/Boletín-Ambiente/ VENEZUELA: Ley sobre gas natural, una apuesta multimillonaria

El gobierno de Venezuela promulgó una ley sobre explotación de gas natural, con la cual espera estimular inversiones por 8.000 millones de dólares en 10 años sobre la base de sus cuantiosas reservas.

"El gas tiene una importancia creciente para el futuro energético del mundo, y también para el futuro de Venezuela", dijo el ministro de Energía y Minas, Alí Rodríguez, al dar a conocer el nuevo instrumento legal.

La ley orgánica de Hidrocarburos Gaseosos apunta principalmente hacia reservas probadas de 147 billones de pies cúbicos de gas natural, las séptimas del mundo.

Rodríguez destacó que la nueva ley establece "reglas claras" para inversionistas nacionales e internacionales, y permite conjurar la "dispersión legal" que afectaba el desarrollo del sector gasífero.

De acuerdo con la legislación, los privados podrán participar en proyectos relacionados con yacimientos de gas libre, que representan 10 por ciento de las reservas. El otro 90 por ciento está asociado al petróleo.

Pero el ministro Rodríguez consideró posible que estos recursos asociados también puedan utilizarse en el marco de una nueva ley de hidrocarburos cuya aprobación es inminente.

La ley también establece un aumento de 16 a 20 por ciento inapelable en las regalías o remuneración patrimonial reservada al Estado, con el objetivo de acabar con "experiencias negativas para los intereses de la República".

Rodríguez dijo que este pago sería compensado por una importante disminución en el impuesto sobre la renta de 67,7 por ciento que afecta a las empresas estatales de hidrocarburos. Esa reducción está contemplada en la reforma a la ley que rige esos tributos.

El ministro agregó que el gobierno venezolano prefirió disponer que los ingresos del Estado correspondientes a la explotación de gas natural fueran por concepto de regalías y no de impuestos, para simplificar el sistema "en un país con poca tradición tributaria".

"Nos estamos adelantando a los acontecimientos", aseguró al destacar que, según estudios internacionales, dentro de algunas décadas el consumo mundial de gas superará al del petróleo.

Rodríguez destacó que en un mercado internacional caracterizado por un fuerte incremento de la demanda de gas también es factible una mejoría en los precios y el consiguiente aumento del interés entre los inversionistas.

En principio, la producción de gas venezolano tiene asegurado una intensa demanda interna. La petroquímica, ávida consumidora de esa materia prima, prevé un crecimiento en su producción de siete millones a 23 millones de toneladas el 2009.

El Ministerio de Energía también prevé demanda de gas por parte de las centrales termoeléctricas que deberán estar en funcionamiento en el 2003 para atender una creciente demanda de electricidad.

Y por último, será necesario cubrir un déficit en el absatecimiento de gas para hogares e industrias. La producción, en este momento, "no satisface la demanda", afirmó Rodríguez.

La posibilidad de exportar existe, pero será necesario que aumenten los precios, pues el sistema previsto para el gas venezolano, de licuarlo (convertirlo en líquido) y exportarlo por barco, aún no es rentable.

Esa falta de rentabilidad fue el argumento principal entregado por un consorcio de empresas internacionales que renunció al megaproyecto Cristóbal Colón para explotar gas en el mar, en el este de Venezuela, con el fin de exportarlo.

Según Rodríguez, ya se han recibido "muchas visitas de inversionistas interesados" en las cuantiosas reservas gasíferas de Venezuela, "algunas de ellas con proyectos concretos" que serían factibles con la nueva normativa.

Si la ley resulta eficaz, podría cambiar el patrón de uso del gas vigente en la actualidad. Sesenta por ciento se utiliza para reinyectarlo en los pozos de petróleo, con la finalidad de apoyar la extracción de crudos.

Esta legislación fue aprobada por el presidente Hugo Chávez sin pasar por el parlamento, para lo cual está habilitado debido a que una ley aprobada por el legislativo el 26 de abril lo autoriza a dictar medidas económicas y financieras contra la crisis. (FIN/IPS/lc/mj/if en/99

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