Portavoces de una cadena española de hoteles restaron importancia a la amenaza de sanciones de Estados Unidos a sus directivos por sus operaciones en Cuba, pero el caso podría empañar la visita de los reyes de España a Washington.
"Nada va a cambiar y nuestros proyectos con Cuba van a seguir avanzando", dijo Carlos Forteza, del grupo Sol Meliá, que administra 12 hoteles en este país y se propone ampliar sus intereses a otros siete.
Forteza declaró por teléfono al semanario financiero cubano Opciones que Sol Meliá no está preocupada "en absoluto" ante la eventualidad de sanciones por la construcción de hoteles en terrenos que al parecer pertenecieron a un ciudadano estadounidense y fueron confiscados por el gobierno de Fidel Castro.
De comprobarse tal hecho, Estados Unidos podría aplicar a la cadena hotelera el título cuarto de la ley Helms-Burton, aprobada en 1996 para fortalecer y dar alcance extraterritorial al embargo económico y comercial aplicado a Cuba desde los primeros años 60.
El presidente Bill Clinton mantiene suspendido el título tercero de esa legislación, que anuncia la persecución en los tribunales de Estados Unidos de los responsables de inversiones en bienes confiscados a empresas o ciudadanos estadounidenses.
Pero está en vigor el título cuarto de la misma ley, que prohibe la entrada en Estados Unidos de los directores de firmas denunciadas por la misma causa y de sus familiares.
El diario español El País aseguró que el "poderoso lobby (grupo de presión) cubano, el segundo más influyente en Washington tras el judío", intenta lograr que la mayoría republicana del Congreso presione al Departamento de Estado para sancionar a Sol Meliá por sus inversiones hoteleras en Cuba.
El País consideró el caso una maniobra del exilio cubano en Miami para impedir la visita oficial del rey Juan Carlos a Estados Unidos los días 8 y 9 de noviembre.
La razón sería el malestar de los exiliados ante otra visita del Rey, la que realizará a La Habana el 16 de noviembre para la Cumbre Iberoamericana, de acuerdo con la versión del periódico español.
Pero Forteza recordó que hasta el momento no ha sido abierto en Estados Unidos ningún expediente "sancionador", sino que se realiza un "procedimiento rutinario", de tipo administrativo.
"No es la primera vez que ofrecemos información sobre nuestras actividades en el sector hotelero cubano, no sólo a Estados Unidos, sino también a otras naciones, y constituye un proceso de intercambio absolutamente normal", señaló.
Según Opciones, la investigación alcanza a cuatro hoteles, tres en la oriental provincia de Holguín, 771 kilómetros de La Habana, y el otro en el balneario de Varadero, 120 kilómetros al este de la capital.
Forteza aclaró que Sol Meliá no posee propiedades en el sector hotelero de Cuba. "Sólo somos gestores y nada más", dijo, y agregó que las operaciones de la cadena española en este país se encuadran en normas internacionales.
"Por ahora estamos observando con cautela el desarrollo de los acontecimientos, para dar los pasos necesarios en caso de producirse algún tipo de acusación. Pero repito, nada va a cambiar, y nuestros proyectos con Cuba van a seguir avanzando", concluyó.
Sol Meliá está presente hace 10 años en Cuba. Controla 49 por ciento de las acciones de los 12 hoteles que administra, y 51 por ciento permanece en poder del Estado cubano. De esos hoteles obtiene siete por ciento de su facturación total, informó Opciones.
El grupo tiene intereses en 35 países, pero no en Estados Unidos, lo cual, al margen de otras consideraciones, resta fuerza a la sanción prevista en el capítulo IV de la ley Helms-Burton, llamada así por el nombre de los congresistas que la impulsaron.
El caso provocó una airada reacción del sector hotelero de España, cuyo intercambio bilateral con la isla sobrepasa actualmente los 700 millones de dólares.
Las sanciones a Sol Meliá serían consideradas "una agresión contra todo el sector y responderíamos con todas las armas en nuestra mano", advirtieron ejecutivos del sector.
El País aseguró que el Departamento de Estado mantiene el caso "en fase de estudio", al parecer preocupado por la reacción adversa que la aplicación de sanciones a Sol Meliá provocaría no sólo en España, sino en la Unión Europea (UE).
La UE rechazó la ley Helms-Burton, aunque en 1998 llegó a un acuerdo con Washington para que el Departamento de Estado evite sancionar a empresas europeas. A cambio, los empresarios de la UE se abstendrían de comprar propiedades estadounidenses confiscadas por Castro.
Portavoces del Ministerio de Asuntos Exteriores de España señalaron que, de abrirse expediente sancionador, Madrid "tomaría medidas muy enérgicas, hasta el punto de bloquear los acuerdos entre la UE y Estados Unidos".
Según El País, funcionarios del Departamento de Estado reconocen que de "estallar esa guerra antes de noviembre", la visita a Washington del rey Juan Carlos y de la reina Sofía no tendría el "horizonte de cielo despejado" que desean tanto ellos como sus anfitriones. (FIN/IPS/pg/ff/ip/99
