La Organización de las Naciones Unidas (ONU) instaló hoy un grupo de trabajo para evaluar los efectos de la actividad de las empresas transnacionales sobre los derechos humanos.
El presidente del grupo de trabajo, El-Hadji Guissé, observó que las compañías transnacionales están presentes en los sectores vitales de la economía mundial y "así pueden neutralizar cualquier intento de respetar o proteger los derechos humanos".
En un estudio preparatorio del grupo de trabajo, Guissé, de nacionalidad senegalesa, recomendó que los estados dicten leyes que tipifiquen como delitos todas las actividades de las transnacionales que violen los derechos económicos, sociales y culturales.
El problema más importante es la posibilidad de someter a las transnacionales a una ley, nacional o internacional, resumió Guissé.
El nuevo organismo, que funciona en la órbita de la Subcomisión de Derechos Humanos de la ONU, deberá establecer la compatibilidad entre los acuerdos internacionales sobre inversiones y el derecho humanitario.
El experto noruego Asbjorn Eide, uno de los 26 miembros independientes de la Subcomisión de Derechos Humanos, recordó con satisfacción el fracasado intento de concertar un Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI) aunque previno que "este asunto va a resurgir".
La tentativa de los países industrializados miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) por establecer el AMI se vio frustrada en 1998 debido "a la reacción de las organizaciones de derechos humanos", dijo Eide.
Halima Embarek Warzazi, experta de Marruecos, atribuyó la iniciativa de la OCDE a "la intención de que las transnacionales tengan acceso libre a nuestros países".
Guissé citó entre las características de las transnacionales la realización de actividades en diversos países, la comunidad de recursos y la elaboración común y aplicación de una estrategia unificada.
Debido a esa diversidad geográfica son fuente de discrepancias entre leyes y jurisdicciones y provocan gravísimas dificultades en cuanto al ejercicio de los derechos económicos, individuales y colectivos.
El poderío de las transnacionales se refleja en que ostentan 51 por ciento de las 100 mayores concentraciones de riquezas del mundo, mientras que a los estados corresponde el 49 por ciento restante.
El volumen de negocios de Mitsubishi supera el producto nacional bruto de Indonesia, el de Ford excede el de Sudáfrica y la Royal Dutch Shell obtiene más ingresos que Noruega, dice el informe.
El grupo de trabajo precisó que corresponde también analizar el papel de los gobiernos y su política de derechos humanos en relación con las transnacionales.
Guissé, un magistrado de Dakar, mencionó el caso de las compañías petroleras asentadas en Nigeria y se preguntó qué destino daban los gobiernos de ese país a los beneficios obtenidos de sus acuerdos con esas transnacionales.
La actual sesión de la Subcomisión de Derechos Humanos de la ONU, que se extenderá hasta el 27 de agosto, se ocupará entre otros asuntos de los efectos de la mundialización sobre los derechos humanos.
El informe de Guissé advierte que la mundialización de la economía corre el riesgo de conducir a la creación de empresas transnacionales aun más ricas, así como de empobrecimiento aun mayor de las personas, sobre todo en los países con economías débiles.
Los países industrializados detentan 97 por ciento de las patentes registradas en el mundo. Esa concentración no es saludable porque se convierte en un instrumento de presión de las transnacionales, dijo uno de los expertos.
El noruego Eide mencionó el caso de las transnacionales agroindustriales que lanzan al mercado semillas híbridas modificadas genéticamente, en relación con los derechos de propiedad intelectual.
De esa manera, alteran métodos de cultivo que se remontan a miles de años y que habían permitido a los campesinos hasta ahora cosechar sus sembradíos y reservar parte del fruto para los cultivos de las temporadas siguientes.
El experto David Weissbrodt, de Estados Unidos, aludió a las transnacionales que han comenzado a adoptar códigos de conducta voluntarios, en forma individual como en el caso de Shell, o colectiva, como las compañías del sector textil.
El grupo de trabajo, que tiene un mandato de tres años de duración, deberá también examinar la función del sistema de la ONU para promover la compatibilidad entre las actividades de las transnacionales y los principios de derechos humanos. (FIN/IPS/pc/mj/hd if/99
