El Ejército de Colombia acusó hoy a las guerrilleras FARC de violar los derechos humanos en un ataque en la localidad de Nariño, en el noroeste, donde murieron al menos nueve policías y 10 civiles, entre ellos cuatro menores.
El comandante de la I División del Ejército, general Víctor Alvarez, dijo que el operativo de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) en Nariño, entre el viernes y el domingo, "fue un acto demencial".
Alvarez informó que las FARC atacaron durante más de 36 horas el puesto de policía de esta localidad del departamento de Antioquia, ocuparon el hospital, destruyeron una decena de viviendas y causaron daños a otras 30. También destruyeron la alcaldía, un banco y una escuela.
"Atacar una población indefensa provocando muertos y heridos en forma indiscriminada entre personas no combatientes" es un acto de barbarie y "constituye una flagrante violación de todos los derechos", afirmó el militar.
Alvarez sostuvo que los rebeldes lanzaron indiscriminadamente bombas fabricadas de forma artesanal con cilindros de gas propano, con las que causaron el derrumbre de los edificios y la muerte de los civiles adultos y menores.
El jefe militar denunció también a las FARC por fusilar a policías indefensos y herir a dos suboficiales que prestaban servicios de vigilancia y seguridad en esa localidad antioqueña.
Además de los policías muertos, cinco se encuentran heridos y ocho están desaparecidos, al parecer rehenes de las FARC.
El hostigamiento guerrillero se inició el viernes, pero los policías y militares de refuerzo sólo pudieron llegar este domingo a Nariño, pues la guerrilla dinamitó la carretera e imposibilitó así el acceso directo a la localidad.
El arzobispo de Montería (norte), Darío Molina, dijo que con su escalada "terrorista" las FARC obstaculizan aun más el camino de la paz. El religioso repudió el ataque, en el que, al igual que en otros, "la desprotegida población civil es la que sufre más muertes".
El Centro de Estudios e Investigación Popular (CINEP), orientado por sacerdotes católicos jesuitas, indicó que en 1998 se registraron 1.849 denuncias de violaciones de derechos humanos, 708 de ellas en acciones belicas.
El ataque de las FARC también fue condenado por el presidente de la Federación Colombiana de Municipios y alcalde de Medellín, Juan Gómez.
La guerrilla sólo "reclama el respeto al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos cuando los efactados le son cercanos", dijo Gómez a la radioemisora Caracol, la de mayor alcance de Colombia.
Medellín, capital del departamento de Antioquia, sufrió el viernes la explosión de un coche bomba en la que murieron 10 personas, entre ellas tres militares y un agente del Departamento Administrativo de Seguridad (inteligencia).
El atentado ocurrió frente a las instalaciones de una división del ejército y fue atribuido por organismos de seguridad a las Milicias Bolivarianas, células urbanas de las FARC.
La escalada de las FARC se registró tras el congelamiento del diálogo que desarrolla el gobierno con esa organización rebelde para iniciar una negociación de paz y, según analistas, puede agravarse en un intento de los rebeldes por demostrar su poder militar.
Los representantes de las FARC y del gobierno se levantaron el viernes de la mesa del diálogo, luego de no alcanzar un acuerdo en torno del nombramiento de una comisión internacional que supervise el proceso iniciado el diciembre.
Las FARC entienden que el nombramiento de esta comisión no es necesario en esta etapa inicial del proceso, mientras que el gobierno la consideran crucial.
Sin embargo, tanto las FARC como el principal negociador del gobierno, Víctor Ricardo, afirmaron que mantienen abiertos los canales de comunicación en procura de un acuerdo que permita el inicio de las negociaciones.
El presidente de la Cámara de Diputados, Armando Pomarico, del opositor Partido Liberal, llamó a la guerrilla y al gobierno a procurar "un acuerdo con sentido de patria".
Pomarico afirmó que las FARC y el también guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN) se despojan de legitimidad "en la medida en que atacan a la población civil con sus atentados, secuestros y hostigamientos".
El ELN, segunda organización rebelde de Colombia detrás de las FARC, mantiene en su poder a unos 80 rehenes secuestrados entre abril y junio para presionar una negociación de paz con el gobierno.
Pomarico pidió al gobierno "ampliar su radio de acción" y comprometer "a todas las fuerzas vivas, incluyendo a la oposición, la academia y sectores representantivos para enriquecer el proceso de paz".
Este lunes Pastrana reiteró que esta dispuesto a negociar la paz con el ELN si esta agrupación libera sin condicionamientos a sus rehenes. (FIN/IPS/yf/mj/he ip/99
