Los camiones se convirtieron en símbolo de protesta en Brasil. A la huelga de camioneros del 26 al 29 de julio sigue una marcha de agricultores en 2.000 de esos vehículos pesados, que convergerán en Brasilia el martes próximo.
Para el día 26 se anunció otra manifestación de 100.000 personas en la capital brasileña, convocada por la oposición, que utilizará 2.000 autobuses para transportar a sus militantes, sindicalistas y campesinos sin tierra desde variadas ciudades.
La recesión económica hace cada día más impopular al gobierno y estimula una escalada de reclamos y protestas de variados sectores, que concentrarán multitudes descontentas en Brasilia en las próximas semanas y meses.
Los camioneros, que en cuatro días de paralización estuvieron a punto de provocar el colapso del abastecimiento de alimentos y combustibles en el país, amenazan con repetir la medida por 15 días a partir del 1 de septiembre.
El dirigente del sindicato nacional del sector, José Natan Emidio Neto, rechaza el acuerdo firmado por el Movimiento Unión Brasil Camionero, que encabezó la huelga de julio.
También existe descontento entre los camioneros independientes, ante los reclamos no atendidos, como reducción de los peajes y del precio del combustible.
Para el 7 de octubre está prevista otra manifestación masiva del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, que concluirá en la capital una marcha a pie de 1.500 kilómetros que partió de Río de Janeiro hace tres semanas en reclamo de reforma agraria.
La Confederación Nacional de Agricultura (CNA) espera reunir el martes próximo a al menos 10.000 agricultores, en el acto por una renegociación de la deuda de 14.000 millones de dólares, acumulada por el sector principalmente con el estatal Banco de Brasil.
Caravanas de camiones, autobuses y automóviles partieron de varias ciudades en los últimos días, especialmente del sur. Realizan actos en los principales centros agrícolas en su camino hacia Brasilia y reciben nuevas adhesiones.
El objetivo es presionar a los responsables del área económica del gobierno y al Congreso Nacional, donde se tramita un proyecto que reduce en 40 por ciento la deuda de los agricultores y lleva a 20 años el plazo para su pago, con intereses de tres por ciento al año, porcentaje insignificante ante las altas tasas vigentes.
La propuesta, que ya fue aprobada en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, está pendiente de aprobación en la plenaria de la Cámara y en el Senado.
"No habrá condonación de las deudas", pero sí una extensión del plazo, sentenció el ministro de Agricultura, Marcus Pratini de Moraes.
El gobierno, empeñado en un gran esfuerzo por obtener un superávit fiscal primario en este y los próximos años, para frenar un peligroso aumento de la deuda pública, no puede soportar ahora un subsidio estimado en cerca de 5.000 millones de dólares, advierten las autoridades financieras.
La propuesta en estudio reduce a cerca de un décimo de esa suma el descuento que se concedería a los agricultores endeudados.
Los agricultores no quieren la condonación, sino un tratamiento justo para una deuda indebidamente aumentada, según Francisco Galli, líder rural de Paraná, un importante estado agrícola del sur de Brasil.
El Plan Real de 1994 derrotó la elevada inflación brasileña, congelando los precios agrícolas y elevando fuertemente las tasas de interés, lo que provocó un aumento de 65 por ciento en las deudas de la agricultura, argumentó.
El gobierno busca contener el movimiento por medio de negociaciones con los dirigentes del sector agrícola. Una decisión parlamentaria en este sentido sería muy perjudicial para las finanzas públicas.
El Frente Parlamentario de la Agricultura, que reúne diputados y senadores de casi todos los partidos y ya demostró su fuerza en muchas votaciones anteriores, cuenta con 195 diputados afiliados, en un total de 513.
"Tenemos votos suficientes para aprobar el proyecto de la Comisión de Agricultura y para rechazar un posible veto presidencial", aseguró el diputado Augusto Nardes, presidente del Frente.
La oposición de izquierda intenta aprovechar esta coyuntura de un gobierno debilitado por la impopularidad, el desempleo y presiones de distintos sectores, además de divergencias en la coalición oficial, para ampliar sus bases.
Algunos partidos plantean la renuncia o la inhabilitación del presidente Fernando Henrique Cardoso, cuya gestión es condenada por 66 por ciento de la población, según la última encuesta promovida por la Confederación Nacional de la Industria. (FIN/IPS/mo/ag/ip/99
