El amplio diálogo sobre derechos humanos propuesta por el gobierno de Chile volvió hoy a un virtual punto cero, luego de que la Agrupación de Familiares de Detenidos- Desaparecidos (AFDD) y el Ejército reiteraran sus contrapuestas posiciones.
El comandante del Ejército, general Ricardo Izurieta, insistió en una entrevista publicada este sábado por el semanario Qué Pasa en que su arma no tiene informes sobre el paradero de los restos de unos 1.200 desaparecidos bajo la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-90).
La AFDD, en tanto, puntualizó el viernes que no participará en la mesa de diálogo propuesta por el ministro de Defensa, Edmundo Pérez, en tanto las Fuerzas Armadas, y en especial el Ejército, no asuman su responsabilidad en los crímenes de la dictadura.
El titular de Defensa lanzó hace tres semanas la propuesta de convocar a los militares, los familiares de las víctimas, abogados, académicos y líderes políticos y religiosos para buscar una solución conjunta a los problemas pendientes de derechos humanos.
La iniciativa de Pérez se produjo luego de un trascendental fallo de la Corte Suprema de Justicia, que avaló el procesamiento de cinco oficiales retirados del Ejército, acusados de secuestrar a 19 personas desaparecidas entre octubre y noviembre de 1973.
Este dictamen puso en entredicho la aplicación de la ley de amnistía que Pinochet expidió en marzo de 1978 para librar de toda responsabilidad penal a autores de crímenes contra los derechos humanos cometidos desde marzo de 1973 hasta esa fecha.
El ex dictador, ex comandante del Ejército y senador vitalicio desde marzo de 1998, fue arrestado en Londres el 16 de octubre último, a raíz de un juicio abierto en su contra en España por el magistrado Baltasar Garzón.
El fallo de la Corte Suprema, que afectó a oficiales integrantes en 1973 de la llamada "caravana de la muerte", tuvo lugar en el marco de una veintena de querellas presentadas contra Pinochet en Chile que son instruidas por el juez Juan Guzmán.
El ministro Pérez se reunió este viernes con Izurieta y los comandantes de la Armada, almirante Jorge Arancibia, la Fuerza Aérea, general Mario Ríos, y de la policía de Carabineros, general Manuel Ugarte, para analizar la suerte del diálogo.
El titular de Defensa, según trascendió, indicó en la reunión que la propuesta está dirigida específicamente a los mandos institucionales, desechando así la demanda de los generales retirados de participar en las conversaciones.
En sus declaraciones a Qué Pasa, Izurieta dijo que si tuviera informes para ubicar restos de desaparecidos, los entregaría "en aras de la unidad nacional", pero insistió en que el Ejército carece de tales antecedentes.
La mayoría de las desapariciones forzadas fueron obra de militares al servicio de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), cuerpo represivo secreto que dependía directamente del general Pinochet como gobernante y comandante del Ejército.
Izurieta defendió la aplicación de la ley de amnistía en los actuales juicios. "La institución formó parte del gobierno militar, le corresponde ser solidaria con todas aquellas personas que, siendo miembros del Ejército, debieron enfrentar la subversión", dijo.
El general sostuvo también que el diálogo no puede reducirse a dos estamentos, las Fuerzas Armadas y los familiares de desaparecidos, sino que "es indispensable que participe toda la sociedad chilena, justamente porque es un problema de todos".
En este último aspecto hay una lejana coincidencia con la AFDD, para la cual la impunidad en que permanecen las violaciones de derechos humanos constituyen un desafío político y ético para toda la sociedad, y son un asunto de Estado.
En este sentido, la agrupación plantea que el gobierno de Eduardo Frei debe involucrarse directamente en el tema, y no sólo como mediador para un diálogo, exigiendo a los militares la entrega de informes sobre los desaparecidos.
La declaración de la AFDD, leída por su presidenta, Viviana Díaz, señaló que "el problema de los derechos humanos no se resuelve sentándose (a dialogar) con quienes no reconocen ni asumen su responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad".
La agrupación planteó que toda iniciativa sobre el tema debe orientarse a fortalecer la labor de los tribunales, anular los efectos de la ley de amnistía, restringir las atribuciones de la justicia militar y facultar a los jueces civiles para requerir informes de las Fuerzas Armadas.
La AFDD indicó que no tiene intermediarios para conversaciones con el ministro de Defensa, pero al mismo tiempo aclaró que mantiene su confianza en los abogados de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas.
Estos abogados, querellantes en causas por delitos contra los derechos humanos, se reunieron hace una semana con Pérez y se declararon dispuestos a dialogar con los mandos de las Fuerzas Armadas.
Nelson Caucoto, uno de los juristas, señaló el viernes que así como fue posible que dialogaran Egipto e Israel, o Vietnam con Estados Unidos, en Chile deben abrirse conversaciones, sin que esto implique renunciar a las aspiraciones de verdad y justicia. (FIN/IPS/ggr/ag/hd-ip/99
