Treinta y seis muertos y 15 desaparecidos es el saldo de la matanza realizada el fin de semana en Colombia por los paramilitares, a quienes organizaciones no gubernamentales responsabilizan de 88 por ciento de las violaciones a los derechos humanos cometidas este año.
El arzobispo Gustavo Martínez, de Pamplona, una localidad cercana al nororiental municipio de Tibú, escenario de los hechos, afirmó que los asesinatos perpetrados desde el viernes se deben a la ofensiva que las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) mantienen desde mayo contra la guerrilla izquierdista.
También campesinos que huyeron de la zona de la matanza, ubicada en el departamente de Norte de Santander, acusaron a las AUC al llegar a la ciudad de Cúcuta, fronteriza con Venezuela.
El defensor del pueblo, Iván Villamizar, dijo que hasta este lunes fueron identificados los cadáveres de 36 personas, pero que no se descarta una cantidad mayor de muertos, debido a que 15 personas siguen desaparecidas.
Villamizar propuso "un debate sobre las políticas de seguridad" para el departamento de Norte de Santander, cuyos habitantes "ya no creen en la eficacia de las autoridades locales".
Los testigos informaron que más de cien hombres de las AUC divididos en dos grupos bloquearon las comunicaciones telefónicas de cuatro localidades de Tibú, y asesinaron entre el viernes y el sábado a 16 personas.
Así mismo, atacaron una guarnición militar y tomaron 35 rehenes, a quienes también habrían matado.
"Es una disputa (entre las AUC y la guerrilla) por el control territorial que tiene a la población civil no combatiente entre dos fuegos", comentó el arzobispo Martínez.
Los paramilitares, lanzados al asesinato de auxiliares reales o presuntos de la guerrilla, ya habían matado en el norte a 28 personas, entre el 13 y el 15 de este mes.
Martínez exhortó a los grupos armados a que pongan fin a los ataques a "la población inerme", que "está pagando por una guerra que no buscó".
La masacre de Tibú se conoció ocho días después del secuestro del obispo local, José Quintero, cautivo al parecer del Ejército Popular de Liberación, un grupo guerrillero menor.
La Conferencia Episcopal católica, que reúne a cerca de 80 obispos, solicitó este lunes la liberación de Quintero. También instó a los colombianos a pronunciarse "a una sola voz" contra las matanzas.
Villamizar advirtió que varias veces fue denunciada la amenaza de paramilitares en Norte de Santander, pero las autoridades departamentales no reaccionaron adecuadamente.
"Los muertos que tenemos nos deben llevar a pedir un gran debate" en el que las autoridades expliquen "por qué no se han prevenido estas masacres anunciadas" dijo Villamizar a la radioemisora Caracol.
Según organismos humanitarios, en lo que va de mayo a agosto se han registrado en el departamento de Norte de Santander, al que pertenece Tibú,
Catoce masacres (asesinato de más de cuatro personas en un mismo lugar) se registraron de mayo a agosto en Norte de Santander, con 168 víctimas. En todos los casos se trataba de personas señaladas por las AUC como auxiliares de la guerrilla.
La población del departamento "no cree en la autoridad, porque no ve accioines para contrarestar esta acción demencial de violencia que esta azotando esta parte del país", declaró Villamizar.
Eugenio Guerrero, del centro de Educación y Cultura Popular (Cinep), dijo a IPS que el ataque de Tibú evidencia "un creciente avance de la guerra y de la vulneración de los derechos nhumanos de las personas".
Guerrero indicó que este año se han incrementado "inusitadamente" las "acciones bélicas y la violación de derechos humanos por persecución política".
El Cinep contabiliza este año denuncias acerca de 2.966 víctimas de persecución política. En 88 por ciento de los casos se identifica como responsables a las AUC, y en el resto, al ejército, la policía y los guerrilleros.
Los sectores sociales más afectados por esos ataques han sido los campesinos, con 909 víctimas. (FIN/IPS/yf/ff/hd/99
