El gobierno de Canadá se niega a pagar 3.000 millones de dólares de compensación a mujeres víctimas de discriminación salarial, pese a varias decisiones judiciales que ratificaron el concepto de igual remuneración para ambos géneros.
Tanto las autoridades federales como la mayoría de las 13 provincias y territorios del país admitieron que hubo una sistemática discriminación salarial contra las mujeres en Canadá, pero el gobierno, que es el mayor empleador del país, ofreció una compensación mucho menor a la exigida por los sindicatos.
Más de 200.000 actuales y antiguas funcionarias públicas están afectadas por la disputa. Según las propias leyes oficiales, la mayoría debe cobrar salarios retroactivos más aumentos en sus pensiones, pero el monto todavía sigue en discusión.
La oferta oficial más alta hecha por el gobierno fue de 800 millones de dólares. Las autoridades siguen peleando la demanda en los tribunales a pesar de los numerosos dictámenes en su contra.
Hace un año, empleadas del gobierno celebraron la decisión del Tribunal Canadiense de Derechos Humanos, que falló en favor del mayor sindicato nacional del sector público.
En julio, la Corte Suprema de Canadá respaldó los argumentos del sindicato y negó la apelación de un dictamen casi idéntico contra Bell Canada, la mayor empresa telefónica del país, regulada federalmente.
También en julio, el gobierno apeló a la Corte Federal para tratar de obligar al Tribunal de Derechos Humanos a usar un método diferente de cálculo de la brecha salarial de las mujeres. El ejecutivo adujo que el tribunal fue demasiado generoso con las empleadas.
Andrew Raven, abogado de la Alianza del Servicio Público de Canadá, el sindicato que representa a la mayoría de las empleadas involucradas en el litigio, apuntó que la decisión de la Corte Suprema en el caso de la compañía telefónica "disipó la nube de incertidumbre que pendía sobre la demanda judicial de las agentes públicas".
"Nuestro más alto tribunal ha dicho 'no' a Bell Canadá", declaró Raven. "Ya no hay más incertidumbre o ambigüedad respecto al caso. Todo ha terminado".
Raven expresó que el gobierno introdujo la ley sobre equiparación de sueldos en los años 80 como una forma de ganar votos, sin comprender la profunda discriminación salarial existente en su propio servicio público.
"No quieren creer que costará miles de millones poner las cosas en orden. Ahora que se han dado cuenta de que no tienen argumentos legales, y su estrategia es demorar", apuntó Raven.
Sin embargo, Robert Bousquet, vocero del departamento que fija los salarios del servicio público, sostiene que la decisión de la Corte Suprema no afecta el caso de los pagos compensatorios.
Agregó que la apelación del gobierno pretende poner fin a la confusión sobre la mejor manera de cubrir la brecha salarial entre ambos géneros.
El gobierno simplemente pide que la Corte Suprema instruya al Tribunal de Derechos Humanos sobre cómo debe interpretar la legislación canadiense sobre equiparación de pagos.
"Esa decisión no cambia nada en nuestro caso. Creemos que el tribunal sobrestimó lo que puede hacer legalmente y fue demasiado lejos", dijo Bousquet.
"El debate acerca de la equiparación en los pagos gira sobre la manera en que debe calcularse la diferencia de sueldos entre mujeres y hombres, que son mayoría en los puestos de trabajo, o de qué manera revertir el principio de "igual pago por tareas iguales" a trabajadores mal pagados.
Daryl Bean, titular de la Alianza del Servicio Público de Canadá, dijo que el gobierno "se está poniendo rígido".
En su opinión, el ejecutivo podría ser obligado a pagar intereses por 120.000 dólares semanales si no obedece el dictamen del Tribunal de Derechos Humanos. "Como yo lo veo, es un desperdicio total del dinero de los contribuyentes", declaró.
La cuestión se ha venido arrastrando por 14 años, desde que el gobierno aprobó una ley que exige igual paga por igual tarea para los empleados públicos y gente que trabaja en industrias reguladas como transportes, bancos y telecomunicaciones.
En la época que se aprobó la ley, las funcionarias de "cuello blanco" que desempeñaban trabajos de responsabilidad obtuvieron aumentos, pero eso no zanjó la sistemática brecha salarial entre hombres y mujeres.
Los empleados públicos han realizado numerosas demostraciones ante el Parlamento el año pasado llevando carteles que decían "No demoren, ¡paguen!".
Las oficinistas, bibliotecarias y secretarias cubiertas por las normas de pagos equitativos tenían la esperanza de cobrar el dinero el año pasado, pero el gobierno no quiso hacer un arreglo parcial.
En 1997, hizo una oferta de "tomar o dejar" por única vez de 550 millones de dólares. Después, justo antes de las elecciones a fines de ese año, elevó su propuesta a 800 millones. En ambas ocasiones, los sindicatos rechazaron la oferta y siguieron con sus acciones legales.
Parte de la falta de voluntad oficial para llegar a un arreglo en los pagos se debe a su orgullo por haber equilibrado su presupuesto, por primera vez en 24 años, en 1997.
Este año, el gobierno afronta pagos inesperados a miles de agricultores que perdieron sus cosechas por las inundaciones, y también debe amortizar su cuota de los gastos incurridos por la OTAN en sus ataques aéreos contra Serbia. (FIN/IPS/tra-en/mb/mk/ego-mlm/hd/99
