Bolivia recuerda en estos días, con sentimientos encontrados, el 14 aniversario del Decreto 21060, que mató de un zarpazo al Estado fuerte, empresario y empleador, gestado en la revolución de 1952, para dar paso al libre mercado.
Aún hay dos visiones encontradas sobre las consecuencias del proceso iniciado el 29 de agosto de 1985, durante el cuarto gobierno de Víctor Paz Estenssoro, quien había sido llevado al poder por primera vez por la insurreción de 1952.
Unos hablan del "milagro boliviano" y sostienen que desde entonces hay menos pobres, mientras otros afirman que la implantación del modelo neoliberal fue lo más nefasto que le pasó al país, porque agudizó las diferencias sociales y destruyó la producción nacional.
En octubre de 1982 había asumido la presidencia Hernán Siles Suazo, tras 18 años de dictadura militar. Siles Suazo anunció que no pagaría la deuda externa e inició un programa de reformas nacionalistas, dando participación a los sindicatos en la administración de diversas empresas.
Los bancos acreedores del país y los organismos financieros internacionales bloquearon los créditos a Bolivia, y se precipitó una crisis caracterizada por la hiperinflación y el agudo descenso del valor de los salarios.
Siles Suazo debió convocar a elecciones anticipadas en julio de 1985, y Paz Estenssoro fue elegido presidente por cuarta vez.
El programa de ajuste neoliberal aplicado por el nuevo mandatario suprimió subsidios, eliminó los controles de precios y de la cotización del dólar y privatizó diversas actividades que desempeñaba el Estado, con despidos masivos de trabajadores.
En el balance del proceso iniciado entonces resaltan como principales beneficios la estabilidad económica (la inflación era 8.700 por ciento en 1985 y se ha reducido a 4,39 por ciento) y una notable mejora de los indicadores macroeconómicos, que hacen confiable al país para los organismos financieros internacionales.
La aplicación del modelo recibió la aprobación y la cooperación del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros organismos financieros internacionales.
Pero también se señalan grandes deficiencias: aún está pendiente la deuda social con un país que soportó en forma disciplinada el ajuste, los trabajadores sienten que llevaron la peor parte porque creció el desempleo, y los sectores productivos dicen que quedaron indefensos ante la competencia extranjera.
"Es muy fácil decir que nada ha cambiado, que seguimos siendo pobres y que hay desempleo o subempleo. Pero hay que tener en cuenta que si no se hubiera dictado el Decreto 21060, el país estaría mucho peor, en cualquier proyección económica o social", dijo el ministro de Desarrollo Económico, José Luis Lupo.
Todos los sucesores de Paz Estenssoro dieron continuidad a las políticas de ajuste: así lo hicieron Jaime Paz Zamora (1989-1993), Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997) y ahora Hugo Banzer Suárez.
Varios partidos políticos se disputan la paternidad de la aplicación del modelo, pero el equipo técnico de bolivianos que trabajó en él reconoce que Paz Estenssoro fue el prinicpal responsable de su implementación.
Lupo aseguró que la instauración del modelo neoliberal respondió a la necesidad de revertir una situación adversa que tuvo sus orígenes a fines de los años 70, con la crisis de la deuda externa, y en los 80 con el agotamiento del modelo de sustitución de exportaciones.
Los críticos del neoliberalismo sólo reconocen que el Decreto 21060 tuvo el mérito de frenar la hiperinflación, y señalan que esa medida y las que la siguieron no fueron capaces de reactivar el aparato productivo, aumentar el crecimiento económico, disminuir la pobreza y crear empleos.
El economista independiente Pablo Ramos, ex rector de la Universidad estatal de La Paz, opinó que el modelo distorsionó la economía, desequilibró la distribución de los ingresos, concentró la riqueza en reducidos sectores sociales, y aumentó la pobreza y la marginación.
"El modelo está hoy al borde del colapso. La economía está en recesión. Y si no se hace un cambio, el modelo puede estallar", aseguró el economista.
El no gubernamental Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral (Cedla), que realizó una detallada evaluación de los efectos del modelo, afirmó que tras su aplicación la economía continúa siendo frágil, diminuta, poco diversificada y muy vulnerable.
Bolivia es cada vez menos productiva y su economía depende cada vez más de las actividades informales y el financiamiento internacional, sostuvo el Cedla.
"En los últimos 14 años, el ingreso promedio de los bolivianos apenas creció un ínfimo 0,4 por ciento, lo que demuestra que el neoliberalismo tiende a perpetuar la pobreza y miseria que agobian a 70 por ciento de los hogares", se señaló el estudio sobre el modelo.
Los profundos efectos del modelo en el mundo laboral incluyen inestabilidad del empleo, menores retribuciones, ampliación de la jornada de trabajo, crecimiento de la informalidad y extensión de nuevas formas de explotación como el trabajo en el hogar, la tarea a destajo y la subcontratación, añadió el Cedla.
Los trabajadores se quejan, a su vez, de que la aplicación de la libre contratación desde 1985 ha provocado el despido de varios miles de obreros de las empresas estatales, con la promesa nunca cumplida de que serían reabsorbidos por el sector privado.
Vitaliano Mamani, secretario de organización de la Central Obrera Boliviana, afirmó que el temor de muchos trabajadores a ser despedidos ha determinado que ya no participen en las medidas de protesta y movilizaciones a las que convocan los sindicatos.
Esto explica en parte la aguda crisis del sindicalismo boliviano, que antes de agosto de 1985 era capaz de hacer temblar a cualquier gobierno, pero ahora recibe escasa atención de las autoridades, los medios de comunicación y la sociedad civil. (FIN/IPS/ac/mp/if ip/99