El líder de los paramilitares de derecha de Colombia, Carlos Castaño, dijo hoy estar dispuesto a un diálogo directo con la guerrilla en procura de un acuerdo que ponga fin a la guerra civil que desangra a este país.
Castaño, máximo jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), negó en declaraciones a la emisora Radionet ser responsable del asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón el día 13.
El líder de las AUC aseguró que Garzón fue asesinado por fuerzas interesadas en torpedear cualquier iniciativa de paz y que están infliltrados en las Fuerzas Armadas, en las organizaciones guerrilleras y en su propia organización.
Castaño dijo que, si es necesario, dialogaría con Manuel Marulanda, líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), para analizar la propuesta de "un nuevo modelo de país en el que tengan cabida todos".
Castaño, quien dirige a cerca de 5.000 paramilitares de derecha, reconoció la degradación del conflicto armado, para el que propuso un cese al fuego multilateral.
El jefe de las AUC aceptó la autoría de la masacre que el fin de semana acabó con la vida de medio centenar de campesinos, a los que calificó de "guerrilleros vestidos de civil", en cuatro localidades rurales del municipio de Tibú (nordeste), en el departamento de Norte de Santander.
Castaño dijo que las masacres "no son la mejor vía para buscar la paz", y propuso para evitarlas "un acuerdo sobre derecho humanitario" que ponga fin a los ataques y secuestros de que es víctima la población civil inerme.
El departamento de Norte de Santander, ubicado en la selvática zona de Catatumbo, limítrofe con Venezuela, se convirtió desde mayo en uno de los sitios de mayor enfrentamiento entre la guerrilla y los paramilitares, que se disputan el control del territorio.
Organismos de seguridad afirman que la zona es disputada por los grupos armados irregulares que quieren el control de 50.000 hectáreas de cultivos de coca y recursos mineros, así como por sus límites con los estados venezolanos de Táchira y Zulia, a los que incursionan para secuestrar hacendados y contrabandear armas.
Castaño dijo que no tiene inconveniente en reunirse con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, para analizar la guerra civil, siempre que sea con al aval del gobierno colombiano.
Chávez anunció el lunes su disposición de dialogar con los paramilitares, si fuese necesario, para tratar de frenar que la guerra civil atraviese las fronteras. Mientras, el gobierno colombiano reiteró que cualquier contacto con los grupos armados debe hacerse respetando sus asuntos internos.
El canciller Guillermo Fernández indicó que el gobierno venezolano puede apelar a su soberanía para dialogar con los grupos armados, pero advirtió que el gobierno de Colombia espera que estos contactos sean coordinados con éste y a solicitud del presidente Andrés Pastrana.
Eduardo Pizarro, del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI), explicó que Colombia se ha convertido en un vecino incómodo para Venezuela "por el traspaso de la frontera de paramilitares y guerrilleros que consideran seguras estas zonas débilmente pobladas"
El ministro de Defensa, Luis Ramírez, dijo tras conocer las declaraciones de Castaño que "toda propuesta de derecha o de izquierda que conduzca a humanizar esta guerra" es bienvenida.
Pero el funcionario indicó que la propuesta de Castaño debe ser analizada por el presidente Pastrana y las comisiones que se han creado para conducir el proceso de paz.
Para el empresario Willam Fadul, del Consejo Gremial Nacional (que reúne a los 15 principales sectores de la producción), las reflexiones de Castaño comprometen "aun más a la guerrilla y el Estado" en la búsqueda de un acuerdo serio de paz.
Fadul, presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Seguros, dijo que "indudablemente las fuerzas que comandan las autodefensas (paramilitares) son un actor importante del conflicto armado, que tarde o temprano habrá que tener en cuenta".
Los grupos paramilitares se gestaron a fines de los años 70 como fuerzas de contrainsurgencia por hacendados y campesinos ricos con el apoyo del Ejército, sobre la base de una ley que autorizó en 1968 la creación de grupos civiles de "autodefensa" para proteger sus propiedades y sus vidas.
No obstante, estas agrupaciones fueron mezclando sus actividades cada vez más con las de los ejércitos privados de pistoleros formados por narcotraficantes que deseaban eliminar a comunidades rurales para apropiarse de sus tierras y a activistas sociales señalados como cercanos a la guerrilla.
En 1988, investigadores oficiales e independientes coincidierpon en señalarlos como autores de más de 80 masacres (asesinato de más de 4 personas en un mismo sitio) y centenares de homicidios individuales de trabajadores, sindicalistas y políticos, lo que llevó al gobierno a declaralos ilegales.
Según el Centro de Educación y Cultura Popular calculó que entre enero y junio los grupos paramilitares han sido señalados como responsables de 88 por ciento de las 2.966 denuncias por violaciones de derechos humanos por persecución política registradas en este país.
La cifra de este primer semestre del año representa más el doble de todas las denuncias que se registraron por estos hechos en 1998. (FIN/IPS/yf/mj/ip hd/99
