El movimiento por la prohibición del comercio de armas ganó fuerza en Brasil con la designación de José Carlos Dias como ministro de Justicia, pero enfrenta dificultades en el parlamento.
Dias, un militante de los derechos humanos, eligió para la Secretaría de Justicia a Elizabeth Sussekind, una abogada que coordinó hasta ahora el área de seguridad pública del Movimiento Viva Río, organización no gubernamental que encabeza una campaña por el desarme de la población.
Tanto el ministro, investido hace dos semanas en el cargo, como su nueva auxiliar ya se manifestaron en favor del combate al comercio y uso de armas por la población civil, como forma de reducir la violencia y los homicidios en el país.
El gobierno presentó hace dos meses al Congreso Nacional un proyecto de ley prohibiendo la venta de armas en el país y autorizando su posesión en formar exclusiva a militares, policías y agentes de empresas privadas de seguridad debidamente registradas.
La propuesta respondió a una conmoción provocada por varios asesinatos y muertes accidentales por armas de fuego de niños, niñas y adolescentes en escuelas y hogares este año en Brasil, además del impacto de las matanzas ocurridas en Estados Unidos.
El proyecto enfrenta, sin embargo, fuerte resistencia de amplios sectores de la población que lo consideran una intervención antidemocrática del gobierno, al pretender quitarle el derecho a la defensa.
El desarme se restringiría a ciudadanos honestos, no alcanzando a los criminales que se arman de manera ilegal, por lo cual en nada reduciría la violencia que tiene otras causas, arguyen los opositores,
El proyecto es "demagógico" y no contribuye a la lucha contra la criminalidad, dijo el diputado Alberto Fraga, relator del proyecto en la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara, para justificar su recomendación por el rechazo.
Otro argumento contrario es que la prohibición afectaría la industria nacional y provocaría desempleo, y no lograría la eficacia buscada porque el crimen organizado posee principalmente armas extranjeras, obtenidas de contrabando.
La realidad es distinta, según una investigación del no gubernamental Instituto de Estudios de Religión. De las armas ilegales requisadas por la policía en Río de Janeiro en los últimos cinco años, 83,12 por ciento son de fabricación brasileña.
El problema es que esas armas ligeras son exportadas en su mayoría a Paraguay y vuelven por contrabando a Brasil, explicó Rubem Cesar Fernandes, dirigente del Instituto, cuyo estudio apuntó también la creciente mortandad juvenil a causa de disparos de armas de fuego.
Del total de muertes de jóvenes entre 15 y 19 años en 1983 en Río de Janeiro 35 por ciento fue a causa de disparos de armas de fuego, mientras en 1998 creció a 53 por ciento.
Armarse para defenderse de ataques es una mala idea, comprueban datos presentados por el Movimiento Viva Río. De las personas que reaccionan a asaltantes armados, 60 por ciento fueron heridas, la mitad de las cuales murieron.
Mientras, entre los que no reaccionan menos de uno por ciento es asesinado, señala un estudio hecho en cerca de 4.000 asaltos ocurridos en marzo en Río de Janeiro.
Las investigaciones fueron presentadas el lunes en una reunión sobre control del comercio de armas ligeras, promovida por el Viva Río.
El tema ya tiene carácter internacional. Brasil busca hace tiempo contener la entrada de armas ilegales vía Paraguay y el ministro Dias anunció que intensificará los esfuerzos junto a los países socios del Mercado Común del Sur.
Además, la Organización de las Naciones Unidas prepara para el 2001 una nueva conferencia mundial, ahora para tratar el comercio internacional de armas, su reglamentación y control. (FIN/IPS/mo/dm/hd ip/99
