La reunión ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC) que se realizará en noviembre será una oportunidad para que los países en desarrollo se unan contra las normas que los perjudican, en vez de aceptar una nueva ronda de negociaciones que podrían causarles mayores daños.
Durante la conferencia, que se llevará a cabo en la ciudad noroccidental estadounidense de Seattle, terminará una campaña efectuada por más de 500 organizaciones no gubernamentales en más de 60 países en desarrollo como Egipto, India, Malasia, Sudáfrica y Kenia.
Esa campaña se opone a la propuesta de la Unión Europea, Japón y Estados Unidos de abrir una nueva ronda internacional de negociaciones sobre comercio, que podría significar nuevas desventajas en la materia para los países en desarrollo.
"Los ministros africanos de Comercio deberían pedir una revisión de la OMC en vez de discutir una agenda con nuevos asuntos", declaró Mohau Pheko, directora ejecutiva de Mothebo Integrity Consultants, una firma africana consultora sobre cuestiones comerciales.
"Africa ha hecho más concesiones de las que ha recibido. La mayoría de las concesiones y compromisos emanaron de los países africanos y muy pocas de los industrializados", agregó.
Los países en desarrollo, que son la mayoría de los 135 miembros de la OMC, se han mostrado escépticos sobre la conveniencia de lanzar una "ronda del milenio" de negociaciones de la OMC, porque temen que sea utilizada por los más ricos para promover sus propios intereses.
Pheko afirmó que Africa y el resto del mundo en desarrollo seguirán negociando en la posición de víctimas, sin ningún poder, si no se oponen a la "ronda del milenio".
Durante las negociaciones, esos países sufrirán la presión de los estrechos intereses de las corporaciones transnacionales, que están detrás de los pedidos de más liberalización comercial por parte de la OMC, aseguró.
Los acuerdos que rigen actualmente a la OMC, firmados en 1994, se refieren entre otras cosas al comercio de alimentos, las normas ambientales, la regulación de servicios como el transporte, la aplicación de impuestos por parte de los gobiernos, los derechos de propiedad, las patentes y las políticas agrícolas.
Entre los asuntos pendientes en el marco de la OMC está la revisión del mecanismo de resolución de conflictos, que actualmente permite una demora de hasta dos años hasta que se adopten medidas a favor del país demandante.
También está planteado revisar los acuerdos sobre medidas contra el dumping (exportación de un producto a un precio de venta inferior al que tiene en su país de origen) que benefician a los países más ricos, y discutir el mayor acceso de los países en desarrollo a los mercados de las naciones industrializadas.
Este año debería revisarse, asimismo, el acuerdo sobre aspectos de la propiedad intelectual vinculados con el comercio (TRIPS, por su sigla en inglés).
Los países industrializados presionan para que se adopten acuerdos internacionales que obliguen a las naciones en desarrollo a abrir aun más sus mercados a las inversiones extranjeras.
Esas disposiciones reducirían en forma significativa el control de los gobiernos locales sobre el ingreso de inversiones, y las corporaciones transnacionales gozarían de mayores derechos.
Las grandes potencias también quieren que los procesos de licitación vinculados con adquisiciones de los gobiernos queden abiertos a las ofertas foráneas, señaló Pheko, quien también es asesora de gobiernos, parlamentos y ONG sobre comercio.
"Eso es significativo para muchos países en desarrollo, ya que en algunos de ellos los contratos para proveer al gobierno representan más de 70 por ciento del producto interno bruto, y su control es vital para dirigir el desarrollo sustentable de la economía", explicó.
La revisión del TRIPS, que tiene gran importancia para los agricultores de países en desarrollo, va camino de postergarse hasta el año próximo debido a las dilaciones de Estados Unidos. Los críticos de ese acuerdo han sostenido que emn cierta medida obliga a los países a privatizar la biodiversidad.
Muchos países en desarrollo enfrentan demandas de monopolio de recursos genéticos presentadas por las transnacionales al amparo del TRIPS.
"Algunos países encontraron soluciones alternativas parciales para estos problemas. El ex bloque soviético usó las licencias obligatorias (una forma de nacionalización) para evitar la explotación personal de inventos o propiedad intelectual", señaló Grady Miller, un asesor comercial británico.
Los países en desarrollo tambien estan preocupados por la reducción de aranceles. Un análisis preliminar realizado en Kenia indicó, por ejemplo, que los aranceles en el comercio de bienes cuya exportación es fundamental para ese país descendieron menos que los que gravan exportaciones de países industrializados.
Bienes de interés para Kenia como el cuero, el café, el té y las frutas tropicales tuvieron un promedio de reducción de aranceles de 30 por ciento, mientras el descenso para los productos cuya exportación interesa a los países indutrializados fue 56 por ciento en promedio.
Asia oriental está dividida en relación con la propuesta de mayor liberalización de los mercados agrícolas. Los países nororientales, y en especial Corea del Sur y Japón, se oponen a ella, alegando que significaría el fin de sus cultivos de arroz en pequeña escala.
"Se presume que Japón apoyó la propuesta de lanzar una nueva ronda de negociaciones comerciales internacionales para promover acuerdos que le permitan defender mejor su agricultura", opinó Walden Bello, codirector de Enfoque sobre el Sur Global, una organización no gubernamental con sede en Bangkok.
"Japón podría realizar concesiones en materia de aranceles a productos industriales, a cambio de que la reducción arancelaria para los bienes agrícolas sea escasa o nula", explicó.
Los países del sudeste asiático forman parte del Grupo de Cairns, un bloque informal de exportadores agrícolas grandes y medianos, industrializados o en desarrollo, que también incluye a Argentina y Nueva Zelandia.
Esos países aspiran a una liberalización más amplia y rápida de los mercados agrícolas, que les permita un mayor acceso a ellos y ponga fin a las políticas proteccionistas y de subsidio a a la producción agrícola en el Norte.
"Los gobiernos del sudeste asiático están, curiosamente, del mismo lado que Estados Unidos, que tiene una alianza de hecho con el Grupo de Cairns para presionar por la apertura de mercados en Japón y Corea del Sur, y el cese de los subsidios directos a los granjeros de la Unión Europea", comentó Bello.
"El Departamento de Agricultura de Estados Unidos ha defendido con tenacidad sus propios subsidios directos a los granjeros de ese país, pero pese a ese doble discurso, el Grupo de Cairns parece reacio a enfrentarse con Washington", añadió.
La posición de los países del sudeste de Asia también se considera favorable a los intereses de grupos de presión organizados por exportadores de bienes agrícolas como los plantadores malasios de aceite de palma, los productores filipinos de aceite de coco y los intermediarios de la industria arrocera tailandesa.
"La mayoría de los pequeños agricultores de esos países, que no están organizados ni tienen peso político, se ven afectados por esa posición", señaló Bello.
"La contrapartida de la apertura de mercados en el Norte para los aceites de coco y de palma será una apertura aun mayor de los mercados asiáticos de arroz y maíz, de los que dependen la mayoría de los pequeños agricultores", explicó. (FIN/IPS/tra- en/gm/mk/ego/mp/if dv/99)
