Costa Rica espera iniciar en un plazo de cuatro meses la vigilancia conjunta de sus aguas territoriales con Estados Unidos para combatir el narcotráfico, por un acuerdo que aún espera su aprobación definitiva.
El proyecto, que en junio había sido rechazado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, volvió con modificaciones al parlamento costarricense, donde fue aprobado el lunes.
El objetivo del acuerdo, que despertó polémicas, es que naves marítimas y aéreas estadounidenses puedan patrullar dentro del mar territorial costarricense y allanar y capturar embarcaciones sospechosas de transportar drogas.
El ministro de Seguridad, Juan Rafael Lizano, dijo que el acuerdo beneficiará a Costa Rica y que espera poder iniciar la vigilancia conjunta en un plazo menor a cuatro meses.
Con la aprobación del acuerdo, se alzaron una vez más las escasas voces que advierten sobre la posibilidad de se instale una base militar estadounidense en el país.
"Si hay una voluntad de ayudarnos a combatir las drogas, que Estados Unidos nos dé los recursos ya sea en dinero o en especie, pero nada más", expresó a IPS José Manuel Núñez, diputado del partido opositor Fuerza Democrática.
Núñez y otros congresistas de oposición argumentan que, en una coyuntura en la que Estados Unidos procura reacomodar su fuerza militar ante la pérdida de su dominio sobre el canal de Panamá el 31 de diciembre, surge la posibilidad de una base en Costa Rica.
Los parlamentarios del partido Fuerza Democrática han argumentado que Estados Unidos pretende instalar un centro de acopio de la droga decomisada en Santa Rosa de Limón, en el Caribe costarricense, una zona selvática que, de acuerdo con los diputados, sería el lugar donde se establecería la base.
A esto se une el interés que ya manifestó el gobierno costarricense por convertirse en sede de una academia de policía que Estados Unidos pretende instalar para la lucha continental contra las drogas.
Esta gestión fue dada a conocer por el embajador de Costa Rica en Estados Unidos, Jaime Daremblum, quien aseguró que el carácter de la academia sería civil y no militar.
En todo caso, el gobierno y diputados de los mayoritarios partidos Unidad Socialcristiana y Liberación Nacional han negado rotundamente la posibilidad de que en Costa Rica se instale una base militar, al tiempo que resaltan las virtudes de las patrullas conjuntas.
"Estamos a las puertas de una acción conjunta en la lucha antidrogas con Estados Unidos que va a beneficiar mucho a Costa Rica", declaró el ministro Lizano.
Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Rojas, auguró que el resultado de la acción conjunta será tan positiva que otros países centroamericanos pronto querrán adoptar acuerdos similares.
Ahora, el protocolo será revisado por la Sala Constitucional del Poder Judicial y, de recibir el visto bueno, regresará al congreso para una segunda votación, que sería definitiva para que entre en vigencia.
Lizano explicó que de aprobarse el proyecto el país podría reforzar la defensa de su patrimonio marítimo al contar con la posibilidad de acceder a mejores equipos, en especial radares, y de reparar los que están en mal estado.
Otro de los beneficios, según Lizano, será la donación por parte de Estados Unidos de cuatro lanchas rápidas y dos helicópteros que serán usados para operaciones de salvamento y traslado de cuerpos policiales en operaciones antidrogas.
"A pesar de lo que digan, para nosotros este proyecto es inaceptable", dijo a IPS Otto Guevara, diputado del minoritario partido de centroderecha Movimiento Libertario.
Guevara aseguró que el acuerdo, a pesar de las modificaciones, viola la soberanía del país y pronosticó que, de todos modos, será aprobado por el parlamento si la Sala Constitucional lo avala.
El convenio estipula que en las labores de patrulla conjunta estarán a cargo del Servicio de Vigilancia Marítima de Costa Rica y del Servicio de Guardacostas de Estados Unidos, y que en casos excepcionales participarán militares.
La iniciativa de este proyecto nació porque en las costas de América Central se ha creado un pasillo por donde transitan libremente lanchas rápidas con cargamentos de droga, explicó en marzo a IPS Rogelio Ramos, viceministro de la presidencia y diseñador de las políticas antidrogas de Costa Rica.
De acuerdo con datos oficiales, solo en 1998 en Costa Rica se decomisaron 8.500 kilogramos de cocaína, más del cuádruple de lo que confiscó en 1996 y, además, se estima que por toda América Central anualmente transitan hacia Estados Unidos y Europa entre 50 y 100 toneladas de esta droga. (FIN/IPS/nms/mj/ip/99
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