Con la lectura de un esperanzador mensaje del presidente Eduardo Frei comenzaron hoy en Chile las sesiones de trabajo de la mesa de diálogo sobre derechos humanos, en que participan representantes de las Fuerzas Armadas.
Esta primera sesión de la mesa instalada el día 21 dio lugar a un primer intercambio de puntos de vista entre militares y abogados defensores de víctimas de la represión durante la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-90).
Los miembros de la mesa se reunieron en el Ministerio de Defensa, mientras en la calle se producían protestas de las agrupaciones de familiares de desaparecidos y de ejecutados políticos, contrarios a esta iniciativa.
Se registraron igualmente incidentes entre miembros de esas agrupaciones y del denominado Movimiento Víctimas del Terrorismo, integrado por parientes de policías y militares muertos en acciones de grupos opositores armados durante la dictadura.
La mesa de diálogo, creada por el ministro de Defensa, Edmundo Pérez, no tiene una agenda fija ni plazo de funcionamiento, pero su propósito fundamental es contribuir al hallazgo de los restos de unos 1.200 detenidos-desaparecidos.
"Hoy se inicia probablemente una de las etapas más relevantes de los últimos tiempos", dijo Frei en su mensaje a los miembros de la mesa, quienes "tienen frente a sí uno de los desafíos más complejos que puede enfrentar la historia de los pueblos".
En el diálogo participan, además de los juristas y delegados de las instituciones castrenses, personalidades académicas, culturales, de las iglesias Católica, Evangélica y Luterana, así como de la Masonería.
"Parten con elementos favorables, también con cargas históricas. En otras palabras, se encuentran ante una situación plena de desafíos. Sin embargo, han dado el paso fundamental: se han sentado a conversar y, figurativamente, con ustedes, muchos chilenos", añadió la misiva de Frei.
"Dialogar con franqueza es siempre difícil, y por ello valoro altamente el trabajo que hoy inician. Las esperanzas de ustedes forman parte de nuestras propias expectativas, y estoy seguro que también de la mayoría de los chilenos", concluyó el mandatario.
La Asamblea Nacional por los Derechos Humanos, que reúne entre sus miembros a las agrupaciones de Familiares de Detenidos- Desaparecidos y de Familiares de Ejecutados Políticos, protestó en las afueras del Ministerio de Defensa.
La asamblea sostuvo en una declaración pública que la mesa de diálogo no es más que "una maniobra política y comunicacional" cuyos objetivos son lograr la libertad de Pinochet y favorecer a los militares implicados en violaciones de derechos humanos.
El ex dictador y actual senador vitalicio de 83 años está arrestado desde el 16 de octubre de 1998 en Londres, donde se enfrentará desde el 27 de septiembre a un proceso de extradición a España, donde se le juzga por crímenes contra la humanidad.
La iniciativa de la mesa de diálogo surgió luego de que la Corte Suprema de Justicia hiciera en julio una virtual reinterpretación de la ley de amnistía que Pinochet expidió en 1978 al respaldar el procesamiento de cinco oficiales retirados del Ejército.
"Es una idea perversa e inaceptable pretender que se sienten en una misma mesa víctimas y victimarios", señaló la Asamblea Nacional por los Derechos Humanos. "La verdad y la justicia son valorres irrenunciables que no se pueden negociar", subrayó.
En un sentido similar se pronució en la propia mesa de diálogo la abogada Pamela Pereira, cuya participación en esa instancia fue reprobada por la Agrupación de Familiares de Detenidos- Desaparecidos (AFDD), a la cual pertenece la jurista.
Pereira, quien llegó a la reunión con una voluminosa documentación, entregó sus puntos de vista sobre la situación en Chile en vísperas del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 y los acontecimientos represivos posteriores.
"Si las Fuerzas Armadas reconocen con valor el mal que han hecho, todos reconoceremos a su vez el valor de quienes son capaces de enfrentar con coraje esa realidad en su justa dimensión", dijo la abogada al término del encuentro.
Otro de los miembros que intervino en esta primera sesión de trabajo fue el general Juan Carlos Salgado, representante del comandante en jefe del Ejército, general Ricardo Izurieta, pero no se informó sobre sus planteamientos.
En un hecho ajeno al diálogo, pero de gran simbolismo en el ámbito de los derechos humanos, una jueza ordenó este martes al Estado chileno el pago de una indemnización de unos 450.000 dólares a la ex estudiante Carmen Gloria Quintana.
Quintana fue detenida y quemada por una patrulla militar el 2 de julio de 1986, durante una protesta contra la dictadura, junto al joven fotógrafo Rodrigo Rojas, quien falleció a causa de las heridas, mientras ella resultó con 80 por ciento de su piel destruida. (FIN/IPS/ggr/ag/hd-ip/99
