/Ciudades de América Latina/ BOLIVIA: La catástrofe municipal de La Paz

Sin necesidad de un desastre natural, la ciudad de La Paz vive una auténtica catástrofe: es botín de políticos corruptos, casi nadie hace nada por ella y desde 1996 ha tenido cuatro alcaldes.

Esa visión, que para quien no conoce la ciudad sede del gobierno de Bolivia puede parecer apocalíptica, es compartida por todos los diagnósticos, incluso por los más optimistas de medios de comunicación, de analistas y -paradójicamente- de los propios políticos que la llevaron al borde del abismo.

Dos de los cuatro alcaldes que dirigieron los destinos de La Paz desde 1996 se enfrentan en estos días a graves acusaciones por actos de corrupción que podrían llevarlos a la cárcel.

La ex alcaldesa Gaby Candia (1997-1998), procesada por la compra fraudulenta de terrenos por 1,6 millones de dólares, se arriesga a ser detenida si no paga una fianza de 550.000 dólares – la más alta de la historia judicial de Bolivia- para permanecer en libertad provisional.

Su sucesorm Germán Monroy (1998-1999), está acusado de firmar letras de cambio fraudulentas por 100 millones de dólares, vender un parque nacional de 213 hectáreas en las afueras de La Paz, comprar luminarias con un pago adicional irregular de un millón de dólares y de la malversación de 28 millones de dólares.

Monroy, que gobernó La Paz hasta junio, es, a estas alturas, el mayor emblema de la corrupción política y su caso es investigado por una comisión del Congreso Nacional.

"La más burda grosería, el ansia de un espacio de poder y las artimañas utilizadas para un fulminante enriquecimiento, movilizaron a políticos de tercera categoría, catapultados a la cumbre comunal, donde realizaron todo lo imaginable para engañar a los paceños", dijo el analista Jacono Liberman.

La Paz, cuya población de poco más de un millón de personas reside sobre un altiplano a 4.000 metros sobre el nivel del mar y en laderas que descienden hasta los 3.600 metros, tiene tan triste fama que hasta la revista británica The Economist se ocupó de su tragedia.

"La Paz recibió en julio su alcalde número 14 en 12 años. La inestabilidad política ha alimentado la ineficacia y la corrupción. Cada cambio de alcalde ha significado cambios de arriba abajo entre los cargos locales, ya que las deudas políticas se han pagado con puestos en el gobierno", señaló The Economista, en un artículo titulado "Desgobierno local".

La crisis de gobernabilidad y la corrupción inducen a los inversionistas a renunciar a fijar su sede legal en La Paz, pese a las complicaciones que les acarrea establecerse fuera de la ciudad en la que se encuentran los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Las mayores empresas extranjeras que operan en campos petroleros y las firmas de administración de fondos de pensiones y de telecomunicaciones ya han cambiado La Paz por la próspera Santa Cruz, de profusa actividad agroindustrial y de nivel de vida superior al resto del país.

Tardíamente, los legisladores intentan corregir las reglas de juego, para garantizar al menos que el alcalde elegido por cinco años complete su gestión y que los concejales no puedan reemplazarlo cada año mediante el "voto constructivo de censura" actualmente vigente.

Con el mecanismo actual, los partidos políticos se cobran cuentas por cuotas de poder, trafican con votos y utilizan los fugaces cambios de administración para satisfacer apetitos de enriquecimiento rápido, dicen los analistas.

La nueva Ley Orgánica de Municipalidades limitará el "voto constructivo de censura" sólo a casos excepcionales de pérdida de confianza del Concejo Municipal en el alcalde.

En los últimos cuatro años, 248 de los 311 alcaldes del país fueron removidos por la aplicación del mecanismo del "voto constructivo de censura".

"La praxis ha demostrado que una parte de los problemas de inestabilidad e ingobernabilidad de los municipios -como el caso de La Paz- tuvo origen en la aplicación del voto de censura", señaló el parlamentario Jorge Torres, especialista en temas municipales y coautor del proyecto de reforma orientado a dar estabilidad a los alcaldes.

Pero Carlos Toranzo, del Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales, advirtió que la reforma no logrará solucionar los problemas más importantes de gobernabilidad en los municipios.

Toranzo propuso dotar a los alcaldes de mayor poder, a la vez que se fortalecen los controles sobre su gestión y el gasto, e identificar medios de para asegurar que los gobiernos municipales sean conducidos por funcionarios de carrera.

Pero nada de eso parece que será agregado a la nueva Ley Orgánica de Municipalidades, que se aplicará a los gobiernos municipales a elegirse el 5 de diciembre.

Entre los candidatos que han comenzado a perfilarse para el gobierno local de La Paz se cuentan políticos tradicionales, un dirigente que construyó su carrera en base a la permanente denuncia de la corrupción, y una periodista de una radioemisora local. (FIN/IPS/ac/ff/ip/99