Trabajadores estatales y las tres centrales sindicales de Colombia pidieron hoy al gobierno garantías para realizar el paro cívico de protesta que realizarán el 31 de agosto, ante amenazas de que son objeto.
El Comando General del Paro presentó este jueves al presidente Andrés Pastrana un documento en el que denuncian amenazas por parte de supuestos paramilitares de derecha y miembros de la fuerza pública.
El Comando Nacional del Paro está integrado por la Federación Nacional de Trabajadores Estatales (Fenaltrase), la Central Sindical Unitaria de Colombia (CUT), la Confederación General de Trabajadores Democráticos (CGTD) y la Central de Trabajadores de Colombia (CTC).
Jesús González, integrante del Comando, denunció amenazas de paramilitares de derecha a sindicalistas y activistas sociales en el departamento de Valle del Cauca (oeste) y "el hostigamiento del Ejército a trabajadores petroleros en los departamentos de Barrancabermeja (nordeste) y Cartagena (norte).
González calificó la situación de alarmante, pues en los 21 días de paro que realizaron los trabajadores estatales en octubre de 1998, una protesta de menor alcance que la programada para la semana próxima, fueron asesinados 12 dirigentes sindicales.
El sindicalista presentó también, entre los argumentos del paro cívico, las cifras parciales de violaciones de derechos humanos con 512 víctimas entre octubre de 1998 y junio de 1999.
Según el dirigente, durante el período estudiado fueron víctimas de ejecución extrajudicial 72 sindicalistas y activistas sociales.
Wilson Borja, presidente de Fenaltrase, dijo a IPS que uno de los objetivos del paro es exigirle al gobierno que garantice "la plena vigencia de los derechos humanos" y protestar por "las medidas económicas que están llevando al país al más grave deterioro social de la historia".
Borja sostuvo que el paquete de medidas económicas presentada por el gobierno al Congreso legislativo implicarán "más despidos de trabajadores, más impuestos para pagar la deuda externa y empeoramiento de las condiciones de empleo".
Las medidas, orientadas a la obtención de un crédito de contingencia de 3.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, incluyen un plan de ajuste para reducir el déficit fiscal que representa 4,8 por ciento del producto interno bruto.
El plan de ajuste contempla el congelamiento de sueldos de los trabajadores estatales que reciben más de dos salarios mínimos (unos 300 dólares) y reformas tributarias y laborales que atienden las recomendaciones hechas por el Fondo.
La medida afectará a 64 por ciento de los cerca de 800.000 empleados estatales.
El ministro de Hacienda, Juan Restrepo, sostuvo que las restricciones salariales tienen como objetivo cumplir con el plan de reducción del déficit fiscal en cerca de dos por ciento del producto interno bruto.
Los trabajadores rechazarán también el proyecto de reforma laboral, que, según Borja, representará "un deterioro en la calidad del empleo".
El proyecto contempla la modificación de la jornada laboral y al sistema de indemnizaciones por despidos y la eliminación de las pagas extra por trabajo nocturno.
Según el gobierno, la reforma procura crear estímulos para la generación de empleo, que ayuden a reducir la desocupación de 19,8 por ciento, frente a 15 por ciento del mismo período de 1998.
Para Restrepo, "el país debe atender el clamor de quienes no tienen trabajo" más que la crítica de los trabajadores sindicalizados.
No obstante, según el Comité de Paro, la solución a los problemas del déficit fiscal y al desempleo no puede buscarse con el sacrificio de los trabajadores.
El paro anunciado para el 31 de agosto, a diferencia del realizado el año pasado por el sector estatal, tiene un carácter cívico (con participación de sectores sociales) y afectará también algunas ramas de la producción industrial. (FIN/IPS/yf/mj/la lb hd/99
