El sindicato de funcionarios del Estado y las tres centrales sindicales de Colombia ratificaron hoy su decisión de realizar un paro cívico general desde este martes para reclamar al gobierno cambios radicales en la política económica y social.
El petitorio presentado al gobierno por los organizadores de la protesta reivindica "derechos sociales, económicos, cívicos y culturales de los trabajadores y de la población en general", afirmaron.
La solicitud fue presentado por el Comando Nacional de Paro, integrado por la Federación Nacional de Trabajadores Estatales (Fenaltrase), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT, mayoritaria), la Confederación de Trabajadores de Colombia y la Confederación General de Trabajadores Democráticos.
Wilson Borja, presidente de Fenaltrase, dijo a IPS que el punto más importante de los 40 que contiene el petitorio es el que reivindica "la defensa del derecho a la vida y a los derechos de organización, protesta y movilización del movimiento sindical y popular".
Con este punto, los trabajadores están diciendo "no más a todas las formas de violencia, que cobran la vida de cerca de 28.000 colombianos" cada año, exigen el respeto a la población civil, y piden "un verdadero proceso de paz que se fundamente en la justicia social", afirmó Borja.
Otros 13 puntos se relacionan con la macroeconomía y, según Borja, expresan el propósito de que diseñe "un nuevo país mediante mecanismos de concertación".
Entre las propuestas más controvertidas figura la moratoria de la deuda externa pública, de cerca de 17.000 millones de dólares, para destinar estos recursos a programas de inversión y reactivación de la economía que saquen al país de su grave crisis.
El gobierno destina para pagar el servicio de la deuda 36 por ciento de su presupuesto, que podría destinarse a reactivar la economía y dar empleo a los cerca de dos millones de colombianos (20 por ciento de la población económicamente activa) que están sin trabajo.
La posibilidad de decretar la moratoria de la deuda fue descartada de plano por el ministro de Hacienda, Juan Restrepo, quien afirmó que "la sola idea podría ocasionar el cierre inmediato del crédito internacional de Colombia".
Otra iniciativa controvertida es retirar el proyecto de ley de reforma laboral, cuya aprobación, según el presidente de la CUT, Luis Garzón, deterioraría la la calidad del empleo.
El proyecto, al igual que una reforma tributaria que ampliaría la base de contribuyentes, y un ajuste fiscal que representa cerca de dos por ciento del producto interno bruto son parte de los requerimientos para obtener un crédito de contingencia por 3.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional.
La reforma laboral procura, según el gobierno, estimular a los empleadores para que creen puestos de trabajo y contempla la eliminación de la jornada de trabajo de ocho horas, de indeminzaciones por despidos, y de pagos de horas extras, recargos nocturnos y dominicales.
La reforma significaría el fin de "la posibilidad de la contratación laboral" y una clara desregulación del trabajo, dijo Garzón.
El gobierno pidió al comando del paro que postergue el comienzo de la protesta para acudir a la Comisión de Concertación (instancia de consulta) con el fin de discutir el petitorio.
Para el ministro de Hacienda, el paro tendrá un efecto negativo en la economía, que ha comenzado a mostrar síntomas de reactivación tras una caída de seis por ciento en el primer semestre de este año.
Restrepo calculó que un día perdido por el paro podría costar a la economía 135 millones de dólares, "un monto altísimo en un momento tan complicado".
El presidente Andrés Pastrana dijo este lunes que su gobierno está dispuesto a dialogar con los sindicatos para buscar la solución a los problemas laborales y sociales que plantean, aunque indicó que también se han tomado las medidas necesarias para prevenir desórdenes.
El comando de paro denunció que organizadores de la protesta han recibido amenazas de supuestos paramilitares de derecha y miembros de la fuerza pública en las ciudades de Cali (noroeste), Barrancabermeja (nordeste) y Cartagena (norte).
Este paro general es el primero de la década del 90 que afrontará el gobierno con participación de sectores sociales diferentes a los sindicatos.
En el último paro cívico general, que se realizó en 1987, concluyó con siete muertos entre sindicalistas y activistas sociales. En el de trabajadores estatales que se llevó a cabo en octubre de 1998 fueron asesinados en los 20 días de la protesta 12 dirigentes sindicales. (FIN/IPS/yf/ip lb hd if/99
