Un diputado del cogobernante Partido Socialista presentó hoy en Chile un proyecto de ley para derogar el Día de la Reconciliación Nacional, que debería celebrarse por primera vez el próximo 6 de septiembre.
La fecha fue instituída hace un año, luego de una negociación política en que tuvo un papel protagónico el ex dictador Augusto Pinochet, para sustituir el feriado con que desde 1974 se conmemoraba cada 11 de septiembre el golpe de Estado de 1973.
Felipe Valenzuela, el diputado socialista que propuso derogar el nuevo feriado, argumentó que hoy no existen en Chile condiciones para una real reconciliación y unidad nacional tras los últimos hechos en materia de derechos humanos.
El presidente del Senado, Andrés Zaldívar, del también cogobernante Partido Demócrata Cristiano (PDC), dijo igualmente el martes que no hay clima apropiado para la celebración del 6 de septiembre.
El principal factor en contra de la reconciliación es el virtual fracaso de la mesa de diálogo amplio sobre derechos humanos propuesta hace tres semanas por el ministro de Defensa, Edmundo Pérez.
El ministro pretende que conversen, entre otros sectores, las Fuerzas Armadas con los familiares de los desaparecidos durante la dictadura de Pinochet (1973-1990), pero ambas partes han sentado posiciones y condiciones que hacen impracticable el diálogo.
El arresto en Londres desde el 16 de octubre de Pinochet, de 83 años y senador vitalicio, puso también de manifiesto que la sociedad chilena sigue polarizada ante el tema de las violaciones de los derechos humanos.
Pese a la eliminación del feriado del 11 de septiembre, las víctimas de la represión y la izquierda se aprestan a reeditar en esa fecha su tradicional homenaje al presidente Salvador Allende, derrocado por Pinochet, ignorando el Día de la Reconciliación y la Unidad Nacional.
Es también muy probable que el 11 de septiembre, grupos de derecha y militares en retiro celebren a su vez el 26 aniversario del cruento golpe de Estado, como muestra de su adhesión al ex dictador detenido en Gran Bretaña.
El mes de septiembre llegará con un factor adicional de conflicto por el inicio en Londres, el 27 de ese mes, del juicio de extradición de Pinochet a España, donde el juez Baltasar Garzón lo procesa por crímenes contra la humanidad.
El ex dictador, senador vitalicio desde marzo de 1998, y Zaldívar, como presidente de la cámara alta, fueron los gestores del reemplazo del feriado del 11 de septiembre por el Día de la Reconciliación, a celebrarse el primer lunes de ese mes.
La propuesta del diputado Valenzuela fue rechazada por los parlamentarios de la oposición derechista, quienes insistieron en responsabilizar al Partido Socialista del virtual fracaso de la propuesta de diálogo del ministro de Defensa.
Es muy probable que el proyecto para derogar este nuevo feriado no se alcance a discutir antes del 6 de septiembre, y aún así su aprobación es incierta, sobre todo en el Senado, donde la correlación de fuerzas se inclina a la derecha.
El presidente Eduardo Frei hizo este miércoles un llamado a "no entorpecer" la iniciativa de diálogo del ministro Pérez y al mismo tiempo pidió compartir el dolor de los familiares de detenidos-desaparecidos bajo la dictadura.
El mandatario se refirió al tema durante un acto del Día de la Solidaridad, una fecha instituída por la Iglesia Católica en homenaje a Alberto Hurtado, un sacerdote beatificado por el papa Juan Pablo II que se distinguió por su labor social.
El socialista Ricardo Lagos, candidato presidencial de la coalición gobernante, reiteró a su vez que uno de los mecanismos para abrir paso al diálogo consiste en que el Ejército entregue información sobre el paradero de restos de desaparecidos.
El comandante del Ejército, general Ricardo Izurieta, reiteró el sábado a una revista que su institución no dispone de esos informes, pero aclaró que se siente comprometido con sus efectivos procesados en causas de derechos humanos.
Lagos acotó que si el Ejército apoya a los militares procesados es porque debe tener antecedentes de los delitos en que aquellos están involucrados y, por lo tanto, corresponde que ponga esa información en manos de los tribunales.
Otros dirigentes políticos advirtieron que la posición de Izurieta implicaría un compromiso institucional del Ejército en las violaciones de derechos humanos, en vez de la responsabilidad penal individual que se atribuyó hasta ahora a ex agentes represivos. (FIN/IPS/ggr/ff/ip hd/99
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