El uso de una pulsera electrónica para controlar a los presos bajo arresto domiciliario, propuesto en Italia por el presidente de la Cámara de Diputados, Luciano Violante, fue objeto de un amplio consenso.
Una iniciativa similar naufragó en medio de polémicas en 1996. El buen recibimiento de la propuesta de Violante se atribuye a la alarma pública por numerosos asaltos perpetrados por personas que estaban con arresto domiciliario.
Son cada vez más numerosas las críticas de la población y de parte de la prensa por la frecuencia con que se concede el beneficio del arresto domiciliario y la exigencia de que los presos cumplan toda la pena en la cárcel.
En 1998 había en Italia 4.736 presos cumpliendo la condena en el domicilio, a los que se agregan otros 33.000 en libertad vigilada, según cifras oficiales. La propuesta de Violante contempla todos esos casos.
La idea "no es degradante o incivil", afirmó Violante, del partido ex comunista Democráticos de Izquierda (DS), principal fuerza de la coalición de gobierno de centroizquierda.
"Pensemos las alternativas. Para controlar a quien se encuentra bajo arresto en su propia casa, se necesitaría golpear a su puerta, controlarlo ante su mujer, sus hijos y vecinos y esto sería degradante", afirmó.
Violante se preguntó qué tiene de malo una pulsera en el tobillo cubierta con los pantalones. "Lo podemos experimentar por un año para ver como funciona", expresó.
El presidente de la comisión antimafia del Parlamento, el socialista Ottaviano Del Turco, se declaró de acuerdo, aunque se mostró prudente. "No existen soluciones milagrosas", alertó.
El secretario nacional de la asociación de funcionarios de la policía, Giovanni Aliquo, coincidió con Del Turco. "Sólo quien tiene escasa experiencia en esta materia puede esperar efectos milagrosos de este instrumento", dijo.
A su juicio, "no tendrá efectos traumáticos pero tampoco aliviará mayormente a la policía en la mayoría de sus controles".
El subsecretario de la Justicia, Giuseppe Ayala, recordó que había propuesto la implantación de la pulsera hace ya tres años, pero no encontró el consenso que recibió a la iniciativa de Violante. Ayala propone ahora experimentarlo con el consentimiento del preso.
El diputado de la derechista Alianza Nacional Alfredo Mantovano dijo que no será necesario discutir una ley sobre la pulsera en el parlamento, pues un decreto del gobierno sería suficiente.
El jefe del grupo del Senado de Forza Italia, principal partido de la coalición opositora de centroderecha, Enrico La Loggia, dijo que la implantación de la pulsera "es un medio para garantizar la seguridad de los ciudadanos".
El aparato, que permitiría ubicar a una persona a través del satélite a una persona, tiene la dimensión de un reloj pulsera grande y un costo de unos 500 dólares. Ya se aplica, con distintas modalidades, en otros países.
En Estados Unidos es considerado un beneficio concedido al detenido bajo arresto domiciliario a la espera de un juicio en el que se demuestre que no es peligroso para la sociedad.
En Francia, la ley que implantó la pulsera fue aprobada en 1997, pero aún no ha sido aplicada.
En Gran Bretaña, se aplica la pulsera desde el 28 de enero a los mayores de 18 años con penas inferiores a cuatro años cuando son liberados dos meses antes del cumplimiento de la pena.
En Alemania, aunque no existe aún una ley expresa, las pulseras son usadas a iniciativa del partido de los Verdes en diversos estados.
En Suecia, el uso de la pulsera está en vigencia desde 1994 y se limita a los presos con penas inferiores a los dos meses, mientras se estudia su ampliación.
El uso de este aparato en Bélgica se encuentra en fase de experimentación, y se aplica a 50 condenados a entre uno y seis meses de cárcel.
En Holanda, el sistema se aplica a presos considerados de riesgo, a quienes se concede cierta libertad de movimiento en la proximidad de su liberación. (FIN/IPS/jp/mj/ip hd/99
