El gobierno español busca apoyo de la oposición para aceptar la propuesta chilena de un arbitraje extrajudicial que revise el pedido de extradición a España del ex dictador de Chile, Augusto Pinochet.
Abogados de las víctimas de Pinochet reclamaron al gobierno español, presidido por José María Aznar, que no claudique en este caso y apoye la acción de la justicia.
Desde que Pinochet fue arrestado en Londres el 16 de octubre de 1998, por pedido del juez español Baltasar Garzón, el gobierno chileno ensayó diversos caminos para evitar su extradición a España y su juicio en ese país.
El último de esos intentos fue una carta enviada el 23 de julio al canciller español, Abel Matutes, por su par chileno, el socialista Juan Gabriel Valdés, urgiéndolo a que acepte un arbitraje bilateral, al margen de las actuaciones judiciales nacionales e internacionales, en el caso de Pinochet.
Ese arbitraje debería conducir a una anulación de la demanda de extradición española, y a un rápido regreso del ex dictador y actual senador vitalicio chileno a su país.
Está previsto que las audiencias del proceso de extradición de Pinochet a España comiencen en Londres el 27 de septiembre.
El diario El País, de Madrid, reveló el domingo que Matutes pidió apoyo a Joaquín Almunia, secretario general del opositor Partido Socialista Obrero Español (PSOE), para aceptar la iniciativa de Chile.
Matutes informó a Almunia que se trasladará la propuesta chilena al Consejo de Estado, máximo órgano de consulta del gobierno, para que decida si la aceptación de esa iniciativa requiere que el parlamento apruebe una ley.
Según El País, el dirigente socialista respondió a Matutes que si el Consejo de Estado estima que es necesario aprobar una ley, los parlamentarios del PSOE se opondrán a ella en el parlamento.
Joaquín Pérez Villanueva, portavoz de la cancillería, declaró el domingo a la estatal Radio 5 que "no se excluye" la posibilidad de aceptar el pedido chileno, pero que "la decisión no está tomada todavía".
Los abogados de las familias de dos víctimas de la dictadura de Pinochet, los sacerdotes españoles Joan Alsina y Antoni Llidó, torturado y asesinado el primero, y secuestrado, torturado y "desaparecido" el segundo, enviaron a Aznar el viernes una carta privada a la que tuvo acceso IPS.
En esa carta recordaron al presidente del gobierno que el Congreso de Diputados de España aprobó por unanimidad, en diciembre de 1997, una moción que exigió respeto al procedimiento judicial contra Pinochet, y que el Parlamento Europeo aprobó tres resoluciones en el mismo sentido.
Los abogados manifestaron su inquietud por la posibilidad de que la actitud de Matutes sea "interpretada como una claudicación respecto a un Estado (el chileno) que no es parte" en el proceso contra Pinochet, pero que "no cesa en su propósito de presionar sobre las diligencias en curso".
Esa actitud de Santiago contrasta "con la enérgica defensa que de la ley y la justicia hace el gobierno británico", según el equipo de abogados, dirigido por los juristas Joan Garcés y Manuel Murillo.
Los abogados consideraron especialmente criticable que la cancillería española entregara al gobierno chileno escritos de la Fiscalía que obran en el sumario, así como "piezas que son parte del proceso" y que, según la ley, deben ser secretas para terceros.
Además señalaron que cada vez que Matutes habla o escribe sobre el caso, "pareciera ofrecer excusas porque los tribunales están investigando", y en sus palabras hay "una ausencia sistemática de la palabra crímenes, como si el proceso de Pinochet levitara sin referencia material alguna".
Matutes tampoco utiliza la palabra "víctimas", indicaron, "como si éstas no existieran", e ignora las referencias a la "denegación de justicia" que se produjo en relación con los crímenes de los que se acusa a Pinochet.
Los abogados solicitaron a Aznar que el gobierno respalde al Poder Judicial, y que además les entregue copia de "los informes entregados al Estado (Chile) que defiende la puesta en libertad sin juicio de una persona procesada por crímenes contra la humanidad".
Carlos Slepoy, presidente de la Comisión Argentina pro Derechos Humanos y abogado de la acusación particular en los sumarios que instruye Garzón contra los dictadores argentinos y chilenos, aseguró que "sería absolutamente ilegal" someter el caso al arbitraje propuesto por Valdés.
Slepoy señaló a IPS que el proceso de extradición de Pinochet está basado en el Convenio Internacional contra la Tortura, ratificado Chile, España y Gran Bretaña, según resolvió la Cámara de los Lores británica a comienzos de este año, tras varias resoluciones y recusaciones.
Si hubiera una disputa entre Estados para determinar cuál tiene derecho en primera instancia para juzgar al ex dictador, ese Convenio establece que debería decidir el Comité Anti Torturas de la Organización de las Naciones Unidas.
Pero Chile no ha pedido a Gran Bretaña que entregue a Pinochet para ponerlo a disposición de un tribunal chileno.
Para que Chile pudiera plantear una demanda de jurisdicción, primero tendría que abrirse en ese país un proceso penal en el que se inculpara a Pinochet y se decretara su prisión provisional.
Slepoy comentó que esto parece "impensable a corto plazo, dadas las garantías que se aseguró Pinochet antes de dejar la Comandancia en Jefe del Ejército".
Los tribunales de Chile estudian 27 denuncias contra el ex dictador, pero en ninguna de ellas un juez ha pedido su detención, ni Pinochet ha sido privado de sus fueros parlamentarios para que pueda ser juzgado. Lo que significa que no ha comenzado ningún proceso penal en su contra.
Si Gran Bretaña recibiera un pedido de Chile, debería tener en cuenta la prioridad de la demanda española. Y aun si finalmente se resolviera en Londres denegar el pedido de extradición español, el Convenio contra la Tortura establece que Gran Bretaña debería juzgar a Pinochet en su territorio, añadió Slepoy. (FIN/IPS/td/mp/ip/99)
