(Derechos Humanos) MEXICO: Gobierno de capital investiga pornografía infantil

La presión social para que se investigue a fondo a una supuesta red de pornografía infantil en la capital mexicana determinó la habilitación de una línea telefónica para atender denuncias de delitos sexuales contra menores.

Un mes después de las revelaciones del supuesto caso de violación masiva de niños y niñas de entre cuatro y seis años en un centro de educación preescolar, la capital también dispuso una dirección de correo electrónico para remitir denuncias.

Las acusaciones a través de los medios habilitados serán atendidas por un equipo de psicólogos y abogados, que intervendrán de inmediato, anunció el subsecretario de Servicios Educativos de la ciudad de México, Benjamín González.

La Procuraduría de Justicia de la capital recibió este año 392 denuncias de delitos sexuales contra menores de edad. Las investigaciones emprendidas condujeron a la detención de 140 adultos, la mayoría de ellos familiares o conocidos de las víctimas.

Pero la Cámara de Diputados de la capital calculó que en el primer semestre de este año se cometieron en la ciudad más de 1.000 delitos sexuales contra alumnos de educación preescolar, primaria y secundaria, aunque la mayoría no fueron denunciados.

El subsecretario González anunció el "combate frontal" de las autoridades contra "los delitos y abusos sexuales".

El gobierno local reaccionó presionado por padres de familia y organizaciones no gubernamentales (ONG) que exigen castigo ejemplar para los responsables de los actos cometidos en un centro escolar del sur de la capital.

Los padres de una niña de cuatro años acusaron a Alejandro González, conserje del centro preescolar Tonali, de haber violado a su hija. Tras un día de detención, el presunto agresor recobró su libertad por falta de pruebas.

La acusación impulsó a los padres de otros alumnos del mismo centro a denunciar abusos sexuales contra sus hijos.

Cuando los casos de ese tipo sumaban 28 y la indignación de padres de familia y de las ONG amenazaba con desbordar, el presunto violador fue finalmente detenido, el 26 de julio.

Utilizando muñecos, los niños mostraron cómo los había violado González.

Pero la alarma aumentó cuando los pequeños revelaron que el empleado, al parecer con el apoyo al menos de dos maestras, filmaba y fotografiaba a los niños.

Las declaraciones de los niños sugieren la existencia de una organización de pornografía infantil, ante lo cual grupos vecinales y ONG exigen una investigación a fondo de los hechos.

Un allanamiento efectuado al centro Tonalí resultó en el decomiso de rollos fotográficos y vídeos cuyo contenido aún no ha sido informado por los encargados de las investigaciones.

Autoridades gubernamentales no descartan que los niños y niñas maltratados puedan ser llamados a declarar ante el Ministerio Público.

Por tercer día consecutivo, padres de familia impidieron el miércoles el acceso al centro Tonali, para exigir la destitución del personal docente y administrativo que pudiera tener responsabilidad en la violación múltiple.

Los padres acusan a la jefa de sector educativo, Alicia Ibarra, de no intevenir pese a conocer la situación, y la psicóloga Guadalupe Fregoso de negligencia, debido a que no detectó el cuadro inequívoco de abuso sexual que presentaban los niños.

La directora y todas las maestras fueron transferidas y las investigaciones avanzan para determinar responsabilidades, destacó el subsecretario González.

Mientras, algunos padres de familia aseguraron haber recibido amenazas de "parar" el escándalo o en caso contrario "empezarían las represalias contra los niños".

El estatal Sistema para el Desarrollo de la Familia sostiene que los abusos sexuales y la violencia familiar son las principales entre las causas que impulsan a los niños a abandonar su hogar.

El gobierno de la capital, dirigido desde 1997 por el líder centroizquierdista Cuauhtémoc Cárdenas, está empeñado en promover una profunda reforma penal para la ciudad, donde cada día 18 personas encuentran la muerte de forma violenta.

El diputado Martí Batres, del Partido de la Revolución Democrática, que está encabezado por Cárdenas, afirmó que la reforma legislativa prevé considerar delito grave la comisión de cualquier acto prohibido por la ley contra niños y niñas. (FIN/IPS/pf/ff/hd pr/99