Cerca de 120 campesinos desplazados de su hogar por el conflicto armado mantienen la ocupación de la sede en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en demanda de atención "real e inmediata" a su situación.
José Vega, líder del grupo de ocupantes, dijo a IPS que la toma pacífica de las oficinas del ACNUR en Bogotá tiene el propósito de obligar al gobierno a resolver el problema de los desplazados.
Los desplazados, que proceden de diferentes zonas del país, ingresaron el lunes en las oficinas del ACNUR para reclamar mayor atención humanitaria, subsidios, capacitación laboral y la creación de un fondo de asistencia.
El gobierno no tiene "una estrategia clara" para encarar la cuestión de los desplazados por la guerra, afirmó Vega.
Agregó que diariamente llegan del interior del país a la capital decenas de familias para huir de amenazas de los grupos paramilitares de derecha, de la guerrilla izquierdista o de las fuerzas de seguridad.
La Defensoría del Pueblo (ombudsman) del nororiental departamento de Santander aseguró este miércoles que entre mayo y lo que va de agosto hubo en esa región nueve masacres (asesinato de más de cuatro personas en un mismo lugar), con un saldo de ochenta civiles muertos.
Una fuente de la Defensoría que pidió el anonimato afirmó que el mayor número de asesinatos tuvo de escenario la zona de La Gabarra, en el norte del departamento.
El último ataque de grupos paramilitares a La Gabarra ocurrió el 31 de julio. Al menos 15 personas fueron muertas y ocho desaparecieron.
Así mismo, en el occidental departamento del Valle, las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y se enfrentan con las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Las AUC rechazaron a los guerrilleros de las FARC y tomaron el control de la localidad de Monteloro, donde incendiaron varias viviendas y asesinaron a dos hombres acusados de mantener vínculos con los rebeldes, según el testimonio de desplazados que llegaron a la localidad de Tuluá, en el Valle.
Diana Sanchez, de la no gubernamental Consejería para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), indicó a IPS que cada masacre perpetrada este año ha dado lugar en promedio a cerca de 1.000 personas desplazadas.
Unas 48.000 personas huyeron entre enero y marzo de la zona en que residían, debido a la violencia, según el último informe de Codhes, y entre 1994 y 1999, la cantidad total es de 1,5 millones, cuatro por ciento de la población del país.
La principal causa del desplazamiento de grandes masas de población son las acciones armadas determinadas por la estrategia de los grupos irregulares de ganar territorio para tener mayor control político, de acuerdo con la Conserjería.
Otras organizaciones humanitarios señalan también como causa de este problema la construcción de grandes obras de desarrollo y la disputa por tierras de alto valor productivo.
Codhes señala como causantes del desplazamiento forzado a los grupos paramilitares de derecha en 33 por ciento de los casos, a la guerrilla en 29 por ciento y a las Fuerzas Armadas en 14 por ciento.
El desplazamiento forzado a causa de la violencia fue reconocido oficialmente por el gobierno de Ernesto Samper (1994- 1998), quien creó la Consejería Presidencial para los Desplazados.
En abril de 1996 se instaló en Colombia la oficina del ACNUR, cuyos 12 funcionarios prestan asistencia humanitaria a los desplazados por el conflicto interno.
Según Codhes, sólo 17 por ciento de la población desplazada ha recibido atención gubernamental. (FIN/IPS/yf/ff/hd/99
