violó. Sufrí un aborto a los ocho meses de gravidez", contó.
"Los vecinos dijeron a la policía que maté al bebé y me encarcelaron. Ni mi marido ni mis parientes me visitan", se lamentó.
Manmaya está preocupada por el futuro de sus dos hijos, una niña de siete años a la que no ve desde que la encarcelaron y un niño de cinco que comparte su celda en la prisión.
Una investigación del Centro de Estudios de Salud Ambiental y Actividades de Población (CESAAP) reveló que 20 por ciento de las mujeres nepalíes encarceladas fueron condenadas por aborto e infanticidio. Sólo 0,3 por ciento de los reclusos varones fueron condenados por los mismos cargos.
"Gran parte de esas mujeres son, como Manmaya, pobres, analfabetas y procedentes de áreas rurales. La mayoría son víctimas de explotación", explicó Indira Rana, una asistente social que trabaja con mujeres presas desde hace nueve años.
Nepal es uno de los pocos países donde el aborto es considerado un homicidio y es penado por ley, incluso si la gravidez es una amenaza para la vida de la madre o es resultado de violación o incesto.
Grupos de derechos humanos que abogan por la despenalización y legalización del aborto, dicen que el estigma social que padecen las mujeres pobres se reducirá si se liberalizar la legislación, además de reducir el índice de mortalidad materna.
"Esas leyes afectan directamente la salud de las mujeres, especialmente su salud reproductiva", dijo Aruna Uprety, médica y activista de derechos humanos.
Estudios indican que las leyes nepalíes provocan el aumento de abortos ilegales y riesgosos, que causan la mitad de los decesos por maternidad en el país.
Según una investigación sobre salud familiar en Nepal, un promedio de 539 mujeres grávidas de cada 100.000 mueren durante el parto.
Sin embargo, nuevos métodos usados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) indican que el índice de mortalidad podría ser tres veces superior.
A pesar de la severa legislacion y los riesgos para la salud, mujeres del medio rural emplean una variedad de métodos peligrosos para liberarse de embarazos indeseados, como la inserción de un bastón con la punta impregnada de excrementos de vaca o barro en la vagina, ingestión de hierbas medicinales abortivas o masajes estomacales violentos.
Durante los primeros tres meses de embarazo, las mujeres de zonas rurales pagan a un curandero 10 dólares por un aborto. Las de las ciudades pagan entre 60 y 100 dólares en clínicas privadas dirigidas por médicos.
El informe de CESAAP reveló que 88 por ciento de las mujeres encarceladas por aborto pusieron fin tardíamente a su embarazo indeseado con la ayuda de curanderos o personas inexpertas.
La organización instó a los legisladores a liberalizar el aborto y realizar una campaña pública de educación contra los métodos peligrosos. Segun las leyes nepalíes, las mujeres que abortan y aquellos que las ayudan pueden ser penados con más de tres años de cárcel.
Sin embargo, como la ley no distingue claramente entre aborto e infanticidio, muchas mujeres resultan condenadas a largos períodos de prisión por infanticidio. "Generalmente son analfabetas y no tienen la menor idea de la ley", señaló Sapana Maya, una abogada del Foro para la Mujer, la Ley y el Desarrollo.
El foro, que brinda ayuda legal gratuita a mujeres necesitadas, está redactando un proyecto de ley sobre el tema, con la esperanza de que sea debatido en el parlamento.
El proyecto incluye la recomendación de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, para revisar aquellas leyes que contienen "medidas punitivas contra mujeres que recurren a abortos ilegales".
También recomienda legalizar aquellos abortos realizados por médicos competentes en las primeras 12 semanas de gravidez, y en casos especiales de violación, incesto, situaciones con peligro de vida y cuando el diagnóstico prenatal indica graves malformaciones en el feto.
El debate para modificar las leyes contra el aborto comenzó en los años 60. En aquel momento se desaprobó el cambio con la justificación de que daría lugar a una sociedad promiscua. Algunos abogados antiabortistas defendieron los derechos del feto.
En 1995 la campaña por el cambio ganó terreno cuando un miembro del parlamento presentó un proyecto de ley en ese sentido y el gobierno propuso modificar el Código Civil en vigor.
Mientras los sondeos indican que 74 por ciento de los legisladores y 94 por ciento de los ginecólogos están de acuerdo en legalizar el aborto, algunos grupos religiosos lo desaprueban por motivos morales.
"Liberalizar la ley sobre el aborto es sólo el primer paso. Necesitamos integrar servicios seguros e información en los programas de salud del gobierno, educar sobre el peligro de los abortos inseguros y mejorar los servicios de planificación familiar", dijo Uprety.
La Estrategia Nacional de Salud Reproductiva, aprobada hace poco, incluye "la prevención y el manejo de complicaciones abortivas" por parte de unidades especiales creadas por el gobierno, como uno de los componentes esenciales de la salud reproductiva.
Esas unidades deberán tratar complicaciones surgidas después del aborto, que representan 54 por ciento de las causas de la internación de mujeres en hospitales. Según Uprety, sólo 15 por ciento de la población tiene acceso a los centros médicos. (FIN/IPS/tra-en/rl/rdr/ego/aq/he-hd/99
