Indígenas del estado de Sarawak, en el oeste de Malasia, preparan una dura batalla contra el gobierno y las compañías forestales que pretenden quitarles sus tierras para dar lugar a nuevas plantaciones de palmeras aceiteras.
La industria del aceite de palma, que salvó a este país de la bancarrota en el peor momento de la crisis económica estallada hace dos años, se perfila ahora como protagonista del reflorecimiento económico nacional.
El hecho es una buena noticia para los industriales de Malasia, que ahora se recupera lentamente de la recesión, pero no para los pueblos indígenas de Sarawak, que temen ser despojados de sus tierras tradicionales.
"Ya se apropiaron de algunas tierras nativas aquí. Los indígenas siempre son explotados debido a su ignorancia. El gobierno y las compañías abusan de su ignorancia para quitarles las tierras", denunció Johnny Kieh, activista de la tribu iban y director de PUSAT, una organización no gubernamental.
PUSAT trabaja ahora con la comunidad iban en la región de Selangau para enseñarles a defender sus derechos, así como a instalar y dirigir sus propias plantaciones de palmeras en las tierras que les pertenecen por tradición.
De los 12 millones de hectáreas de tierras de Sarawak, 1,5 millones están clasificados como tierras nativas tradicionales. La mayor parte de la superficie resulta apropiada para la plantación de palmeras aceiteras, y el gobierno estatal de Sarawak ya aprobó la entrega de 350.000 hectáreas.
El aceite de palma se conoce como el "cultivo de oro" en Malasia, es un gran negocio en Sarawak y se convirtió en el principal producto agrícola del país. El año pasado, Sarawak exportó 311.566 toneladas de productos derivados del aceite de palma, por valor de 180 millones de dólares.
El Código de Tierras de Sarawak, de 1957, reconoce y protege los derechos de las comunidades indígenas a la propiedad de la tierra. Cerca de 65 por ciento de la población de dicho estado pertenece a la etnia dayak, entre ellos unos 550.000 ibanes, que representan 30 por ciento de la población de la región.
El código indica que las tierras colindantes con sus propiedades, definidas por límites naturales como ríos, corrientes de agua y montañas, pertenecen a la comunidad y no a un individuo.
Varias leyes aprobadas en los últimos años ignoran lo previsto por el Código de Tierras, y el gobierno estatal se niega ahora a reconocer que cualquier terreno que no esté cultivado por los dayaks es parte de las tierras nativas tradicionales.
El gobierno implementó también el programa de empresas de riesgo compartido, en el marco del cual una compañía privada avalada por el jefe de gobierno provincial usufructúa la tierra durante 60 años, por un valor acordado.
La división de los beneficios del emprendimiento conjunto es 60 por ciento para la firma privada, 30 por ciento para el propietario de la tierra y 10 por ciento para el gobierno.
"Lo que preocupa a los nativos es que ellos no reciben ningún beneficio. Las compañías obtienen provecho y los magnates también, pero los propietarios de las tierras no. Sólo se convierten en trabajadores mal retribuidos", declaró Kieh a IPS.
Un líder de la comunidad iban, Mungang Anak Gasing, consultó al PUSAT y decidió convertir la propiedad comunitaria en una pequeña plantación de palmeras aceiteras.
"Decidí hacer mi propia plantación porque estamos muy cerca del molino. Vi a no ibanes sacar provecho de nuestra tierra, así que quise cambiar la situación, hacer algo diferente", contó Mungang a IPS.
El gobierno subsidia a Mungang entregándole semillas, fertilizantes y pesticidas. El líder indígena también consiguió una donación excepcional de 800 ringgits (210 dólares) por hectárea para construir rutas y la infraestructura necesaria en su propiedad.
Mungang plantó palmeras en 41 hectáreas, cedió una hectárea a cada familia de la comunidad y se quedó con 12.
Al comienzo, muchos manifestaron dudas acerca del proyecto, pero ahora lo envidian, relató Mungang. "Ningún iban lo había hecho antes. Sólo las grandes compañías hicieron esto, así que nuestro pueblo no confiaba en el asunto", manifestó.
Mungang comentó que varias compañías le propusieron unirse en una empresa de riesgo compartido, pero él rechazó las propuestas. "Nadie nos ofrece dirigir la empresa. Nos ofrecen acciones, pero nunca el poder", señaló el jefe indígena.
Esas compañías abusaron de los ibanes hace un tiempo, cuando les ofrecían apenas 50 ringgits (13 dólares) por hectárea para formar una empresa de riesgo compartido, con el único fin de quitarles la tierra, explicó Kieh.
El gobierno ayudó a los grandes empresarios en varias ocasiones declarando que las tierras nativas tradicionales no estaban explotadas y quitándoselas a sus dueños para "desarrollarlas", es decir, entregárselas a compañías privadas para que planten palmeras aceiteras.
"Si nos quitan la tierra y la cultivan, después no se puede hacer nada durante 60 años. Sólo la compañía puede tomar decisiones en ese período", comentó el padre Ansor, un pastor iban de la Iglesia Metodista.
"Si desarrollamos la tierra, podemos hacer muchas cosas porque tenemos muchos recursos naturales. Podemos usar el bambú, la madera, y fabricar cosas con ella. También podemos plantar bananos y arroz. Pero en las empresas de riesgo compartido no se puede hacer nada de esto", agregó el padre Ansor.
"Nosotros no nos oponemos al desarrollo. Lo que queremos es un desarrollo inteligente con inversores. La gente debe participar de los programas de desarrollo", aclaró Kieh.
La mayor parte del trabajo de PUSAT es conseguir ayuda legal para los ibanes, en su lucha contra los abusos policiales y gubernamentales.
PUSAT tuvo un gran logro en mayo al ganar una batalla contra las influyentes compañías forestales y de plantación de palmeras aceiteras de Sarawak.
Tres ibanes arrestados en febrero por realizar un bloqueo contra la multinacional que operaba en el pueblo de Selangau, situado a unos 25 kilómetros de la propiedad de Mungang, fueron sobreseídos por un tribunal que dictaminó que las acusaciones contra los indígenas eran infundadas.
Johnny Kieh lucha ahora en otro tribunal contra la policía y la firma. "Las compañías no pueden decir que las empresas de riesgo compartido sean un trato justo. Así que cuando nos negamos (a entregar la tierra), llaman a la policía para amenazarnos", afirmó.
"Pero ahora saben que estamos dispuestos a recurrir a la justicia, y la policía empieza a preocuparse", agregó Kieh. (FIN/IPS/tra-en//ks/ral/ceb-mlm/dv-pr/99
