Una alianza improbable, la que une al gobierno de Brasil y con los "sin tierra", lucha contra la impunidad de los policías militares responsables de la masacre en 1996 de 19 campesinos en Eldorado de Carajás, en el norte de este país.
En cuestión está el juicio a los 150 policías acusados de participar en la represión a tiros contra cerca de 1.500 sin tierra que marchaban en una carretera, en una manifestación por una reforma agraria más rápida y amplia, el 17 de abril de 1996.
Dividido en 27 sesiones, programadas para concluir en diciembre, el juicio empezó el 16 de agosto, con los tres comandantes de la operación sentados en el banquillo de los acusados.
Esta primera sesión duró 64 horas y terminó con la absolución de los tres oficiales, provocando protestas del Movimiento de los Sin Tierra (MST), de instituciones que defenden los derechos humanos y de la opinión pública internacional preocupada por la impunidad de esos crímenes en Brasil.
Considerado el mayor de la historia de este país, este juicio penal puede convertirse en prolongada batalla judicial y política, ante la exigencia de nuevo juicio para los comandantes de la acción policial.
El reclamo une al MST al secretario nacional de Derechos Humanos, José Gregori, que representa los intereses del gobierno en este caso, además del Colegio de Abogados de Brasil (OAB) y otras organizaciones sociales.
Los siete jurados de la primera sesión absolvieron al coronel Mario Pantoja por cuatro votos contra tres y a sus auxiliares inmediatos por cinco a dos, por insuficiencia de pruebas.
Los dirigentes del MST calificaron de "farsa" el juicio y convocaron manifestaciones por su anulación en las capitales estaduales del país, en una "guerra" contra la justicia acusada de reiterados fallos que dejan impunes los responsables de asesinatos de campesinos, sindicalistas y sus abogados.
El presidente Fernando Henrique Cardoso también lamentó la absolución, diciendo, "como ciudadano" que "la impunidad impide la consolidación de la democracia" en el país.
Juristas como Reginaldo de Castro, presidente de la OAB, opinaron que el juicio puede ser anulado por irregularidades.
Uno de los jurados, enemigo declarado de los campesinos sin tierra, reclamó una nueva exhibición del vídeo con escenas de la masacre, filmadas por una periodista, y aprovechó para destacar que los manifestantes dispararon antes de ser ametrallados por la policía.
Sin embargo, ese vídeo deja claro que solo había un campesino armado de pistola y que los policías dispararon primero por lo menos dos tiros. Además, los agentes portaban metralletas.
El argumento de que los campesinos tiraron primero fue decisivo para la absolución y por eso se debe reexaminar la cuestión, señaló Gregori.
Hubo también contradicciones entre dos respuestas de los jurados a las preguntas hechas por el juez, según Castro, quien declaró que la OAB luchará por la realización de otro juicio ante la aparente parcialidad de la decisión.
El primer paso para la anulación de la primera sesión fue adoptado por el fiscal Marco Aurelio Nascimento, que la requirió ante el Tribunal de Justicia, la instancia superior.
Además, abandonó el tribunal el viernes, cuando estaba previsto el comienzo del juicio a otros cuatro oficiales de la Policía Militar, con lo que forzó la postergación de la segunda sesión para después de un fallo del Tribunal de Justicia sobre el pedido de anulación de la primera.
Con la absolución de los tres jefes de la acción, sería casi imposible evitar una decisión idéntica para los 147 otros acusados, argumentó el fiscal.
El aplazamiento por tiempo indeterminado, que puede alcanzar seis meses, según abogados, estimulará manifestaciones, en especial del MST, por la condena de los policías militares, y empeorará la mala imagen internacional de Brasil como país de masacres que quedan impunes. (FIN/IPS/mo/mj/ip hd/99
