Una nueva propuesta, presentada por líderes políticos, sindicalistas, activistas sociales y académicos, podría destrabar en Colombia las conversaciones entre el gobierno y el guerrillero Ejército de Liberación Nacional, paralizadas desde comienzos del año.
La propuesta, que está siendo analizada por la cúpula del ELN, segunda fuerza guerrillera de Colombia, contempla la liberación de cerca de 80 rehenes en poder del grupo armado y la desmilitarización de un área "aceptable para las partes".
En esta área debe realizarse la Convención Nacional en la que el ELN definirá con representantes de la sociedad civil los temas de la agenda para su negociación de paz con el gobierno.
Así mismo, se entraría a discutir la posibilidad de un cese del fuego bilateral y un acuerdo humanitario, y la creación de mecanismos de interlocución directa entre el gobierno, el ELN y representantes de la sociedad civil.
Entre los firmantes de la propuesta se cuentan los ex candidatos presidenciales Nohemí Sanín, Horacio Serpa, los ex cancilleres Augusto Ramírez y María Ema Mejía, los sindicalistas Wilson Borja, Hernando Hernández y Luis Garzón, el procurador Jaime Bernal y los investigadores Alejo Vargas y Alfredo Molano.
El gobierno aceptó estudiar la propuesta y sugirió la creación de un grupo de consulta integrado por algunos de los firmantes, para que inicie los contactos con la cúpula del ELN.
El grupo de consulta estaría integrado por el liberal Serpa, la conservadora Sanín, el procurador Bernal, el arzobispo Víctor López y el consejero presidencial Juan Uribe.
El comisionado presidencial para la paz, Víctor Ricardo, manifestó a los firmantes de la propuesta que el gobierno está dispuesto a "ofrecer las debidas garantías de seguridad a los participantes en la Convención Nacional", para lo que "ha ofrecido diferentes alternativas de modo y lugar".
No obstante, subrayó que para la reanudación del diálogo es necesario que el ELN "restituya la libertad de todos los retenidos" en los secuestros masivos que se llevaron a cabo entre abril y junio pasados.
Las conversaciones entre los representantes del ELN y el comisionado presidencial para la paz, que se celebraban en Caracas, se interrumpieron tras la negativa del gobierno a desmilitarizar una zona del norte de Colombia para la realización de la Convención Nacional.
El ELN reconoció que los secuestros de los pasajeros de un avión, en abril, los fieles de la iglesia La María, de la occidental ciudad de Cali, en junio, y un grupo de turistas en Barranquilla, en julio, se llevaron a cabo para obligar al gobierno a reanudar el diálogo.
Pero los secuestros masivos, con los que el ELN buscaba hacer una demostración de fuerza, fueron considerados un error político y la situación se agravó con el anuncio del jefe militar del grupo guerrillero, Antonio García, de que cobrarían por la liberación de algunos de los secuestrados.
El procurador Bernal, quien aceptó formar parte del grupo de consulta, dijo a IPS que lo importante es destrabar el proceso y "no seguir guardando silencio y dilatando la liberación de los rehenes".
María Bernal, coordinadora de la Red de Iniciativas por la Paz, que integran cerca de 30 organizaciones no gubernamentales, saludó el paso dado "para buscar una salida a la situación que están viviendo los secuestrados y para que se inicie el proceso de paz con el ELN".
Que representantes de la sociedad civil hayan decidido mediar ante el ELN y que el gobierno acepte esta mediación, representa un paso importante para destrabar la situación, según los analistas.
El ELN decidió iniciar su proceso de paz en julio pasado, teniendo como interlocutores a representantes de la sociedad civil, con la firma del Acuerdo de la Puerta del Cielo, en la ciudad alemana de Maguncia.
La agenda de negociación con el gobierno debe ser acordada con los representantes de la sociedad civil en la Convención Nacional, según el ELN, y para su realización pedía la desmilitarización de cuatro municipios del norteño departamento de Bolivar, lo que no fue aceptado. (FIN/IPS/yf/ag/ip/99
